No se puede utilizar al inmigrante como chivo expiatorio en tiempos de crisis
El proyecto de Ley de Extranjería (LOEX) que mañana se debate en el Congreso de los Diputados «cosifica al ciudadano extranjero no comunitario y lo asimila a una mera herramienta de trabajo«, según denunciaron ayer las principales entidades sociales que trabajan con los inmigrantes. En un comunicado conjunto, Cáritas, CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) y la Red Acoge se mostraron sumamente críticos ante la propuesta presentada por el Gobierno al Parlamento y que, en su opinión, «dificulta la integración, estigmatiza y criminaliza» al inmigrante, que ve restringidos sus derechos fundamentales y que «les reduce a mera mercancía, mano de obra». El texto ha sido asumido también por USO y la Coordinadora de ONG para el Desarrollo.
«La reforma nos afecta a todos, ya que pone en riesgo el futuro de inclusión que perseguimos, limita seriamente los derechos fundamentales de los migrantes y supone un retroceso en la construcción de un verdadero espacio de libertad, justicia y convivencia», objetaron los responsables de estas entidades, quienes insistieron en que, con la actual redacción de la norma, «perdemos todos: nuestra sociedad retrocede y también los derechos de los inmigrantes«.
En ese documento (que ha sido presentado a todos los grupos parlamentarios, aunque ni PP ni IU han recibido todavía a las entidades sociales), CEAR, Acoge y Cáritas comienzan considerando «poco oportuno» el momento para acometer esta reforma, alertando de «los riesgos de que se realicen lecturas inadecuadas» de la crisis económica, de tal modo que se puedan «vincular, de manera simplista y peligrosa, crisis e inmigración«. Por ello, consideran imprescindible «transmitir a nuestra sociedad un mensaje integrador de alerta contra la xenofobia y el racismo, que ataje el riesgo cada vez más visible de incremento de racismo y xenofobia, de utilización, una vez más, al inmigrante como chivo expiatorio en tiempos de crisis».
Así, afirman que la futura LOEX «refuerza una percepción que estigmatiza al inmigrante», al endurecer el régimen sancionador y la ampliación del internamiento en los CIES (centros de internamiento) de 40 a 60 días, cuando la estancia media, en la actualidad, no supera el mes. «Hay una obsesión por el control y por la seguridad», subrayó Alfredo Abad, secretario general de CEAR, quien añadió que «algunos aspectos del proyecto de Ley son claramente inconstitucionales«.
«Examinando con detenimiento los dos argumentos principales que se han presentado para justificar la reforma -los imperativos de las sentencias del Tribunal Constitucional y de la normativa europea- no encontramos explicación para el recorte de derechos que se ha introducido», continúa el documento, que pese a todo valora que se reconozcan en el proyecto los derechos de asociación, reunión, sindicación y huelga a los extranjeros en situación irregular. Sin embargo, temen que «se aproveche esta ocasión para recortar otros», especialmente en lo referente al acceso al empadronamiento, el derecho a la educación, el acceso a la vivienda y a los servicios sociales y sanitarios básicos, el acceso al derecho a justicia gratuita o la reagrupación familiar.
A todo ello se añade también las serias restricciones que se introducen en el funcionamiento de los centros de internamiento para extranjeros y en el régimen sancionador para el migrante y el empleador.
Para Cáritas, CEAR y Acoge, el proyecto de reforma supone «un retroceso legal en toda regla«, y aportan cuatro motivos fundamentales: «la política de inmigración se regula respondiendo a la crisis, se cambia la normativa a la baja en cuanto a garantía de derechos, refuerza la percepción del inmigrante como mercancía y, por tanto, se dificulta la integración y alimenta una percepción que estigmatiza al inmigrante, en especial al que está en situación administrativa irregular».
Y es que «no existe delito alguno, ni el migrante es un delincuente«, recuerdan CEAR, Acoge y Cáritas, que admiten que la reforma es necesaria, pero para que sea «entendida como una oportunidad» para «construir una mejor sociedad de acogida en una coyuntura de especial dificultad, que propicie un consenso social orientado a alcanzar un Pacto de Estado sobre el hecho migratorio y que permita asentar las bases para un nuevo modelo de sociedad abierta a los valores de la diversidad, la solidaridad, la participación y la integración».
