La justicia salvadoreña finalmente exoneró a Sonia Tábora, acusada de homicidio agravado por causa de un aborto practicado en 2005.
Tábora había sido condenada a 30 años de prisión y pasó más de siete años entre rejas. Ella siempre aseguró que fue un parto prematuro y sólo ahora le han dado definitivamente la razón.
Todo ocurrió en la noche del 19 de febrero de 2005 cuando Sonia, con apenas 20 años y embarazada de siete meses, sintió dolores abdominales. No aguantaba el dolor y se adentró en un cafetal cercano ya que pensaba que tenía que defecar y no había inodoros en su casa, situada en medio de una zona rural.
Poco después perdió el conocimiento y su hermana y su padre la descubrieron sangrando, en estado de shock y sin habla.
La llevaron a un centro de salud cercano temiendo por su vida, pero allá el médico la acusó de tener un aborto
provocado (no había contado a nadie que estaba embarazada) y llamó a la policía ya que El Salvador es uno de los pocos lugares que prohíben todos los abortos.
Depresión
Poco después Sonia era condenada en un juicio donde no se presentaron pruebas científicas que demostraran que fue un aborto voluntario y tampoco se respetó la presunción de inocencia, tal como la justicia finalmente ha dictaminado.
En prisión sufrió depresión y casi no tuvo contacto con sus familiares ya que no podían permitirse ir a visitarla.
En agosto de 2012, un tribunal anuló la sentencia anterior y fue puesta en libertad, pero su caso se reabrió dos años después para determinar si debía volver a prisión.
El caso ahora está cerrado y el tribunal dictaminó que el gobierno deberá de indemnizarla por los daños causados.
Más casos
Agrupaciones de derechos humanos dicen que su caso no es único. Aseguran hay varias mujeres en prisiones salvadoreñas acusadas de lo mismo, y que en realidad podrían haber tenido embarazos precipitados, emergencias obstétricas o abortos espontáneos.
Denuncian además un clima de miedo extendido entre médicos y personal sanitario que tienen que tratar a mujeres que por alguna razón deben de abortar por temor a ser acusados de complicidad y perder su trabajo.
La legislación anti-aborto salvadoreña saltó a los titulares en 2013 cuando la Corte Suprema de Justicia rechazó interrumpir el embarazo de Beatriz, una mujer salvadoreña.
Tomó esta decisión a pesar de que ésta padecía lupus y una enfermedad renal que hacía peligrar su vida. Finalmente el bebé nació prematuramente y murió a las pocas horas.
También el año pasado la justicia salvadoreña puso en libertad a María Teresa Rivera, acusada de «homicidio agravado» tras sufrir un aborto y condenada a 40 años de cárcel.
En 2011, Rivera sufrió un «problema obstétrico» que la llevó a tener un aborto en su casa, en el que murió el feto de menos de 21 semanas, y la defensa siempre argumentó que no habían pruebas que demostraran que Rivera hubiera provocado que el bebé muriera.
Hasta 1998 El Salvador permitía los abortos en casos de violación, incesto y si la salud de la madre estaba en peligro. Pero la legislación fue modificada bajo presión de sectores conservadores del gobierno, apoyados por la Iglesia Católica.
