Van de los programas más restrictivos que aplican los Países Bajos, Suecia o Austria a planes más permisivos como el francés o el portugués
Aunque aún no hay confirmación oficial, el globo sonda está lanzado y el Gobierno habría trasladado a las autonomías la posibilidad de eliminar la asistencia sanitaria gratuita a los inmigrantes irregulares e imponerles, si quieren recibir el servicio, una cuota de 710 euros anuales.
Como detalla I. Rivas en ‘El Economista’, España dejaría de ser una excepción en la UE ya que, desde que se modificara la Ley de Extranjería en 2000, es el único país comunitario en el que no se aplican normas limitativas al acceso a la sanidad pública de los sin papeles, es decir, en el que la asistencia a este colectivo es cien por cien gratuita.
Así se desprende de un estudio comparativo del Real Instituto Elcano elaborado con datos de la organización Picum (la plataforma para la cooperación internacional de inmigrantes indocumentados) y de Médicos del Mundo.
El informe recoge los diferentes modelos que se han puesto en marcha en Europa en los últimos años y que van de los programas más restrictivos que aplican los Países Bajos, Suecia o Austria a planes más permisivos como el francés o el portugués.
Sin embargo, el informe pone de relieve que, en todos los Estados, hay excepciones, ya que los sistemas de salud ofrecen asistencia a los irregulares en casos de urgencias médicas.
Ahora bien, llama la atención sobre el hecho de que no siempre la definición de urgencia coincide y sobre la resistencia médica del personal a tener en cuenta el estatus de los pacientes.
En el lado de los ejemplos más duros con la inmigración ilegal destaca el caso de Países Bajos, donde se modificó la legislación en 1998 para evitar que los irregulares tuvieran acceso a la sanidad.
Sólo pueden acudir a la misma en condiciones de «necesidad médica» o de enfermedades contagiosas que puedan amenazar la salud pública.
En Suecia, los sin papeles tampoco pueden recurrir al sistema y, en caso de usarlo, tienen que abonar su coste.
Además, los irregulares y los turistas tienen que pagar precios mucho más altos que los nacionales. También Austria está en el grupo de los países más rígidos en su normativa.
Alemania, a medio camino
A medio camino se encontraría Alemania, que aplica a los sin papeles el mismo régimen que a quienes piden asilo y lleva menos de cuatro años en el país: sólo tienen acceso gratuito a la sanidad en caso de urgencia, maternidad y Sida.
Para beneficiarse del resto de asistencias, primero tienen que acudir a los servicios sociales, que tienen la obligación de denunciar su situación irregular.
Más permisivo es el modelo en Francia, donde un inmigrante ilegal que lleva un mínimo de tres meses en el país y cuyos ingresos sean inferiores a los 598 euros mensuales podría acceder a todos los servicios médicos de forma gratuita.
También en Portugal se pide un mínimo de un trimestre en el país a excepción de los niños para poder beneficiarse de los servicios.
En Italia, los irregulares tienen acceso a varios tipos de cuidados médicos públicos, de forma gratuita o pagando una pequeña tasa: atención urgente y «esencial», cuidados preventivos y cuidados como vacunas, enfermedades infecciosas, pediatría y maternidad.
Mientras, en Reino Unido, se aplica la misma norma que a los peticionarios de asilo con menos de 12 meses de estancia en el país: tienen derecho a la atención de urgencia, pero no a los médicos especialistas.
En lo político, ayer el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, apostó por eliminar elementos que «sirvan de atractivo a la inmigración ilegal». Entretanto, varios Gobiernos autonómicos no presididos por el PP mostraron su negativa a aplicar esta medida.
