El Estado nos ha convertido en un país de corruptos al tratar al ciudadano como un estafador, imponiendo sanciones y cargas desproporcionadas
A los españoles sólo el paro, y por poco, preocupa más que la corrupción: un 44,5%, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) piensa que la corrupción es una de las grandes lacras del país, por delante incluso de los problemas de índole económica.
En el ranking que cada año elabora la organización Transparencia Internacional sobre percepción de la corrupción, España aparece a la altura de Botsuana, estancada en torno a la posición número 30 del índice y por detrás de la mayoría de la antigua Unión Europea de los 15.
¿Está la corrupción en el ADN nacional?, ha preguntado Olalla Novoa Ojea de El Mundo a una serie de expertos. Estas son sus conclusiones.
Javier Noya, investigador del Real Instituto Elcano y director del Observatorio de la Marca España:
«Los españoles perciben que somos un país de corruptos»
«La corrupción tiene un claro impacto económico porque mina la legitimación del gobierno y dificulta poner en práctica más medidas de ajuste; por otra parte, las empresas quieren seguridad jurídica, garantías, a la hora de invertir en un país»
Víctor Lapuente, especialista en temas de administración pública y corrupción del Instituto para la Calidad de Gobierno de la Universidad de Gotemburgo (Suecia):
«En el caso español, si comparamos las percepciones de la corrupción y las experiencias personales de los ciudadanos hay una gran disonancia»
«A diferencia de lo que ocurre en otros países, como Grecia o Rumanía, la vida diaria no está mediatizada por el pago de sobornos o corruptelas en servicios básicos, como la educación, la sanidad o la seguridad ciudadana. En las bajas esferas estamos ‘limpios’. El problema no es la corrupción administrativa, sino la corrupción política.»
«Con el ‘boom’ se hizo la vista gorda, crecieron las oportunidades, pero eso también indica que la corrupción no está en nuestros genes, no está en nuestra cultura. No debemos resignarnos a esa idea»
«La solución debe centrarse en mejorar la calidad del gobierno más que perseguir la corrupción con medidas policiales o especiales, pero esto también puede dar lugar a que el sistema tradicional de partidos salte por los aires, como pasó en Italia, sin que cuaje una alternativa, y sea un mal equilibrio sostenido en el tiempo».
Manuel Villoria, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos y Director del departamento de Gobierno y Administración Pública del Instituto Ortega y Gasset:
«Tampoco es un problema nuevo. Los casos que ahora salen a la luz con tanto revuelo se desarrollaron desde la expansión económica, a partir del año 93 vinculados en especial al terreno urbanístico»
«Más que a nivel del Estado, la corrupción se ha concentrado a nivel autonómico y sobre todo local, donde hay menos controles y más discrecionalidad. Recalificar terrenos era una forma fácil y relativamente ‘segura’ de ganar dinero rápido con pocos riesgos.»
«La corrupción se ha desplazado a otras áreas, probablemente la contratación pública, las concesiones, las privatizaciones…»
«Hay un problema de falta de transparencia en las adjudicaciones y de las famosas ‘puertas giratorias’, cuando los políticos pasan a trabajar en empresas del sector donde anteriormente ejercía su cargo público.»
«Yo creo que no somos peores que los ingleses o los suecos. El español ve claramente lo que esta bien o mal, es muy riguroso. No hay grandes diferencias en cuanto a las actitudes frente al crimen, otra cosa es que, como todo el mundo lo hace, a la hora de ponerlo en práctica la cosa cambie».
«Los ciudadanos participan en actividades corruptas o poco éticas ante la percepción generalizada de que hay mucha corrupción, de que es posible saltarse las leyes y hasta es justificable. Esto destruye el armazón de la sociedad y es muy preocupante»
«Normalmente identificamos la corrupción jurídicamente perseguible –soborno, malversación, cohecho…– pero hay otra más sofisticada y compleja de la que no hay casi información en España: la financiación de los partidos y la influencia de grupos de presión a la hora de elaborar leyes y marcar políticas.»
«Haría falta sin lugar a dudas un pacto nacional contra la corrupción y una serie de medidas básicas: reducir el poder de los partidos políticos y hacerlos más responsable frente a los ciudadanos, reducir la politización de la Justicia, mejorar la labor del Tribunal de Cuentas, establecer un sistema de denuncias…»
Concepción Fernández, profesora de Psicología Social de la Universidad Complutense de Madrid.:
«La gente hace lo que cree que los demás hacen. Si la gente que tiene ejemplaridad, que nos gobierna y marca las leyes, practica la corrupción están diciendo: ‘hazlo tú también'»
«Somos un país con mucha impunidad hacia la corrupción. Ha habido mucha tolerancia desde las altas esferas, especialmente para la gente que tiene más poder, porque tiene más posibilidad de escapar de las normas»
«Las consecuencias de este desmoronamiento de normas pueden ser muy graves. Hay mucho malestar que tiene que ser encauzado»
Juan Antonio Herrero, director del Máster en Ética y Política Pública del Centro Universitario María Cristina del Escorial:
«El Estado nos ha convertido en un país de corruptos al tratar al ciudadano como un estafador imponiendo sanciones y cargas desproporcionadas»
«El resultado de esta ‘ingeniería social’, que toma decisiones políticas sin tener en consideración criterios éticos, genera un sufrimiento tremendo sobre la población que deviene en un proceso de desmoralización y opta por defenderse saltándose las normas. Si el Estado fuese justo la gente actuaría de otra manera»
Jacobo Elosua, cofundador de la Fundación Civio, volcada en proyectos sobre transparencia y rendición de cuentas:
«La ley de transparencia que prepara el Gobierno está por debajo de los estándares internacionales. Se queda corta al incluir el silencio administrativo negativo; por la falta de independencia de la autoridad supervisora, que queda bajo el paraguas ministerial; al no considerarse el acceso a la informacion como un derecho fundamental; por la limitación del tipo de documentos que se pueden solicitar; y exclusiones de entidades como la Casa Real y los sindicatos o partidos políticos, que parece que finalmente sí estarán incluidas.»
