Cincuenta expertos en economía de la salud plantearon más de un centenar de propuestas para reformar el Sistema Nacional de Salud (SNS), la financiación sanitaria y el asunto del copago sanitario y farmacéutico.
El ex consejero de Sanidad del Gobierno Vasco, Rafael Bengoa, aseguró que el copago farmacéutico «no tendría impacto en los bolsillos de los pensionistas». El catedrático de Economía Guillem López Casasnovas, consideró «demasiado optimistas» los cálculos de ahorro que se preveían aplicando el copago sanitario. Javier Fernández-Lasquetty, ex Consejero de Sanidad de Madrid, opinaba que evolucionar hacia un sistema de pensiones públicas pagadas con impuestos significaría una transformación muy profunda de la sociedad española.
¿Debe la Sanidad ser gratuita y universal en España?, ¿»café para todos»?, ¿qué pretenden algunas CCAA?, ¿se debe prestar asistencia sanitaria a los británicos después del BREXIT?, ¿cómo se financia la Sanidad en España? Se lo preguntamos al experto Javier Carro:
La Constitución Española reconoce el derecho a la protección de la salud de todos los ciudadanos, a la vez que diseña una nueva organización territorial del Estado que posibilita la asunción por las Comunidades Autónomas de competencias en materia de sanidad, reservando para aquél la regulación de las bases y la coordinación general de la misma.
La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, dio respuesta a estas previsiones constitucionales, estableciendo los principios y criterios sustantivos que han permitido configurar el Sistema Nacional de Salud (SNS). Asimismo, dicha Ley creó el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud como órgano coordinador entre las Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado.
En este marco, el Sistema Nacional de Salud (SNS), aun siendo sus competencias descentralizadas, debería funcionar de una manera armónica y cohesionada, para garantizar que el acceso y las prestaciones sanitarias para todos los ciudadanos se realicen en condiciones de igualdad efectiva y que la política de salud esté orientada a la superación de desequilibrios territoriales o sociales, y la cohesión del Sistema, bajo los principios de consenso, cooperación y flexibilidad.
En los «Pactos de Toledo» se eliminó el vínculo financiero que existía entre la Seguridad Social y el sistema público de salud. Para la financiación sanitaria se propusieron las siguientes vías: a) Aportaciones anuales de los Presupuestos Generales del Estado mediante transferencias a las autonomías b) Financiación autonómica sanitaria mediante la aparición de nuevos impuestos indirectos, el impuesto sobre hidrocarburos y el impuesto de ventas de hidrocarburos minoristas. Con estas medidas pudieron sanearse las cuentas de la Seguridad Social al elevar de manera tácita las cuotas sociales y eliminar el gasto sanitario y por otra parte, articular un sistema recaudatorio racional basado en los ingresos y gastos presupuestarios, alterables mediante los sistemas impositivos.
La opinión de Carro es muy clara: el sistema sanitario español es insostenible si se continúa con las «rigideces» actuales, y se mantiene el déficit público, que a este ritmo acabará provocando una aportación adicional de cada ciudadano, o de las empresas vía impuestos (impuesto de sociedades) para poder sufragar el nivel exponencial de gasto de las CC.AA.
Las soluciones que plantea este experto economista son: pago por medicamentos (replantear el sistema), pacientes crónicos (un modelo propio de atención), impuestos finalistas (tabaco y alcohol), incentivos a los médicos (que incidan en la mejora de la calidad), nuevos fármacos (criterios de objetividad para su introducción), tecnología sanitaria (una evaluación exhaustiva), prestaciones públicas (búsqueda de la eficiencia), prevención de la salud (beneficios a largo plazo), centros de referencia (medicina de tercer nivel asistencial), seguridad del paciente (el coste del efecto adverso).
En conclusión, la solución a la financiación sanitaria según Javier Carro vendría por acuerdos políticos en asuntos básicos de Estado y que permitan que -en este contexto de crisis y déficit público- se apliquen nuevas reglas y prácticas que encaren los problemas del futuro del SNS, pasando necesariamente por conjugar la gestión eficaz y eficiente de los recursos.
Javier Carro, Doctor y Licenciado en Derecho, Economista, y Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, con Postgrados en LSE (London School of Economics), Universidad de Chicago, y en Wharton School (University of Pennsylvania). Posteriormente, se especializó y prosiguió sus estudios con un doble Doctorado -en español y portugués-. También, ha tenido presencia como experto en seminarios, y ejerciendo la docencia en distintas disciplinas relacionadas con el derecho, la economía, la gestión empresarial, la sanidad, y otras ciencias sociales.
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