‘Los pecados de la Audiencia Nacional’, de Manuel J. Lorenzo

'Los pecados de la Audiencia Nacional', de Manuel J. Lorenzo

Más de una de cada tres sentencias recurridas ante el Tribunal Supremo no pasa el examen. ¿Hay realmente una Justicia responsable ante los ciudadanos, o nos encontramos ante un bastión impermeable a las lágrimas de éstos, cuando sus derechos han sido quebrantados, precisamente, por quienes tienen la sagrada misión de administrar Justicia?

MANUEL J. PÉREZ LORENZO

Nació en Madrid, en 1961. Licenciado en Derecho, ha ejercido la Abogacía durante más de una década, desempeñando su actividad fundamentalmente, ante la Audiencia Nacional. Fruto de la misma, y de las experiencias vividas en Juzgados Centrales y Sala de lo Penal, ha resultado la presente obra.

NOTA DE PRENSA

¿Podría creerse, en el siglo XXI de Europa Occidental, que un órgano judicial vulnera derechos fundamentales de los ciudadanos y las más elementales normas del proceso penal?

Según la Memoria 2004, aprobada por el Pleno de 7 de julio de 2004, del Consejo General del Poder Judicial, la diferencia entre la Audiencia Nacional y la media de las Audiencias Provinciales es enorme: el Tribunal Supremo revoca y anula a la Audiencia Nacional un 18’93% más sentencias que a las Audiencias Provinciales.

Más de una de cada tres sentencias recurridas ante el Tribunal Supremo no pasa el examen.

¿Hay realmente una Justicia responsable ante los ciudadanos, o nos encontramos ante un bastión impermeable a las lágrimas de éstos, cuando sus derechos han sido quebrantados, precisamente, por quienes tienen la sagrada misión de administrar Justicia?

Claro que es una pregunta retórica: en la práctica, atacar la ilicitud de los actos de un Juez en el ejercicio de sus funciones es prácticamente imposible.

Entre otras razones, porque el sistema es tan necio que pone en manos de los Jueces decidir, en última instancia, qué significa error judicial, funcionamiento anormal de la justicia o, incluso, prevaricación. Es como si se dejara decidir al narcotraficante qué significa “salud pública”, o a Batasuna qué es un delito de terrorismo.

¿Quién controla al que controla? Si no se arbitra un sistema efectivo de control sobre el Poder Judicial, nos veremos abocados a una dictadura de los Jueces que ya se perfila.

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