La réplica de Artur Mas, en el turno de última palabra, fue su enésimo ejercicio de victimismo
EL juicio contra Artur Mas por su participación delictiva en la organización del 9-N se cerró este 10 de febrero de 2017 con un contundente y valeroso informe del fiscal, Emilio Sánchez Ulled, quien hizo una apología del Estado de Derecho, de la Constitución y de la democracia.
No dudó el fiscal en denunciar el «abierto, claro y patente desacato de la orden del Tribunal Constitucional», ni en ironizar sobre la ignorancia de los acusados sobre el alcance de la suspensión cautelar.
«¿Qué parte de la providencia es la que no han entendido?», se preguntó en la Sala mientras Artur Mas y el resto del banquillo de acusados gesticulaban y murmuraban hasta ser llamados al orden por el presidente del Tribunal.
El fiscal centró su alegato en poner de relieve la prueba que desvelaba cómo Artur Mas y su gobierno siguieron manejando el proceso de preparación de la consulta separatista del 9 de noviembre desde la sombra, como una «actuación furtiva», según manifestó Emilio Sánchez Ulled.
Los llamados «voluntarios» que se hicieron cargo del 9-N no fueron más que la cortina de humo con la que el expresidente y compañía han jugado al escondite con la Ley, simulando apartarse del proceso suspendido por el Tribunal Constitucional, pero dirigiéndolo y facilitando la celebración de la consulta trampa.
La réplica de Artur Mas, en el turno de última palabra, fue su enésimo ejercicio de victimismo.
De nuevo quiso presentarse como un mártir al servicio del pueblo, enfrentado al Estado para dar voz a los catalanes. Este relato separatista, por mil veces que se repita, es una mentira y no neutraliza el mandato de la ley y la primacía de la Constitución.
Pero es necesario pasar de los principios a los hechos, de las teorías a las realidades, y que los argumentos del fiscal se transformen en responsabilidades legales concretas para los organizadores del 9-N: fue un acto inconstitucional, una vulneración de la Constitución, que no debe quedar impune, aunque a los jueces solo les corresponde una parte de la respuesta del Estado al secesionismo catalán.
Hay que hacer política, por supuesto, y en un Estado democrático, la mejor política es hacer cumplir la ley democrática y utilizar los instrumentos constitucionales otorgados por voluntad de la mayoría.
La Constitución requiere una militancia activa, lo mismo que la unidad de España y el imperio de la ley. Ninguna institución del Estado puede sentirse ajena a este compromiso, en el que está en juego tanto como la integridad de la nación. No hemos llegado hasta aquí para volver al punto de partida por el capricho exclusivo de unos pocos que no representan ni a su comunidad. Cataluña es mucho más, y mejor.
