Las asociaciones profesionales del sector videográfico han llevado hoy al Congreso de los Diputados cerca de 40.000 firmas a lomos de un burro, convertido en metáfora de la lentitud con la que se desarrolla la disposición de la Ley de Economía Sostenible que les debe proteger de la piratería.
Con estas firmas, conseguidas de ciudadanos y clientes que les han apoyado, reclaman una «legislación urgente» porque lo que está en juego, han indicado a EFE los promotores de la idea, es la continuidad del sector, en grave crisis a causa de la copia ilegal y la distribución fraudulenta por internet de material audiovisual.
Hasta la Carrera de San Jerónimo se han desplazado los máximos responsables de las asociaciones españolas de Empresas de Vídeo AEVIDEO, José Luis Carrera Peláez; de Empresarios Mayoristas del Sector Vídeográfico (ANEMSEVI), José Antonio Mula, y de la Videográfica Española Independiente (AVEI) Carlos Tous, que representan toda la cadena de distribución del sector videográfico.
«Este burro es una metáfora de la velocidad que lleva la Ley de Economía Sostenible que es la solución que nos da el Gobierno a nuestro problema», ha explicado a EFE Carrera.
El «problema», según los datos de ANEMSEVI, es que en los últimos meses han cerrado el 15 por ciento de los casi 4.000 videoclubes que quedaban en España: 750 establecimientos, con los que se han perdido otros 1.800 puestos de trabajo.
«Pero las cifras son mucho más espeluznantes si se mira cuatro años atrás -explica a EFE Mula-: en 4 cuatro años han cerrado unos 4.000 establecimientos, la mitad de los que había, y se han perdido cerca de 40.000 puestos de trabajo».
Cifras que, según los cálculos que añade de la Unión Videográfica Española (UVE), reflejan unas pérdidas de cerca de 10 millones de euros en lo que llevamos de año.
En opinión del presidente de ANEMSEVI, «la única manera de frenar esta sangría es poner en marcha esta ley, porque competir con un coste cero es imposible», se lamenta Mula.
Ni PSOE ni PP han recibido a los representantes del sector, pero sí lo ha hecho la diputada de CiU Montserrat Surroca, a la que han pedido apoyo y que traslade su petición al hemiciclo «para que la ley siga adelante», ha explicado Mula.
«Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer: pedir por enésima vez -la estamos esperando desde 2005- una solución que ya debe ser urgente. No se puede permitir que nuestros productos sean robados constantemente con total impunidad», ha añadido Carrera.
La solución, según el presidente de AEVIDEO, «es la que ya ha tomado el Gobierno y que es la que figura en la disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible».
Aclara que en España, al contrario que sucede en otros países europeos, no se castiga al usuario final, sino que en España se castiga a quienes sirven el material en la red: «y estamos de acuerdo -puntualiza- pero queremos que se haga ya».
«Se está destruyendo empleo todos los días, nuestros negocios cierran y aquí no va a quedar nadie», augura Carrera, quien insiste en la necesidad de transmitir «urgencia».
El Gobierno, opina, dilata la puesta en marcha de estas medidas «por miedo a tomar una medida impopular, hace falta tener valentía y tomar decisiones necesarias aunque sean duras, porque la situación va cada vez conquistando más espacios y estamos advirtiendo de que ya ha entrado en el libro».
«En el momento en el que estén los libros en la red, cuando haya un soporte estable, que se preparen, porque la diferencia de pagar en la red diez euros o tenerlo gratis pues ya sabemos lo que va a pasar», advierte este empresario.
