La reforma de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia que ultima el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad recoge un recorte del 15% en la prestación económica que actualmente reciben las personas que se quedan en casa para cuidar de sus familiares dependientes –denominados cuidadores no profesionales–, unas prestaciones que según la norma debían ser excepcionales y que se han generalizado.
Estas prestaciones suponen unos 400 euros al mes.
Así lo ha avanzado la consejera de Bienestar Social de Canarias, Inés Rojas, tras abandonar el Consejo Territorial de Dependencia que reúnió este 10 d ejulio de 2012 en Madrid a la ministra Ana Mato y los responsables autonómicos del ramo para analizar la reforma que, según las previsiones del Gobierno, debiera aprobarse este viernes en Consejo de Ministros.
Esta medida se sumaría a la decisión del Ejecutivo de dejar de cotizar a la Seguridad Social por los cuidadores familiares, lo que hasta ahora permitía a muchas mujeres completar su pensión. Asimismo, Gobierno y comunidades debaten elevar desde los seis meses hasta dos años el plazo en que la Administración puede retrasar la ayuda sin tener que pagar con efectos retroactivos.
Rojas ha explicado que, además del citado recorte, pensado «para desincentivar los cuidados familiares», se primará a las comunidades autónomas que den prioridad a los servicios, de manera que el 90% de los fondos para la dependencia que aporte el Gobierno se repartirán entre todas las autonomías en función del número de personas atendidas y, el diez por ciento restante, será para las que más servicios mantengan –plazas residenciales, por ejemplo–.
Asimismo, ha apuntado otras medidas previstas en la reforma, como la eliminación de los niveles de gravedad (1 y 2) con los que actualmente se cataloga a los dependientes de cada grado y la ampliación a cinco años el carácter retroactivo de las prestaciones, actualmente fijado en tres.
No obstante, los usuarios no tendrán derecho a recibir las ayudas que les correspondan con carácter retroactivo más allá de un plazo de dos años.
En cuanto al Real Decreto que revisará el copago, asunto que también se ha visto en la reunión, Rojas ha apuntado que se ha mejorado el texto inicial incluyendo aportaciones del sector de la discapacidad y ha concretado que se ha aumentado finalmente el tramo fijado del IPREM como referencia de la capacidad económica del usuario «para que las personas con menos renta no paguen tanto».