La Inquisición medieval se fundó en 1184 en la zona de Languedoc (en el sur de Francia) para combatir la herejía de los cátaros o albigenses. En 1249 se implantó también en el reino de Aragón, siendo la primera Inquisición estatal; y en la Edad Modernasegún wp, con la unión de Aragón con Castilla, se extendió a esta con el nombre de Inquisición española (1478-1821) bajo auspicio de la monarquía hispánica, cuyo ámbito de acción se extendió después a los territorios conquistados en lo que se denominaría América: la Inquisición portuguesa (1536-1821) y la Inquisición romana (1542-1965). Sus víctimas eran seres humanos, e incluso animales, acusados de brujería, o de homosexualidad; en 1600 se emitió la orden de no incoar más procesos ‘por sodomía’, por blasfemar, por practicar bestialismo, por herejía (cristianos que niegan algunos de los dogmas instituidos por la Iglesia romana) y por acusaciones de judaizar en secreto
Cuando la propaganda protestante empezaba a perder su interés depredador por la historia de España, la Ilustración francesa tomó el relevo de la Leyenda Negra y renovó sus principales hitos para seguir presentando al país vecino como un caso excepcional de atraso intelectual y fanatismo. Masson de Morvilliers, enciclopedista y escritor francés, apuntaba que la razón de la calamidad intelectual de la Península estaba en que «el español tiene aptitud para las ciencias, dispone de muchos libros, y sin embargo, es quizá la nación más ignorante de Europa. ¿Qué se puede esperar de un pueblo que necesita la licencia de un fraile para leer y pensar?», según recoge el autor original de este artículo César Cervera en ABC y comparte Manuel Trujillo para Periodista Digital.
Queriendo ignorar que en Francia también había Inquisición, y censura, y un sistema judicial que en esas mismas fechas condenó a la decapitación a un ciudadano por mutilar un crucifijo y poseer libros de Voltaire, los ilustrados vincularon la existencia del Santo Oficio a la ignorancia de los españoles. Para ello, este grupo de renovadores de la Leyenda Negra y del mito de la Inquisición española encontró importantes aliados entre algunos españoles que confundían modernidad con rechazo de lo propio y que, de tanto leer a autores extranjeros, terminaron por mitificar la situación que se vivía más allá de los Pirineos.
Uno de ellos fue el poeta, jurista y político español Meléndez Valdés, autor de «El fanatismo», donde están presentes los tópicos más ardientes sobre la actividad del Santo Oficio: ignorancia, hogueras y perversión sexual. El texto se publicó a finales del siglo XVIII cuando, curiosamente, la Inquisición española rozaba la intrascendencia. Durante los reinados de Carlos III y Carlos IV hubo únicamente cuatro condenas a muerte dictadas por el Santo Oficio, la última en 1781, cuando aún se quemaban brujas en Suiza sin que nadie en Europa se llevara las manos a la cabeza.
Meléndez Valdés se puso al servicio de José I de España durante la ocupación francesa, asumiendo varios puestos en el Consejo de Estado y recibiendo la condecoración de caballero de la Orden Real de España, lo que le acarrearía graves problemas tras la Guerra de la Independencia.
Caso parecido al de otro afrancesado, el gran renovador del mito de la Inquisición española, el sacerdote católico Juan Antonio Llorente. Como relata Elvira Roca Barea en su libro «Imperiofobia y Leyenda Negra», el sacerdote fue presentado como el testigo de excepción de lo que supuestamente se cocía dentro de la Iglesia española. Colaborador activo de José I, Llorente recobró protagonismo de la mano del régimen napoleónico tras haber perdido influencia en la corte de Carlos IV y haber ejercido como comisario de Inquisición en el pasado. A ojos extranjeros, quién mejor que él para revelar las torturas del tribunal eclesiástico.
Durante la invasión napoleónica, el sacerdote preparó y envió a Napoleón un informe titulado «Reglamento para la Iglesia Española» en el que propuso una reorganización del clero secular que seguía la nueva división administrativa y la supresión de las órdenes religiosas. Además, ocupó colaboró en la confiscación de obras artísticas a través del cargo de director de Bienes Nacionales hasta que fue relevado por la desaparición de 11 millones de reales.
Su lealtad a los franceses, no en vano, le valió ser nombrado en 1809 caballero de la Orden Real de España con una pensión de 30.000 reales. Llorente no dudó en marcharse al exilio cuando los franceses fueron derrotados, no sin antes llamar «plebe canalla y vil, pagada por el oro inglés» a los héroes que se levantaron el 2 de mayo.
Tras fracasar varias veces en sus peticiones de indulto, el sacerdote contestó desde el extranjero con la publicación en francés, en 1817, de la obra «Histoire critique de l’Inquisition espagnole», que le hizo internacionalmente famoso a pesar de basarse en una documentación disparatada sobre la actividad del Santo Oficio. La historiografía europea consideró esta obra, que da como cifra los 32.000 víctimas quemados en la hoguera en tres siglos, como la de alguien que conocía el funcionamiento del tribunal de primera mano. Tuvo que pasar mucho tiempo hasta que autores del siglo XX pusieron en duda las cifras de Llorente, que siempre defendió que sus pruebas documentales existían pero se habían quemado. ¡Vaya casualidad!
Cuando se descubrió que estaba vinculado al movimiento secreto de los carbonarios, el sacerdote español fue expulsado de Francia y acogido en España por el gobierno liberal que había accedido al poder en 1820. Volvió a Madrid, donde murió a finales del Trienio Liberal.
La Inquisición española fue puesta en marcha, en 1478, para combatir los focos judaizantes que se habían localizado en el arzobispado de Sevilla. En contraste con la inquisición medieval, nacida en Francia en 1184 para luchar contra la herejía de los cátaros, la Santa Inquisición española fue estructurada desde el principio como un tribunal subordinado directamente a la Corona.
Ni en Inglaterra, ni en Europa oriental, ni en Castilla había existido la versión papal, extendida en todo el contienete, por lo que Enrique IV solicitó su creación en una fecha tan tardía como 1476 al Papa Sixto IV. Su creación coincidió con el intento de los Reyes Católicos por crear un estado moderno, de modo que se aseguraron de ser los reyes quienes contralaran su dirección y decidieran el cargo de inquisidor general.
En estos primeros años, la Inquisición centró sus esfuerzos en los núcleos de judaizantes, que hasta entonces habían permanecido inmunes a otras campañas represivas. En 1481, se celebró el primer auto de fe, precisamente en Sevilla, donde fueron quemados vivos seis detenidos acusados de judeoconversos. Sin embargo, los resultados no eran los deseados por los Reyes Católicos, que, buscando incrementar el acoso contra los falsos conversos, nombraron a Tomás de Torquemada para el cargo de inquisidor general de Castilla en 1483.
La incansable actividad de Torquemada, de sangre conversa, extendió el clima de terror por toda la Península. En 1492, ya existían tribunales en ocho ciudades castellanas (Ávila, Córdoba, Jaén, Medina del Campo, Segovia, Sigüenza, Toledo y Valladolid) y comenzaban a asentarse en las poblaciones aragonesas. Establecer la nueva Inquisición en los territorios de la Corona de Aragón resultó más complicado, a pesar de que la modalidad medieval sí había tenido aquí vigencia. No fue hasta el nombramiento de Torquemada, también Inquisidor de Aragón, Valencia y Cataluña, cuando la resistencia empezó a quebrarse.
Torquemada inauguró el mayor periodo de persecución de judeoconversos, entre 1480 a 1530, y donde más personas fueron condenadas a muerte por el tribunal. Frente a la cifra de 10.000 personas ejecutadas durante este periodo que da Juan Antonio Llorente, los estudios modernos a cargo del hispanista Henry Kamen rebajan el número a 2.000 personas hasta 1530.
Según los estudios de Jaime Contreras y Gustav Henningsen, entre 1540 y 1700 el Santo Oficio persiguió a 49.000 personas ( Joseph Pérez eleva el número total a 125.000 procesos durante sus 350 años en España) de los cuales el 27% fue procesado por blasfemias y palabras malsonantes; el 24%, por mahometismo; el 10%, por falsos conversos; el 8%, por luteranos; el 8%, por brujería y distintas supersticiones; y el resto por otros asuntos como la sodomía, la bigamia, la solicitud de los sacerdotes, etc.
Entre los reos finalmente condenados por la Inquisición, los castigos podían ir desde una multa económica, servir en galeras como remeros durante un tiempo específico, penas de prisión, hasta, en los casos más graves, ser quemados vivos. En lo que se refiere al periodo entre 1540 y 1700, las condenas a muerte se dictaron para un 3,5% de los casos, según los cálculos de Gustav Henningsen. Pero solo al 1,8% de los condenados se les aplicó efectivamente la muerte por hoguera
Los otros fueron quemados en efigie, es decir, a través de un muñeco del tamaño de un ser humano que los representaba. Esto se debía a que habían fallecido antes de terminar el proceso, se habían escapado o directamente nunca habían sido capturados. Como ejemplo de ello, en la mayor ejecución sumaria de la Inquisición, celebrada en 1680, fueron 61 los condenados a morir en la hoguera, de los cuales 34 eran estatuas en representación de los reos.
En caso de que se arrepintieran y reconocieran su herejía, los condenados a la hoguera eran estrangulados previamente mediante garrote vil. Y, si se arrepentía antes de la sentencia, lo más probable es que se conmutara su pena automáticamente por cárcel, multas y otros castigos que no comprometieran su vida.
Buscando una cifra global de muertos, el número estaría en torno a los 5.000-10.000 muertos durante los 350 años de existencia del tribunal, si bien Geoffrey Parker se atreve a estimar 5.000 muertos, lo que supone un 4% de todos los procesos abiertos. En este sentido, el hispanista Henry Kamen, que ha dedicado varias obras a desmitificar las ideas extendidas sobre el Santo Oficio, ha demostrado con datos que al «comparar las estadísticas sobre condenas a muerte de los tribunales civiles e inquisitoriales entre los siglos XV y XVIII en Europa: por cada cien penas de muerte dictadas por tribunales ordinarios, la Inquisición emitió una».
En contraste, el británico James Stephen calculó en uno de sus volúmenes de «A History of the Criminal Law on England» (1883) que el número de condenados a muerte por todos los tribunales en Inglaterra aproximadamente en esos mismos tres siglos alcanzó la cifra de 264.000 personas, por delitos que iban del asesinato hasta el robo de una oveja. Stephen, que se asombraba al comparar las cifras con las de la mitificada Inquisición, fue uno de los primeros que defendió en Inglaterra que el tribunal español no pudo haber matado a la cifra de personas que decían fuentes como Llorente, puesto que el procedimiento penal que aplicaban estaba burocratizado y era demasiado garantistas como para tener capacidad material de ejecutar a tanta gente.
