La presidenta de la Unión de Asociaciones Familiares (Unaf), Julia Pérez, pidió este jueves a los gobiernos regionales que �no abandonen a las personas dependientes� y mostró su fuerte apoyo a la Ley de Dependencia por su espíritu de servicio público y por su compromiso social.
Tras los resultados del VII Dictamen del Observatorio de la Dependencia de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, según los cuales cinco comunidades autónomas (Canarias, Valencia, Asturias, Madrid y Baleares) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla suspenden en la aplicación de las prestaciones y servicios reconocidos en la Ley de Dependencia, Pérez pidió mayor compromiso en cuanto a la aplicación de la norma.
Los poderes públicos y la sociedad deben seguir trabajando en el desarrollo y aplicación de la Ley de Dependencia, «a pesar de las dificultades de la crisis económica», ya que «se trata de garantizar un derecho inherente al ser humano», dijo Pérez.
Además, señaló que �la necesidad de la ley queda más que constatada por la gran demanda de prestaciones desde su implantación�, con más de un millón y medio de solicitudes y cerca de 700.000 personas atendidas de acuerdo con las fuentes oficiales.
Pérez sostuvo que esta demanda tiene principalmente cara de mujer, debido a «su mayor esperanza de vida y a su situación de dependencia».
Asimismo, destacó la capacidad de la ley de generar empleo, ya que, según datos den Imserso, hay 110.841 nuevas afiliaciones de trabajadores y trabajadoras a la Seguridad Social entre 2007 y 2010, informó Unaf.
Finalmente, alabó la labor de los trabajadores sociales implicados en el desarrollo de esta ley y aplaudió el empuje que han dado a la norma las diputadas del Congreso Lucila Corral, Esperanza Esteve, María José Sánchez y M� Carmen García, que el pasado lunes recibieron el Premio Nacional del Trabajo Social por su compromiso en la elaboración y aprobación a la Ley de Dependencia.
