Prohíbe la financiación pública a los Centros de educación diferenciada en contra de la LOE y de los tratados internacionales suscritos por el Estado Español
(Luis Centeno, Escuelas Católicas).- Hemos comentado recientemente el injustificable del Anteproyecto de Ley integral para la Igualdad de trato y la no discriminación elaborado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, que vulnera principios constitucionales.
Entre otras consideraciones, dicho Anteproyecto ignora la existencia de normas específicas sobre igualdad y no discriminación, conculcando el Capítulo Tercero del Título III de la Constitución; usurpa competencias propias de órganos constitucionales como el Defensor del Pueblo; no tiene en cuenta toda la extensa Jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la aplicación del Artículo 14 de nuestra Carta Magna; atribuye al Estado potestades punitivas propias del orden penal y a los sindicatos la condición de interesados en cualquier procedimiento administrativo (en contra de la jurisprudencia asentada que no les considera como «guardianes abstractos de la legalidad»); modifica las reglas de la carga de la prueba; establece un estatuto jurídico inaceptable de autoridad; prohíbe la financiación pública a los Centros de educación diferenciada en contra de la LOE y de los tratados internacionales suscritos por el Estado Español; se inmiscuye en la libertad personal en ámbitos como el trabajo autónomo o las relaciones contractuales entre particulares, etc.
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