'EL CAMINO AL 18 DE JULIO DE 1936' (ESPASA)

Stanley Payne: «Para la izquierda el enemigo cultural es más importante que el enemigo político»

"En la España de los años treinta estarían presentes casi todas las tensiones, odios e ideologías de las demás convulsiones europeas"

Se decía que la CEDA representaba al "fascismo" con argumentos muy débiles, y se observó un giro hacia la violencia durante la campaña electoral de 1933

Según José Ortega y Gasset, para comprender la Guerra Civil hay que remontarse a sus orígenes, a cómo empezó. Ahora, ochenta años después, sigue siendo el factor clave, y esta obra intenta dar respuesta a tal necesidad. No se trata de otro libro sobre la Segunda República, sino que se centra en los últimos siete meses de ese régimen parlamentario, que marcaron definitivamente el camino al 18 de julio.

La guerra nunca habría tenido lugar sin la gran erosión que sufrió la democracia durante ese período, desde diciembre de 1935 hasta ese 18 de julio de 1936. En este libro ‘El camino al 18 de julio’ (Espasa), el célebre hispanista Stanley G. Payne aborda hechos tan decisivos como la disolución del Parlamento por el presidente Alcalá-Zamora a finales de 1935, el cuestionamiento de la democracia electoral por el fraude, la exclusión y la violencia, las tensiones dentro del Frente Popular, las tácticas de los partidos revolucionarios, la aplicación partidista de la ley, el papel de la violencia política, la conspiración militar y los últimos días de la República parlamentaria. ¿Qué sucede en España para que estalle la Guerra Civil? ¿Cuáles fueron las circunstancias que la desencadenaron?

LOS ORÍGENES

Existe una multitud de escritos y libros sobre la guerra, pero llama la atención lo poco que se han estudiado sus orígenes. Para José Ortega y Gasset, que huyó pronto de la zona republicana, fue la cuestión más importante. Stanley G. Payne siempre he sostenido la posición de que la Guerra Civil no fue inevitable hasta casi el último momento; a partir del 15 de julio, tal vez, pero no mucho antes. La clave para que estallara se encuentra en la última etapa de la Segunda República, cuando tuvo lugar la «desunión» de la sociedad civil española.

En el siglo XIX, España adquirió una fama siniestra como «el país de la guerra civil», pero antes había tenido una historia bastante diferente. Durante la época moderna fue el más estable de los grandes países occidentales. Esta situación se invirtió en el siglo XIX. Después de la conclusión de las guerras napoleónicas, Europa en general entró en una época de paz. Pero no fue así en España.

España pasó más años enzarzada en guerras, tanto externas como civiles, que cualquier otro país occidental. Desde el conflicto entre liberales y absolutistas de 1822-1823 y la rebelión de los campesinos catalanes (guerra dels agraviats) en 1827, hasta los conflictos bélicos coloniales, primero en América del Sur hasta 1825 y, más tarde, en Cuba, en la Guerra de los Diez Años (1868-1878), seguida de la llamada «Guerra Chica» (1879).

Hasta cierto punto, España seguía el modelo francés. En 1874 con la restauración de los Borbones el país entró en una época de mayor estabilidad y de modernización. El desarrollo económico y educativo se aceleró y se produjo un nuevo florecimiento literario y artístico (la llamada Edad de Plata). La censura prácticamente desapareció y, a paso lento pero seguro, las elecciones comenzaron a ser más dignas, e incluso parcialmente democráticas.

El régimen evitó que el país entrara en la Primera Guerra Mundial. Al llegar la década de 1920, España tenía uno de los índices de crecimiento más elevados del mundo, y las condiciones de vida y los niveles sanitarios mejoraban con rapidez. En 1930 parecía que el país inauguraba una de las mejores épocas de su historia. Mientras tanto Europa se adentraba en la época más convulsa de la historia contemporánea.

Pero en la España de los años treinta estarían presentes casi todas las tensiones, odios e ideologías de las demás convulsiones europeas, a los que se añadían algunos rasgos propios. España está dividida por múltiples cadenas montañosas, y, además del castellano común, en el país se hablaban otras tres lenguas.

Se daba un desarrollo económico absolutamente desigual, concentrado en el norte y nordeste del país. Estas divisiones, junto a un sistema educativo rezagado, hicieron que la percepción de la unidad política, expresada a través de un nacionalismo español global, fuera débil, y que a comienzos del siglo XX, en Cataluña y en el País Vasco, las dos zonas más modernas e industrializadas, y ambas con lengua propia, dicha unidad se viera cuestionada por movimientos nacionalistas regionales.

Durante mucho tiempo, el nacionalismo vasco fue minoritario, en tanto que el catalán cobró fuerza con mayor rapidez. Al iniciarse la dictadura de Primo de Rivera, el país era tranquilo y sin grandes tensiones o desórdenes, pero una gran parte de la población urbana empezaba a desear una salida política. A comienzos de 1930, Primo de Rivera abandonó el poder, pero el rey no encontraba ningún líder que pudiera retomar la senda del parlamentarismo.

En España se inició en 1931 el único proceso revolucionario de izquierdas surgido en la Europa de esa década: en las elecciones municipales de 1931, los candidatos monárquicos ganaron con una ventaja considerable, pero su derrota en casi todas las ciudades grandes y capitales de provincia generó una gran oleada de confianza en la nueva coalición republicana.

El «Comité Revolucionario» de líderes republicanos exigió la salida inmediata del rey. Alfonso XIII abandonó el país en menos de veinticuatro horas y el 14 de abril de 1931 se proclamó una República democrática que, aunque carente del aval de un referéndum o de unas elecciones legislativas, vio aceptada su legitimidad por la mayor parte -aunque no todo- del espectro político.

En esos años el crecimiento había sido lo suficientemente grande como para fomentar la reivindicación de mejoras más rápidas; sin embargo, no se dispondría de medios para responder a estas demandas hasta que el país lograra alcanzar una fase de modernización más madura.

Los republicanos de izquierda y los socialistas pergeñaron un régimen radicalmente reformista que, casi de inmediato, cercenaron ciertos derechos y silenciaron a la oposición ante el miedo, tras la experiencia de la dictadura de Primo de Rivera, de que la derecha y los católicos tomaran parte en la vida política española.

En palabras de Javier Tusell era «una democracia poco democrática », y quizá esta sea la mejor síntesis en cuatro palabras que se haya hecho de la Segunda República. El clima de anticlericalismo radical venía acentuándose desde hacía más de una generación. Este anticlericalismo aumentaba y asumía formas cada vez más violentas.

En junio de 1931 se celebraron elecciones a Cortes Constituyentes basadas en la idea de que solo debían tener plenos derechos las fuerzas prorrepublicanas. Desde la caída de la monarquía, los conservadores seguían en estado de shock y, en cualquier caso, no estaban lo suficientemente bien organizados como para haber ganado los comicios. Esto condujo a la redacción de una nueva Constitución que no era un reflejo de la opinión pública española al rechazar el consenso y restringir algunos derechos de los católicos. Pero el catolicismo seguía siendo la religión imperante y aún podía movilizar a más gente que cualquier movimiento individual.

Con frecuencia, la República limitó los derechos ciudadanos e impuso una censura más profunda que la que había sido habitual durante la monarquía constitucional. La Ley de Defensa de la República le otorgó amplios poderes para suspender derechos y garantías constitucionales.

La pequeña minoría de monárquicos que quedaba se aglutinó en un partido nuevo, Renovación Española, que pronto asumió un viraje hacia el monarquismo corporativista y autoritario. Además, con el paso del tiempo se evidenciaron las diferencias entre los republicanos de izquierda y los socialistas, lo que puso fin a la coalición gobernante en septiembre de 1933 y se creó el marco para unas elecciones generales el mes de noviembre en las que la CEDA se impuso.

Aunque sin alcanzar una mayoría absoluta de escaños, obtuvieron resultados diametralmente opuestos a los de dos años antes. El número de escaños socialistas se redujo, al tiempo que los republicanos de izquierda fueron prácticamente barridos del mapa. Pero el objetivo final de CEDA no era mantener una República democrática de izquierdas, sino transformarla en otro régimen, más conservador y corporativo.

1933-1934. Los Gobiernos de centro-derecha

La radicalización del socialismo español durante 1933 y 1934 ha desconcertado a muchos ya que iba en contra de la tendencia imperante en los demás partidos socialistas o socialdemócratas de Europa occidental, que se habían ido volviendo más moderados y pragmáticos y buscaban soluciones más prácticas que revolucionarias.

¿Por qué los socialistas españoles eran distintos? Su programa se basaba en una concepción de la sociedad española que hacía hincapié en la corrupción y la debilidad de una burguesía avariciosa que tenía ante sí a una mayoría de trabajadores pobres y explotados. Sin embargo, la realidad era más compleja. Se decía que la CEDA representaba al «fascismo» con argumentos muy débiles, y se observó un giro hacia la violencia durante la campaña electoral de 1933, cuando los socialistas fueron responsables de unos incidentes que produjeron veintiocho muertos.

En su punto de mira estaban sobre todo los militantes de la nueva organización fascista Falange Española y los de la CEDA. Pero no todos los líderes socialistas eran partidarios de las tácticas violentas. Julián Besteiro (presidente del Comité Ejecutivo de la UGT) se opuso abiertamente a la violencia revolucionaria y advirtió de que la «dictadura del proletariado» a la que aspiraban los revolucionarios era un concepto superado en el mundo democrático occidental.

En enero de 1934, Largo Caballero, sustituyó a Besteiro al frente de la UGT y, junto a las Juventudes Socialistas, se convertiría en baluarte del radicalismo socialista. Sorprende la ligereza con que los socialistas -y antes los anarquistas- contemplaban la posibilidad de guerra civil en la España democrática de la Segunda República. El levantamiento de los socialistas españoles de 1934 fue la acción insurreccional mejor organizada y la que contó con mejor armamento de todas las registradas en Europa occidental y central durante el período de entreguerras.

Esto se debió a una agresión cuidadosamente planificada que llevaba gestándose más de un año. Manuel Azaña y otros líderes republicanos de izquierda intentaban obligar al presidente Alcalá-Zamora a nombrar un Ejecutivo de coalición minoritario compuesto por la izquierda moderada.

Si Alcalá-Zamora no cedía, la alternativa era presionarle con una especie de pronunciamiento civil o una toma del poder pacífica. Parece que lo que Azaña tenía en mente a finales de junio era una entente entre los republicanos de izquierda, la Esquerra catalana y los socialistas.

Así se podría haber instaurado un Gobierno alternativo en Barcelona, que, con el apoyo de una huelga general socialista, habría desatado una crisis de magnitud suficiente como para convencer al presidente de la República de que ese Gobierno debía asumir el poder desde esa ciudad. Azaña se dejó llevar por su propia retórica y el 1 de julio proclamó con grandilocuencia que «Cataluña es el único poder republicano que queda en pie en la península», una sentencia ajena a la realidad.

Alcalá-Zamora se negó a permitir que la izquierda constituyera un Gobierno extraparlamentario y terminó aceptando a tres ministros cedistas, todos ellos de los sectores más moderados del partido, creando un Gobierno centro-derechista dominado todavía por Alejandro Lerroux y los radicales.

Este paso, absolutamente normal en una democracia parlamentaria, fue utilizado por los socialistas para justificar el levantamiento revolucionario planeado por ellos mismos durante nueve meses. El Gobierno que Lerroux presidió durante la tercera fase, entre 1934 y 1935, fue una coalición de centro-derecha que avanzó hacia posiciones más conservadoras, revisando algunas de las reformas anteriores. Como señaló irónicamente el veterano socialista Julián Besteiro, en ese momento el Partido Socialista Obrero Español tenía más rasgos propios de una organización fascista que la CEDA.

El Gobierno de centro-derecha se vino abajo abruptamente a finales de septiembre de 1935 como consecuencia del escándalo del «Estraperlo», un asunto turbio en el que el Gobierno se vio involucrado. Tras las investigaciones del tribunal se encontraron evidencias de que varios políticos radicales estaban envueltos en el asunto. Esta situación benefició a Alcalá-Zamora, que buscaba la destrucción de Lerroux, uno de sus dos principales rivales, y deseaba igualmente la eliminación del Partido Radical.

MANIOBRAS DE ALCALÁ-ZAMORA Y ELECCIONES DEL FRENTE POPULAR

El último Gobierno parlamentario de coalición mayoritaria normal duró solo dos meses. El día 11 de diciembre de 1935 el presidente recibió a Gil-Robles, el único candidato realmente serio y capaz de formar un Gobierno parlamentario normal con una mayoría de votos. Gil-Robles vio claro que Alcalá-Zamora había decidido disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones. El presidente insistía en ello en el momento más inoportuno. Por un lado, una disolución prematura daría una oportunidad inmerecida a las izquierdas para reconstituir su poder.

Por otro, Alcalá-Zamora obraba para destrozar al único partido importante de centro, eliminando al único posible aliado moderado importante del partido católico. Parece ser que Alcalá-Zamora no dejó de intrigar un solo momento. El día 12 de diciembre, tras quemar los puentes con Gil-Robles, el presidente invitó a una audiencia presidencial al centrista Portela y a su antiguo colaborador, Miguel Maura. Así, el 14 de diciembre se anunció un nuevo Gobierno, una coalición centrista claramente minoritaria compuesta por diputados independientes y miembros de partidos menores.

Se decidió que no se sometería a una votación parlamentaria porque Alcalá-Zamora echó mano de la prerrogativa presidencial para cerrar las Cortes durante treinta días. Irónicamente, el Gobierno republicano de Alcalá-Zamora se convertía así en una versión elaborada del caciquismo clásico. Se convocaron elecciones con fecha del 16 de febrero. Elecciones muy enturbiadas por las noticias de motines y alteración de votos por parte de las turbas izquierdistas.

Las noticias que iban llegando sobre los incidentes hicieron que Franco desde su despacho del Ministerio de Guerra, alarmado por los acontecimientos, telefoneó al director de la Guardia Civil, para insistir en la necesidad de decretar el estado de guerra. Franco despertó a Nicolás Molero, ministro de Guerra, y le convenció de ello. Cuando los ministros se reunieron a última hora de la mañana, Molero defendió la necesidad de decretar el estado de guerra, y el Consejo aprobó la petición. Pero el presidente solo permitió el estado de alarma, que se limitaba a la censura de publicaciones y a las restricciones del derecho de reunión pública.

Pero Alcalá-Zamora también comenzaba a inquietarse y por eso entregó a Portela un decreto de estado de guerra, firmado pero sin fecha, que este podría utilizar en el futuro si la situación se deterioraba aún más. Solo llegaban noticias de nuevos motines y desórdenes y, a pesar de las presiones de Alcalá-Zamora para que se mantuviera en el poder, Portela terminó dimitiendo.

Con esta dimisión no quedaba más opción que pedir a Manuel Azaña, a quien el Frente Popular ya había designado, que formara un Gobierno el mismo día. Así, el 20 de febrero y contrariamente al espíritu y la práctica de los procedimientos republicanos, un nuevo Gobierno de izquierdas pudo validar su propia victoria electoral.

EL NUEVO GOBIERNO DE AZAÑA

Febrero – marzo 1936. El nuevo Consejo de Ministros, bajo la presidencia de Manuel Azaña, se formó rápidamente la tarde del miércoles 19 de febrero de 1936. El objetivo básico del Gobierno de Azaña era cumplir con el programa del Frente Popular, que prometía llevar a cabo la «republicanización» total de las instituciones de España, acompañada de cambios sociales y económicos mucho más amplios que los de 1931-1933.

Desde el primer momento, sin embargo, la calma era inexistente y el orden público se convirtió en el principal problema. Stanley G. Payne nos cuenta en este capítulo todo el sin fin de tejemanejes, altercados violentos y desórdenes civiles que se fueron sucediendo. En este ambiente, las Cortes se abrieron el 15 de marzo con una sesión pro forma presidida por el «presidente de edad» cuya negativa a cerrar la sesión con un «¡Viva la República!» provocó que diputados comunistas, por vez primera, entonaron La Internacional en el Parlamento español.

COMIENZA LA PRIMAVERA TRÁGICA

Después de la cuestión del orden público, el mayor problema que debía afrontar el Gobierno de Azaña era satisfacer las reclamaciones laborales y económicas de los movimientos obreros revolucionarios. El paro seguía creciendo. Aunque la economía se estaba recuperando desde 1935, no había incidido aún en el número de desempleados. Las tensiones eran agudas en los sectores urbanos, pero aún más fuertes en el campo. El 3 de marzo, los habitantes de Cenicientos, una pequeña localidad de la sierra madrileña, llevaron a cabo la primera ocupación de tierras que afirmaban estar en estado de abandono.

Esta fue la primera de una larga serie de ocupaciones de tierra -directas e ilegales- que afectaron a decenas de pueblos y a miles de jornaleros y minifundistas. El Gobierno pretendía acelerar la reforma agraria con una nueva legislación que se presentó en las Cortes el 19 de abril, mediante la cual cualquier propietario podía estar sujeto a la confiscación de sus tierras.

Y aún más, el 2 de junio las Cortes votaron la devolución de todas las tierras que les habían sido concedidas a los nuevos arrendatarios durante el bienio de centro-derecha. Entre los meses de marzo y julio de 1936, el Instituto de Reforma Agraria redistribuyó un total de 572.055 hectáreas de tierra a 110.921 trabajadores y arrendatarios, más tierra que en los cinco años anteriores de la República.

Y la mayor parte de esta tierra se expropió a los ricos. El Gobierno siguió la política contradictoria de ampliar las categorías presupuestarias importantes y mantener un rumbo más intervencionista. Se aumentó el gasto en casi todas las partidas. El 3 de marzo el Gobierno decretó la recontratación e indemnización de los trabajadores despedidos por motivos políticos. El Gobierno se enfrentó a una avalancha de demandas laborales. Los costes de mano de obra crecieron de manera vertiginosa y, durante la primavera, aumentó el número de quiebras.

En el plano educativo, desde el Ministerio de Educación se anunciaron planes para cerrar aquellos colegios en los que el personal religioso estaba todavía encargado de la enseñanza. Y se procedió a la confiscación de los colegios privados, algo de dudosa legalidad. Durante el mes de abril, los desórdenes fueron aumentando cada vez más. Los incidentes más notorios tuvieron lugar en Madrid cuando el 14 de abril, durante el desfile del Día de la República, los altercados acabaron con un guardia civil muerto. Esto propició una gran manifestación derechista que culminó en batalla en las calles de Madrid.

Mientras, las relaciones entre Azaña y el presidente eran cada vez más tensas y la campaña de las izquierdas contra Alcalá-Zamora se intensificó en la segunda mitad de marzo. Se especuló con que el presidente pudiera destituir a Azaña y pedir a un centrista que formase Gobierno. Su enfrentamiento y alejamiento de las ideas de Azaña era notorio y así quedó patente en la sesión final del Consejo de Ministros del 2 de abril, presidido por Alcalá-Zamora, y en el que denunció las recientes medidas inconstitucionales que había adoptado el Gobierno.

La sesión terminó tras otro intercambio furioso entre los dos. La prensa, a su vez, no dejaba de especular con un posible cambio de Gobierno. Los líderes izquierdistas parecían ser conscientes de que Alcalá-Zamora estaba jugando con la idea de destituir al Gabinete de Azaña. Su destitución y reemplazo por un presidente izquierdista eliminaría el peligro. 238 diputados votaron a favor de la propuesta que significaba su destitución, y solo cinco diputados del pequeño grupo de Portela votaron «no», mientras que las derechas y el resto del centro se abstuvieron.

Alcalá-Zamora escribió el día 8 en su diario: Hacia las once de hoy me visita un coronel de Estado Mayor. Viene de uniforme, a pedir en nombre del Ejército que en respuesta al golpe de Estado de la Cámara, o, sin el poder legislativo, firme un decreto destituyendo al Gobierno de Azaña, y [dé] así más fuerza moral a su inevitable y decidida intervención, que salve al país de la anarquía dentro de la República. Azaña parecía ser consciente de que su Gobierno vigente, técnicamente minoritario, no era capaz de gobernar con efectividad. Pero consiguió hacerse con la Presidencia de la República.

ÚLTIMAS SEMANAS: JUNIO-JULIO 1936

Las divisiones del país no eran meramente sociales y verticales, sino también regionales y horizontales. La marea de cambios desatada por la victoria del Frente Popular aceleró las actividades de los movimientos autonomistas y regionalistas. A la restauración de la autonomía catalana siguió una nueva iniciativa de los nacionalistas vascos.

El efecto contagio dio energías a las fuerzas autonomistas en todas las grandes regiones. Con campañas por la autonomía desarrollándose en toda España, existían peticiones tanto de las derechas radicales como de las izquierdas revolucionarias para la completa normalización del proceso. El 20 de mayo, Calvo Sotelo declaró a ABC que deberían existir estatutos de autonomía para todas las regiones o para ninguna. Tras la celebración de una reunión especial de los diputados del Frente Popular y las visitas de la Comisión Ejecutiva socialista al jefe del Gobierno, que tuvieron lugar el 9 y el 10 de julio, renacieron las especulaciones acerca de un posible cambio gubernamental.

Con todo, la violencia continuaba y el 2 de julio empezó en Madrid otra secuencia de asesinatos políticos. La noche del sábado 11 de julio tuvo lugar un grave incidente en Valencia, cuando cuatro falangistas armados se hicieron brevemente con el control de los micrófonos de Radio Valencia para anunciar el inminente estallido de la «revolución nacional sindicalista» falangista. Solo quedó sofocado cuando se mandó a las calles un regimiento de artillería.

Estos conflictos eran hostilidades entre conocidos y vecinos… Los mandos militares, llegaron a ser un factor fundamental, a veces determinante, de la vida política de España Con las fuerzas civiles tan débilmente organizadas y movilizadas, la alternativa militar parecía casi natural, casi inevitable. Durante toda la época «pretoriana» del ejército español, de 1814 a 1936, los valores políticos de los oficiales militares no cambiaron tan drásticamente como parecía. La gran mayoría de los oficiales siempre fueron obedientes al mando.

En las primeras décadas, los activistas militares estaban moderadamente a la izquierda; en la Restauración, en el centro, y solamente con la radicalización de la vida política en la primera parte del siglo XX se movieron más hacia la derecha, hasta el punto de que el general Miguel Primo de Rivera llevó a cabo el último pronunciamiento clásico en la historia de España, convirtiéndose en el primer dictador militar, de forma directa, de la Historia de España.

Representó una radicalización de la política. Manuel Azaña fue el primer ministro de Guerra republicano y llevó a cabo una serie de medidas para reestructurar las instituciones militares reduciendo el número de oficiales. Intentó «republicanizar» el ejercito, algo que en última instancia llegó a ser contraproducente, pues inspiró cierto antirrepublicanismo que al comienzo no existía. La insurrección militar que emergió finalmente fue complicada, incierta y lenta, pero supuso el detonante de una gran guerra civil.

Figuras como Franco o Mola, militares de toda la vida, cobraron un protagonismo de primera línea para el desenlace de los acontecimientos. Y llegaría el asesinato de Calvo Sotelo y la sublevación militar. Calvo Sotelo no veía otra solución a los problemas de España que la imposición de un régimen autoritario, y el hecho de que estuviera dispuesto a adherirse públicamente a una rebelión le convirtió en el principal objetivo concreto de las izquierdas.

El líder monárquico se encontró sentado en el camión de la Guardia de Asalto, y Luis Cuenca le disparó dos tiros en la nuca, al estilo soviético, matándole casi al instante. El 13 de julio comenzó una investigación y a mediodía se encontró su cadáver.

Nunca se sabrá exactamente del grado de complicidad de los jefes socialistas en este asesinato. Pero aunque se prometió una investigación, el Gobierno no hizo gesto político alguno de conciliación. Impuso la censura inmediata para ocultar la verdad y no se hizo un verdadero esfuerzo por capturar a los responsables directos del crimen. Al contrario, unos días después los asesinos serían ascendidos a puestos de mayor responsabilidad.

Tras el asesinato de Calvo Sotelo, Azaña se negó a sustituir a Quiroga al frente del Gobierno alegando que si aceptaba le haría parecer responsable del magnicidio. Esta decisión fue de una torpeza e irresponsabilidad realmente extraordinarias, incluso para el propio Azaña, según el autor.

Este asesinato era, sin embargo, una especie de crimen de Estado que requería una rectificación. Azaña debió haber tomado una decisión inmediata para cambiar la política del Gobierno, instaurar un verdadero sistema de seguridad, aplicar la ley y la Constitución, y dar garantías a las derechas.

Esta era su última oportunidad, pero no hizo absolutamente nada, permitiendo que el país se deslizara cada vez más hacia una situación de guerra civil, que era la decisión política tomada conscientemente por el Gobierno de Casares Quiroga.

El 17 de julio, unas horas antes de que la rebelión militar comenzase en el Protectorado de Marruecos, Dimitrov y Manuilsky, representantes de la Comitern Comunista, enviaron un telegrama urgente al politburó del PCE en el que insistían en que se tomasen medidas excepcionales e inmediatas para desbaratar «la conspiración fascista» y evitar el peligro de una guerra civil.

Autor

Luis Balcarce

Desde 2007 es Jefe de Redacción de Periodista Digital, uno de los diez digitales más leídos de España.

Recibe nuestras noticias en tu correo

Lo más leído