Se ha levantado una polémica considerable tras el solo anuncio de una futura regulación de la Sanidad pública para los inmigrantes en situación de ilegalidad (los sin papeles), cuyas líneas básicas, a grandes trazos, son estas: habrá sólo asistencia gratuita para las urgencias, los menores de 18 años y las mujeres en el parto y el posparto, y establecimiento de un modo de seguro, llamado convenio, de coste variable para los usuarios según su edad, más caro para los de edad más avanzada.
Las razones aducidas por el Gobierno para este recorte son varias, pero parecen prevalecer, como es natural, las económicas: las arcas están vacías, el déficit sanitario es descomunal y no se puede seguir así indefinidamente.
Comprender eso está al alcance de cualquiera. Pero además no es difícil adivinar la voluntad de acabar con el efecto llamada de una Sanidad pública que ha llegado en ocasiones a provocar un verdadero turismo sanitario, que no siempre procede de países pobres.
Y por si estas consideraciones fueran pocas, equiparar a los que contribuyen y los que no lo hacen, a los que cumplen las condiciones para residir legalmente entre nosotros y los que no, produce necesariamente el efecto de anular el valor de todo requisito que se pida para disfrutar de este servicio; y eso, si no ocurre que resulten penalizados de hecho, por esas cosas de la burocracia, los que han cumplido las exigencias legales.
Varios centenares de médicos del sistema público de salud han declarado que ellos seguirán atendiendo a los sin papeles igual que hasta ahora.
Su altruismo y su disposición a cumplir el juramento hipocrático en lo tocante a la no discriminación de los pacientes les honra; pero invocan erróneamente la objeción de conciencia, pues la atención médica fuera del sistema público no está prohibida en absoluto.
La exigencia administrativa de habitar legalmente en España para utilizar su Sanidad pública no viola el derecho de todos a la salud.
Otra cosa es que resulte dolorosa la falta de medios económicos de los sin papeles para costearse la atención médica por su cuenta en los casos no cubiertos para ellos por el sistema sanitario público.
Con ser todo lo dicho muy cierto, no lo es menos que aplicar un recorte en materia tan sensible como la salud, y además castigando justo a los que están en situación más precaria, es algo de presentación sumamente difícil a la opinión pública.
No ha sorprendido a nadie que a los partidos de la oposición les haya faltado tiempo para acusar demagógicamente al Gobierno del PP hasta de alentar la xenofobia y el racismo.
Pero el Gobierno debería hacer todo el esfuerzo posible para dejar meridianamente claro que no olvida que los sin papeles no son un asiento contable ni una variable política o económica, sino que son personas a las que hay que tratar en algo tan primario como es la salud con todo el humanitarismo que se pueda.
Mariano Rajoy dijo que lo último que tocaría en el programa de recortes serían las pensiones. En concordancia con este criterio, lo penúltimo tendría que ser el sistema público de salud, aunque sólo fuera para evitar la sospecha de que el Gobierno tiene en cuenta que los pensionistas votan, y los sin papeles, no.
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