La ley actual fue aprobada sin consenso y con la opinión desfavorable de los órganos consultivos
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado este 25 de enero de 2012 una reforma de la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo para exigir el consentimiento paterno en los casos de las menores de edad que quieran abortar.
Así lo ha anunciado Ruiz- Gallardón en su primera comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, en la que ha recordado que la ley actual fue aprobada «sin consenso y con la opinión desfavorable de los órganos consultivos».
Ha señalado que la reforma se inspirará en la defensa del derecho a la vida según la doctrina ya definida por el Tribunal Constitucional.
La ley vigente desde julio de 2010 no exige el consentimiento paterno, pero sí que los progenitores sean informados de que sus hijas de entre 16 y 17 años van a interrumpir su embarazo, siempre que éstas no aleguen peligro de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o una situación de desarraigo o desamparo.
El titular ha dicho que se inspirará en la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el aborto. No obstante, ha argumentado que la reforma lesgislativa era una promesa electoral del PP, por lo que con esta modificación lo que harán es llevar a la práctica un compromiso adquirido ante los ciudadanos.
Los menores que delincan junto a adultos
El ministro de Justicia ha anticipado que su departamento impulsará una reforma de la Ley del Menor para que, en los casos de delito grave en los que haya implicados adultos y menores, todos sean investigados y enjuiciados conjuntamente, si bien a estos últimos se les seguirá aplicando la legislación prevista para ellos.
Gallardón a asegurado también que la reforma no supondrá «merma alguna» de los derechos del menor. La reforma afectaría a casos como el de Marta del Castillo, en el que el menor apodado «El Cuco» fue juzgado individualmente y condenado por encubrimiento, o los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, en los que había también un menor implicado, conocido como «El Gitanillo», condenado a 6 años de internamiento en régimen cerrado y 5 años más de libertad vigilada.
Posible prisión permanente revisable
En su comparecencia, Gallardón ha anunciado también que el Gobierno estudiará la posible instauración de la pena de prisión permanente revisable, en la línea de la que existe en otros países europeos, que sería una pena excepcional para supuestos muy restringidos y que hubieran causado una gran alarma social.
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