Dependencia. El Senado aprueba el IVA superreducido para las prestaciones vinculadas al servicio

Los beneficiarios de la ley de dependencia están más cerca de conseguir el IVA superreducido, del 4%, para los servicios que contraten con dinero concedido por el Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD), ya que el pleno del Senado aprobó este miércoles una enmienda encaminada a este fin.

Actualmente, lo aprobado es que el IVA del 4% se aplique sólo a los servicios de dependencia prestados «mediante plazas concertadas o mediante precios derivados de concursos administrativos», pero no a los que el usuario contrate con dinero concedido por el SAAD, que se gravan con el IVA reducido, ya del 8% y que son las llamadas prestaciones vinculadas al servicio.

El SAAD otorga estas prestaciones económicas a los usuarios para que «compren» los servicios que les recomienda el sistema de dependencia y que, por las razones que sea, no les puede prestar la red pública.

Puesto que algunos sectores sociales consideraban injusto que a un mismo servicio, una plaza residencial, por ejemplo, se le aplique un IVA del 4% o del 8%, en función de si la contrata la administración o lo hace el propio usuario, aunque sea con dinero público, PSOE y CIU acordaron modificar esta situación.

Y lo hicieron introduciendo una enmienda en el Proyecto de Ley por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, que se aprobó este miércoles en el Pleno de la Cámara Alta.

La enmienda, presentada originariamente por CiU, se modificó después y contó con el apoyo de todos los grupos del Senado, excepto el del PP.

En concreto, el texto aprobado por el Senado, que deberá ratificar el Pleno del Congreso, habla de aplicar el IVA del 4% a los servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y de noche y atención residencial contemplados en la ley de dependencia.

Eso sí, se les aplicará el IVA superreducido «siempre que se presten en plazas concertadas en centros o residencias o mediante precios derivados de un concurso administrativo adjudicado a las empresas prestadoras, o como consecuencia de una prestación económica vinculada a tales servicios, que cubra más del 75% de su precio».

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