Crucifijos y patronazgos de la Virgen, en los tribunales
La batalla del laicismo contra los símbolos religiosos en la esfera pública se dirime ante la Justicia. El conflicto ha llegado ahora al Tribunal Constitucional, cuya Sala Segunda debatirá en los próximos meses si posee encaje en la Carta Magna que una asociación de afiliación obligatoria tenga una virgen como patrona. Lo cuenta Ángel Munárriz en Público.
El Constitucional admitió en junio la demanda del letrado José Antonio Bosch, que pretende que el Colegio de Abogados de Sevilla, como corporación pública de derecho, renuncie al patronazgo de la Inmaculada Concepción.
Este caso se suma a varios más que, desde 2007, han ido desembocando en los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) autonómicos. Los individuos o asociaciones laicas demandantes apelan al artículo 14.1 de la Constitución, que señala que no puede «prevalecer discriminación por razón de religión», y al 16.3, que establece que «ninguna confesión tendrá carácter estatal».
El camino judicial hasta los TSJ suele estar plagado de reveses para los demandantes. A falta de un criterio unificado, prevalece el argumento de que la tradición y la historia justifican una vinculación especial de las Administraciones Públicas con el catolicismo.
El caso del colegio público Macías Picavea, en Valladolid, constituye una excepción. Los crucifijos fueron retirados del centro en abril en aplicación de una sentencia del Juzgado Contencioso número 2. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCL) debe decidir ahora sobre el recurso presentado contra esta sentencia por la Junta, gobernada por el Partido Popular.
Hay más frentes abiertos a la espera de fallo. Los TSJ de Andalucía y Madrid estudian desde noviembre de 2007 las demandas presentadas por dos guardias civiles que reclaman la retirada de la imagen de la Virgen del Pilar, patrona del cuerpo, del cuartel de Almodóvar del Río (Córdoba).
La asociación Alternativa Laica también se topó con la inadmisión de los juzgados de su recurso contra la renovación del dogma de fe de la Inmaculada por parte del alcalde de Toledo, el socialista Emilio Pérez-Lage. La asociación acudió el mes pasado al TSJ de Castilla-La Mancha.
Nueva ley
Estos procesos judiciales se arbitran en paralelo a la elaboración, por parte del Ministerio de Justicia, de una ley que prevé la supresión de los símbolos religiosos de los edificios públicos.
Es seguro que la norma no liquidará el conflicto. La Federación Española de Centros Católicos y la Federación Andaluza de Enseñanza Privada ya han anunciado que acudirán a los tribunales si se retiran los crucifijos de las aulas.
