El presidente de la Asociación de víctimas de la talidomida en España (Avite), José Riquelme, ha aplaudido la decisión del Gobierno de aprobar un real decreto para la concesión de ayudas a estos afectados, aunque lamenta que «se han quedado cortos» ya que los requisitos fijados sólo permitirán recibir esta compensación económica a 24 personas.
Según ha explicado Riquelme, en declaraciones a Europa Press, en España se estima que hubo unas 3.000 personas afectadas por este fármaco, que en la década de los 60 fue utilizado para tratar las náuseas de las mujeres embarazadas y que provocó numerosas discapacidades en los recién nacidos.
De estos todavía quedan vivos entre 500 y 1.000 afectados aunque, entre los requisitos para recibir las ayudas del Gobierno (que oscilan entre los 30.000 y 100.000 euros) se exige que presenten el ‘certificado de talidomídico’ del Centro de Investigación de Anomalías Congénitas (CIAC), organismo del Instituto de Salud Carlos III que en 2006 desarrolló un protocolo clínico para determinar qué personas se habían visto realmente afectadas por el uso que sus madres hicieron de este fármaco.
En dicho estudio, que «ya está cerrado», sólo se consideraron afectados 24 personas, que son las que recibirán estas ayudas, de ahí que Avite pida «reabrir» este protocolo de certificación «para que pueda haber más personas reconocidas y recompensadas».
Para ello, como ha anunciado Riquelme, en los próximos meses se reunirán con la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, para exigir ésta y otras reivindicaciones, como la creación de una unidad médica de referencia especializada en deformaciones por talidomida, donde estos afectados puedan pasar sus revisiones periódicas.
En cualquier caso, agradecen al Gobierno el «perdón público» que han recibido con la aprobación de estas ayudas ya que, como ha reconocido Riquelme, «desde que murió Franco nadie se había atrevido a coger el toro por los cuernos y ayudarles».
