Las mujeres que se someten a la interrupción voluntaria del embarazo en la comunidad autónoma de Murcia, deben pagar por la anestesia de la intervención, según ha denunciado la Asociación de Usuarios de la Sanidad Pública en la Región de Murcia.
Según ha informado este viernes la Cadena Ser, la presidenta de esta asociación ha remitido un escrito al consejero de Salud, Manuel Villegas, en el que pregunta cuáles son los motivos clínicos establecidos por el SMS (Servicio Murciano de Salud) para no asumir ese gasto «entendiendo que la sedación y/o anestesia es inherente y necesaria en este tipo de intervenciones ya que no es concebible un acto quirúrgico sin ellas».
El documento asegura que son las mujeres las que tienen que pagar la sedación, que está en torno a los 90 o 100 euros, y que muchas de ellas no pueden pagarlos por carecer de recursos económicos.
La diputada regional socialista, Consuelo Cano, aseguró al conocer esta denuncia que «el hecho de no contemplar la sedación en un acto quirúrgico, como es una interrupción voluntaria del embarazo, es un disparate que no se puede consentir», por lo que ha exigido conocer cuál es el criterio clínico y quién lo recomienda.
«Los embarazos no deseados y las interrupciones voluntarias del embarazo pueden ser un problema para las mujeres murcianas. Por ello y porque es una cuestión de vital importancia, tienen que encontrar apoyo y ayuda en la Administración sanitaria regional, ya que es una cuestión de salud», ha señalado.
En este sentido, el Grupo Parlamentario Socialista y el PSRM-PSOE han reclamado a la Consejería de Salud conocer cuáles son los motivos y el criterio clínico que sustenta la actuación, las decisiones y protocolos que la Consejería tiene establecidos para atender a las mujeres murcianas.
«En la Región de Murcia tenemos hospitales públicos y equipos de ginecología que podrían mejorar esta atención y así lo reclamamos, tal y como aconseja la normativa existente», ha señalado Cano.
Así, anuncia que trasladará a la Asamblea Regional el debate y la petición de explicaciones al consejero de Salud para que «aclare a las mujeres murcianas qué está sucediendo en la Región con las interrupciones voluntarias del embarazo, e impulsaremos y apoyaremos las medidas que remedien esta desprotección y tanto dolor».
Por su parte, el secretario de Sanidad, Dependencia y Discapacidad del PSRM-PSOE, José Antonio Peñalver, ha mostrado su total apoyo a la Asociación de Usuarios de la Sanidad de la Región de Murcia en su denuncia al Servicio Murciano de Salud (SMS) «por negar este la financiación de la anestesia a las mujeres que se someten al procedimiento de un legrado por aspiración».
Peñalver ha explicado que este procedimiento, que se utiliza entre las semanas siete y doce para interrumpir el embarazo, «está avalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Internacional de Obstetricia y Ginecología, e incluye la anestesia local, ya que se utilizan cánulas de más de seis milímetros de grosor para dilatar el útero y realizar la aspiración».
«Nos preguntamos si se trata de un ahorro o de un castigo ideológico. Si se quieren prevenir los embarazos no deseados, hay que actuar de otra manera, pero no castigar a las mujeres obligándolas a pagar la anestesia, como si esta fuera un capricho», ha apostillado.
La diputada regional de Podemos, María Ángeles García Navarro, también solicitará información al consejero de Salud, Manuel Villegas, en su comparecencia en la Asamblea Regional y ha calificado las prácticas adoptadas por el SMS en relación a la interrupción voluntaria del embarazo de «muy graves e intolerables».
La diputada de Podemos ha hecho énfasis en que además, cuando una mujer decide abortar antes de la semana 12 de gestación, el SMS «no cubre los gastos de sedación y tienen que ser sufragados por las pacientes».
«Estamos ante una intervención quirúrgica cuya parte tienen que pagar una mujer, en una clínica concertada, cuya cuantía ronda los 100 euros que acaban en manos privadas, dado que este tipo de intervenciones están derivadas y pertenecen a clínicas privadas», indica.
Por ello, exigirá al consejero de Salud que «explique por qué en el caso de las interrupciones indicadas bajo criterio medico, tampoco se realizan en los Hospitales Regionales Públicos, sino que son derivados a clínicas privadas, algunas de ellas fuera de la Región de Murcia».
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