La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (Acai) considera que la libertad que dejan a las autonomías los decretos que desarrollan la ley del aborto ha provocado que en la práctica se estén aplicando 17 normas diferentes, por lo que pide al Gobierno central que tome las medidas oportunas para unificar criterios y acabar con esta situación de desigualdad.
Según informó en rueda de prensa Santiago Barambio, presidente de Acai, los pilares de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva no se sostienen, ya que las comunidades no garantizan la igualdad de acceso al aborto, la seguridad jurídica de la prestación para usuarias y profesionales y la gratuidad y la confidencialidad para las mujeres.
Aunque a juicio de esta asociación ninguna comunidad cumple al cien por cien la ley del aborto, Andalucía y Asturias son las que más se acercan a lo óptimo, mientras que Cataluña y Madrid figuran como las peor situadas en el seguimiento de la norma.
INFORMACIÓN
Según un informe elaborado por Acai, explicó Francisca García, vicepresidenta de la entidad, puede constatarse que algunas comunidades, como la andaluza, no disponen siempre de la información que deben ofrecer a las mujeres cuando manifiestan su deseo de abortar, tal y como exige la norma, por lo que piden a los centros acreditados que sean ellos los que hagan este trabajo e «incumplan la ley».
Además, prosiguió García, la información que reciben quienes quieren interrumpir su embarazo no es la misma en todas las comunidades autónomas, como proponían las clínicas, con lo que regiones como la madrileña utilizan este recurso para «culpabilizar a la mujer» y dirigirla a organizaciones «de signo claramente antielección».
En la misma línea, Acai sospecha que en Cataluña se está informando en algunos casos de tal manera a las mujeres, que optan por el aborto farmacológico sin conocerlo realmente, y añade, además, que este tipo de interrupción se está practicando en centros de salud que no cumplen los requisitos de acreditación de la ley.
GRATUIDAD
Tampoco estima la asociación que se cumpla el requisito de la gratuidad, porque en Cataluña son las mujeres las que deben abonar el coste de la intervención y esperar después a que se lo reembolse la administración, lo que, según Acai, hace cambiar de opinión a algunas usuarias que no disponen de recursos para afrontar este gasto.
La entidad aboga en este sentido por el diseño de un mecanismo concreto derivado de un sistema de concertación, que existe, pero que no está generalizado.
Lo mismo sucede, según el informe de las clínicas, con la confidencialidad de las mujeres, ya que administraciones como la catalana, la valenciana o la madrileña identifican durante todo el proceso de interrupción del embarazo a las usuarias, que en el caso concreto de Cataluña se ven obligadas a dar datos personales para gestionar el reembolso de la intervención.
Pese a estas trabas y desigualdades, Acai afirma que el número de abortos practicados en España desde la aplicación de la ley que los regula, hace siete meses, no ha variado sustancialmente. Se percibe una «disminución lenta y paulatina» desde hace tiempo, pero debido, a su entender, al menor número de inmigrantes y a la situación económica del país.
