El Protectorado de Fundaciones respalda los contratos entre Mendoza y la sociedad a nombre de su hermano mientras un juzgado investiga
Cuenta M. Buitrago en La Verdad que la gestión económica de la Universidad Católica de Murcia (UCAM) y la operación de compra de los terrenos de Cartagena al Ministerio de Defensa para levantar el nuevo campus están a expensas de lo que decida el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid, que abrió diligencias a raíz de una denuncia presentada por un estudiante de Derecho de la Universidad de Murcia.
Días atrás prestaron declaración el presidente de la Fundación San Antonio, José Luis Mendoza, y su hermano en un juzgado de Murcia, en calidad de imputados de unos delitos que dicen desconocer, según el abogado José María Caballero.
Con el asunto judicializado, en palabras del letrado, la investigación camina por una senda que la UCAM considera despejada, ya que señala que cuenta a su favor con dos documentos del Ministerio de Educación y de la Unidad de Apoyo a la Fiscalía Especial contra la Corrupción que no observan ninguna irregularidad en las cuentas de la Universidad Católica.
En el primer caso, la Secretaría General Técnica de la División del Protectorado de Fundaciones señala, en un documento con fecha del 6 de junio, que la Fundación Universitaria San Antonio, propietaria de la UCAM, puede contratar directamente con el Centro de Estudios Universitarios San Antonio, dirigido por Vicente Mendoza. El Protectorado ratificó la facultad de autocontratación dentro de la UCAM, según certificó la jefa del Servicio, María Presentación Andrés Galgo.
Lo que trata de determinar el juzgado madrileño es si responde a la legalidad este procedimiento. El abogado explica que este oficio del Ministerio da la razón a la UCAM y que las fundaciones pueden apoyarse en sociedades instrumentales para darle oxigeno financiero, ya que el patrimonio de las fundaciones no es embargable. Esa sociedad es la que asume la capacidad financiera y el riesgo ante terceros, explica el letrado. Caballero cree que la situación quedará aclarada cuando se examine toda la documentación.
Subasta de Defensa
En relación a la compra de los terrenos del antiguo acuartelamiento de Los Dolores en Cartagena -que también investiga la Fiscalía Anticorrupción desde junio del año pasado-, existe un informe de la Unidad de Apoyo a esta fiscalía que señala que «el procedimiento de venta ha respetado las normas administrativas».
Fue el propio Ministerio Público quien pidió este informe sobre las posibles irrregularidades o trato de favor en el procedimiento de venta de esos terrenos por parte de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa. El escrito puntualizaba que en el expediente que estudió no figuraban las actas que declaraban desiertas las dos primeras subastas públicas.
El equipo jurídico que defiende a la Fundación San Antonio ha mostrado los sucesivos anuncios de subastas en el Boletín Oficial del Estado y de la Región de Murcia. En concreto, aparecen siete referencias oficiales entre los años 1999 y 2002 y tres anuncios en dos diarios nacionales y uno regional. La última referencia alude a un acta del 26 de septiembre del 2002 en el que se declaró desierta la subasta.
