El Juzgado de lo Social número 19 de Barcelona celebrará mañana la vista oral por la demanda presentada por el sindicato Sitcpla contra Vueling y la Mutua Asepeyo por denegar a una azafata el permiso por riesgo de lactancia, una negativa que podría afectar a las 600 mujeres tripulantes de cabina (TCP) que trabajan para la compañía.
El sindicato pide al juez que obligue a la aerolínea a cumplir con un derecho que poseen todas las azafatas de las compañías aéreas españolas y que recoge la Ley para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres de 22 de marzo de 2007.
La secretaria general del Sitcpla, Monique Duthiers, explicó a Europa Press que desde el sindicato «no se va a permitir que Vueling, en pleno siglo XXI, sea la única compañía aérea española que niegue el derecho al permiso de lactancia de sus TCP».
Duthiers señaló que «no se puede permitir que una compañía que lleva a gala haber triplicado los beneficios en 2009, mire para otro lado cuando el cumplimiento de la Ley no les supone coste alguno».
El Sitcpla advierte de que la situación creada por Vueling puede sentar un precedente que anime al resto de las aerolíneas a seguir el mismo camino y copien su comportamiento «antisocial» e intenten negar este derecho que hoy tienen las TCP.
Además, el sindicato señaló que ningún directivo de la aerolínea, incluido su presidente, Josep Piqué, contestaron a las reclamaciones enviadas tras el rechazo del permiso a la única TCP que se atrevió a solicitarlo y que, en caso de que la Justicia le dé la razón, ya no podrá disfrutar de su derecho.
Sitcpla también puso el hecho en conocimiento de la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, quien, a pesar de tener constancia de la situación que atraviesan las TCP de Vueling, sigue sin pronunciarse al respecto, explicó el sindicato.
En el caso de las azafatas, el permiso por riesgo a la lactancia se aplica dadas las condiciones especiales de su trabajo, dado que el lugar y el horario les impide cumplir con un permiso de lactancia normal.
Durante los nueve meses que dura el permiso, las empresas pueden suspender los contratos y se crea una prestación económica, que consiste en un subsidio que corre a cargo de la compañía aseguradora o la mutua.
