Si tenemos que sufrir el martirio, lo sufriremos, pero no claudicaremos en nuestros compromisos de fe
La iniciativa para instar al Gobierno a que retire los símbolos religiosos de las escuelas, aprobada ayer por el Congreso de los Diputados, ha causado un profundo malestar en el mundo católico. Especialmente incisiva ha sido la secretaria general de la Provincia Eclesiástica de Madrid, María Rosa de la Cierva, quien en una entrevista concedida a RD muestra su «sorpresa» ante una propuesta que «no viene a cuento» y que demuestra cómo, en su opinión, «hay algunos políticos que, sin más, lo que les satisface es atacar a la Iglesia«.
«Me supone un profundo dolor, como católica, esa aversión a nuestra fe y a sus signos«, argumenta De la Cierva, quien sin embargo opina que esta polémica «sin duda, nos hará más firmes». La decisión de la comisión parlamentaria es «lamentable e inoportuna y, por supuesto innecesaria«. A los católicos, opina la religiosa, miembro del Consejo Escolar del Estado, «estos ataques nos estimulan a una mayor fe y testimonio de nuestra fe en Jesucristo. Si tenemos que sufrir el martirio, lo sufriremos, pero no claudicaremos en nuestros compromisos de fe».
¿Por qué ahora? «Porque hay que distraer de los problemas que sufrimos: crisis económica que, en realidad es crisis de valores, paro, corrupción política, … en vez de hacerse una llamada todos los políticos a la honradez en el ejercicio de sus cargos, es más fácil, lanzar un nuevo dardo a la Iglesia Católica que exigirse la honradez política y social», sostiene De la Cierva, quien espera que igual que en Italia «Berlusconi ha afirmado que no se retirará el crucifijo, aquí menos aún. Ojalá tuviéramos el apoyo del Presidente del Gobierno«.
Por su parte, el presidente de Concapa. Luis Carbonell, sostiene que la iniciativa aprobada ayer, «se asienta en la falsedad de una jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos inexistente, puesto que la sentencia de referencia ha sido recurrida». En su opinión, esta sentencia «viola los derechos y libertades de los padres a educar según nuestros principios; de los alumnos, a los que se les cercena su libertad religiosa; y de los centros, por cuanto no se respeta su ideario«.
En cuanto al momento elegido para sacar a la luz esta iniciativa, Carbonell opina que «se debe a que la estrategia política de dividir al país está dándole réditos electorales al Gobierno y a su incapacidad de solucionar la educación española. Ahora por la ideología totalitaria y laicista que se pretende imponer a todos los españoles».
¿Persecución contra el crucifijo? El presidente de Concapa lo tiene claro: «Existe una persecución contra todos aquellos que no compartan la ideología del Gobierno y se atrevan a profesar una fe, o tienen unas ideas donde priman la libertad y la dignidad de la persona. Esta persecución es evidente que se produce contra el ideario católico y el humanismo cristiano».
Finalmente, la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) espera que esta propuesta no prospere y que, en virtud de los acuerdos Iglesia-Estado, no se traslade a nuestro ordenamiento jurídico «la jurisprudencia establecida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, respecto del artículo 9 del Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales». Esta institución, además, recuerda que es inviable que los crucifijos, o cualquier otro símbolo religioso, sea retirado de los centros no estatales ya que se estaría atentando contra el carácter propio de los mismos, amparado por el artículo 27 de nuestra Constitución.
Por otro lado, la CECE recuerda que es paradójico que desde algunas fuerzas políticas, que siempre se vanaglorian de conseguir sus iniciativas por mayoría, no se tenga en cuenta que la gran mayoría de las familias españolas, exactamente un 82%, demanda la enseñanza religiosa para sus hijos.
Finalmente, esta Confederación quiere llamar la atención sobre el daño que estas iniciativas hacen al debate educativo ya que no son más que maniobras de distracción para desviar del interés público las cuestiones que verdaderamente deberían estar tratadas en las Comisiones de Educación: el fracaso escolar, la escasa valoración docente, la carrera profesional, los casos de acoso, etc…