Amnistía Internacional (AI) ha enviado una carta al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y al presidente del PP, Mariano Rajoy, para solicitarles que aprovechen la reforma de la Constitución, o se comprometan para el futuro, para incluir en la Carta Magna que el derecho a la vivienda y a la salud puedan exigirse en los tribunales.
AI señala que la Constitución debe garantizar la máxima protección de todos los derechos económicos, sociales y culturales, sin establecer distinciones ni prioridades, tal y como reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos y numerosos instrumentos internacionales ratificados por España.
Amnistía solicita que el derecho a la vivienda y a la salud aparezcan recogidos en la Constitución española bajo el epígrafe de los derechos fundamentales, lo que mejoraría su protección, garantías y exigibilidad, ya que la situación actual impide la posibilidad de que estos derechos se exijan directamente ante los tribunales cuando se ven vulnerados.
Indica que en España, donde la pobreza afecta a unos nueve millones de personas, derechos económicos, sociales y culturales como la vivienda y la salud no están protegidos igual que otros, aunque son derechos de igual rango que el derecho a la libertad de expresión o a un juicio justo.
Así, Amnistía pide esta reforma constitucional en el contexto de crisis económica en el que muchas personas han perdido su vivienda, pues desde 2007, año de inicio de la crisis, hasta finales del 2010 se han iniciado 271.570 ejecuciones hipotecarias.
Según el censo de 2001, en España hay aproximadamente 1,5 millones de infraviviendas y una encuesta recalca que unas 21.900 personas se encontraban sin hogar en 2005, aunque otras organizaciones elevan esta cifra a 38.000.
Para Amnistía, esta situación tiene «un grave impacto en el disfrute de otros derechos humanos», a lo que se suma la indefensión de las personas que son objeto de desalojos forzosos.
DERECHO A LA SALUD
Por otro lado, Amnistía subraya que entre 90.000 y 180.000 personas que no han trabajado nunca o que no han recibido ningún tipo de prestación por desempleo carecen de cobertura asistencial sanitaria pública y gratuita en España, unas cifras que podrían ser mayores por la crisis económica.
Y en cuanto a salud mental, los recursos del Estado para atender a estas personas son limitados, lo que dificulta que se puedan conseguir diagnósticos tempranos y tratamientos adecuados y eficaces.
Según datos de 2008 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), España se encuentra en los últimos lugares con respecto al resto de países europeos en lo que se refiere a recursos destinados a la atención de la salud mental, con 6,1 psiquiatras por cada 100.000 habitantes.
Por último, Amnistía recuerda que, a pesar de que la pena de muerte quedó abolida en España en 1995 con su supresión en el Código Penal Militar, la Constitución sigue haciendo mención a ella en el artículo 15 para tiempos de guerra.
En este sentido, considera que la reforma constitucional debería eliminar la mención a la pena de muerte en la Constitución e incluso prohibir expresamente su aplicación, una iniciativa que sería coherente con el impulso que el Gobierno de Zapatero ha dado a la abolición de la pena capital en el mundo, al liderar la creación de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte.
