La Fundación Instituto Edad y Vida, la gran plataforma de empresas del sector de la dependencia, afirmó hoy que la Ley de la Dependencia, tres años después de su puesta en marcha, «no ha cumplido con sus expectativas», ya que «se han desvirtuado muchos de sus principios rectores, de manera que se ha convertido a una ley prestadora de servicios en una ley de subsidios».
Según indicó el director general de la Fundación, Albert Vergés, en una entrevista con Europa Press, frente al espíritu con el que nación la ley, de prestación de servicios a través de un catálogo de atención a la dependencia en todas sus variables: teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y residencias, lo que hoy en día abundan en el conjunto de toda España son las ayudas económicas para familiares, contemplada como «excepción» en la ley, pero convertida «en la norma».
«Hemos convertido una ley de servicios en una ley de subsidios, lo que, unido a un marco que no define claramente la planificación ni unas reglas de juego claras tanto en acreditación como en copago, genera una gran incertidumbre en la iniciativa privada y su inversión», señaló. Así, apuntó que, la norma preveía una media de copago –participación del usuario– del 33 por ciento, pero «en ni una sola CCAA se supera el 8 por ciento».
De hecho, señaló que las previsiones de creación de empleo a través del desarrollo de la Ley de la Dependencia eran de 300.000 puestos de trabajo y, en cambio, apenas se han alcanzado los 100.000, el 90 por ciento de ellos, cuidadores familiares.
Vergés dijo que el «excesivo» protagonismo de la prestación económica para el cuidado del dependiente por parte de familiares está creando una «bolsa de empleo sumergido que no tiene ningún tipo de retorno a la sociedad». De hecho, apuntó que, por cada euro invertido en servicios profesionales la Administración recupera un 0,6 por ciento, mientras que con el cuidador que no se da de alta en la Seguridad Social, la recuperación es «nula».
Además, apuntó que en el actual contexto de crisis económica, esta práctica se ha favorecido aún más, porque esta ayuda «se destina a otras muchas cosas que no son el cuidado del dependiente», lo que ha contribuido a que no se genere la confianza suficiente para alcanzar uno de los principios básicos de la ley: la creación de una red de atención pública con la colaboración de la iniciativa privada, una importante fuente de creación de empleo.
Frente a ello, consideró necesario que, por un lado, se defina «claramente» el concepto de excepcionalidad, es decir, cuáles son los elementos básicos que debe reunir una persona cuidadora para atender adecuadamente cada grado y nivel de dependencia y que, por otro, se tenga en cuenta su edad, ya que «no puede ser que un dependiente de 80 años sea atendido por una persona de la misma edad o más».
Insistió en que el «mejor apoyo a las familias y al propio dependiente» es la prestación de servicios de carácter profesional y llamó la atención sobre el hecho de que hay un importante porcentaje de plazas vacías en las residencias que no se ocupan, tanto por esta razón como porque, con la crisis, las familias «retrasan este paso y el nivel de concertación de plazas con la administración pública ha caído por el ahogo del déficit público».
En este sentido, precisó que las tarifas de concertación con la administración publica «no son las adecuadas», ya que hoy por hoy se encuentran por debajo en un 10 o 15 por ciento del coste real de los servicios.
EL CASO DE ANDALUCIA
Respecto al desarrollo de la Ley de la Dependencia en Andalucía, Vergés afirmó que se ha dado cierta «laxitud y permisividad» en la valoración de los grados y niveles que ha provocado que se haya «exagerado» el número grandes dependientes.
Así, dijo que, el Libro Blanco de la Dependencia, estimaba una población en de grandes dependientes en Andalucía de 34.019 personas, mientras que actualmente hay dictaminados 116.251, una diferencia del «más del 250%».
Además, señaló, que a pesar de haber realizado un «gran esfuerzo» en la creación de servicios, un 49 por ciento de las prestaciones concedidas son de ayuda económicas a familiares, algo que «pesa como una losa» en el sistema. «La paguita de la dependencia, como se dice en Andalucía, no es el objetivo de la ley y constituye un error político de primera magnitud», insistió.
Por otro lado, apostó por crear un sistema de acreditación que marque las directrices de funcionamiento del sector y marque los criterios de calidad «común y homogéneo» para todas las CCAA, para lo cual sugirió la mediación de organismos certificadores que puedan dar confianza al sector y transparencia.
Esta acreditación, señaló, tiene que ser acorde con cada grado y nivel de dependencia porque «tienen cargas de trabajo diferentes y requieren perfiles profesionales y costes diferentes. Además, abogó porque incluya fórmula que estimulen la iniciativa privada a la hora de crear modelos de excelencia.
«NO SE DEBE FRENAR LA LEY»
Por otro lado, el director general de la fundación se mostró contrario a frenar o ralentizar el desarrollo de la ley tal y como han propuesto algunas comunidades, ya que los niveles de dependencia que quedan por atender a partir de 2011 «son leves y precisan de recursos más elementales y menos inversión».
En este sentido, dijo que el Gobierno debe de ser «más valiente y no tener tanto miedo a la respuesta política o electoral de los ciudadanos» respecto a la realidad de una normativa «que se ha vendido muy mal, porque se garantizo que se cubrirían todas las necesidades y eso no es posible».
«Hay que decir la verdad, el ciudadano es muy inteligente y sabe que si el sistema no da para más, tendrá que buscar fórmulas diferentes para cubrir sus necesidades», enfatizó. Así, apeló también a la responsabilidad individual de cada ciudadano, que debe de entender que el Estado del Bienestar «no es infinito».
