La llave la tiene el Gobierno central, y no parece que vaya a dar marcha atrás, porque necesita recortar como sea el gasto sanitario
El próximo 1 de septiembre de 2012 unos 150.000 inmigrantes que viven en España sin permiso de residencia ni de trabajo desaparecerán de los archivos de la red pública de asistencia sanitaria y, por tanto, no podrán ser atendidos como hasta ahora por los médicos.
Algunos de estos, más de un millar, ya han anunciado que seguirán prestado todo tipo de servicio sin cargo alguno. Es ‘tranquilizador‘, pero sería mucho más gratificante oirles decir que lo van a hacer trabajando gratis más horas al terminar su jornada, recortando sus vacaciones o desde sus consultas privadas.
La decisión del Gobierno de Mariano Rajoy (PP), polémica como todas las que son percibidas como un recorte en el llamado ‘estado del bienestar, viene casi obligada por la imperiosa necesidad de racionalizar los gastos para reducir el déficit.
A 15 días de que la red sanitaria pública desaparezca para 150.000 de sus potenciales usuarios, la España autonómica se divide en dos: algunas regiones garantizan que su servicio de salud seguirá siendo universal -sin detallar cómo lo piensan hacer- y otras acatarán las medidas del Gobierno y sacarán fuera del sistema a los sin papeles, que pierden así su tarjeta sanitaria.
Al menos cinco comunidades autónomas: Andalucía, Asturias y País Vasco (donde gobierna el PSOE), Canarias (CC y PSOE) y Cataluña (CiU), que aglutinan a más de la mitad de los sin papeles en España, han alertado de los problemas de salud pública que puede implicar la medida del Gobierno Rajoy.
PREDICAR Y DAR TRIGO
Por eso han prometido en sus territorios el servicio universal, como hasta ahora. El problema es que no es lo mismo promteter que garantizar, porque la llave de la financiación la tiene el Gobierno central, y no parece que vaya a dar marcha atrás.
A los gobiernos autonómicos que dicen que darán asistencia a todos, les queda la opción de crear un sistema autonómico paralelo. Uno en el que cada comunidad expida su propia tarjeta.
Teóricamente, pueden hacerlo. Las restricciones legales que emanan del Gobierno central solo se aplican a la baja. Es decir, el ministerio, con sus reales decretos leyes y sus órdenes, lo que dice en la práctica es que, como mínimo, hay que atender a los asegurados.
Pero si una comunidad asume el coste, lo que a la hora de la verdad no querrá hacer ninguna, puede ampliar las prestaciones.
La clave está en que lo financie. El País Vasco dice que puede asumir la atención de sus sin papeles. Otras comunidades difícilmente van a poder conjugar esa prestación con la solicitud de ayuda económica al Gobierno central. Pasar de las declaraciones a los hechos no es tan fácil.
EL PLAN DE SANIDAD
Para los inmigrantes irregulares sin especiales problemas de salud, el Ministerio de Sanidad de Ana Mato ha ideado un mecanismo que comunicó a primeros de agosto a las comunidades, que serán quienes tengan que ponerlo en marcha.
Dicho mecanismo consiste en obligar a los inmigrantes irregulares a contratar una especie de seguro médico con las Administraciones autonómicas -con un coste de 700 euros al año por persona- para poder disponer de atención en la red pública.
Esos inmigrantes a los que está destinada esta medida no tienen permiso de trabajo en España y, por tanto, sus recursos económicos son muy limitados o inexistentes.
Para los extranjeros sin permiso de residencia que padecen enfermedades crónicas, Sanidad garantiza la continuidad de la atención a estos enfermos, pero anuncia que pasará la factura a sus respectivos países de origen, algo tan complicado como difícil de ejecutar.
LA ORDEN DE SANIDAD
El borrador de orden remitido por el ministerio a las autonomías con su propuesta establece en su anexo el pago que deberían efectuar los inmigrantes irregulares interesados en mantener la atención sanitaria en la red pública española.
La cuota anual fijada en 2012 sería de 710,40 euros (59,20 euros al mes) para personas de hasta 64 años y de 1.864,80 euros al año (155,4o euros al mes) para los mayores de 65.
El segundo suscriptor de los convenios para la atención sanitaria pagaría la misma cuota mientras que el tercero y el cuarto tendrían un descuento del 15% de la cuota, y el quinto y siguientes suscriptores, un descuento del 25%.
