La política de promoción de la visita del jefe católico enfrenta no sólo el principio de uso correcto de fondos públicos, sino el principio de separación entre religión y Estado
Más información
El Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias preliminares contra el Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid a raíz de la denuncia presentada el pasado mes de agosto por la Asociación Preeminencia del Derecho, que denunció a ambas administraciones por ofertar el metrobús con descuentos de hasta el 80% respecto del precio oficial a favor de los asistentes a las Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) que se celebró en Madrid el pasado mes de agosto, con ocasión de la visita del Papa Benedicto XVI.
El órgano fiscal ha dado traslado de la denuncia tanto al Ministerio Fiscal como a la Abogacía del Estado y a los servicios jurídicos del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid a fin de que aleguen «a lo que ha su derecho convenga», según señala la diligencia de ordenación dictada por el director técnico del Departamento Tercero de Sección de Enjuiciamiento de este órgano, que es a la que ha correspondido el asunto.
El escrito de la asociación de juristas, presidida por el abogado murciano José Luis Mazón, se dirigía contra ambas administraciones «por ofertar precios públicos por debajo de coste o a pérdida de favor de los integrantes de la confesión religiosa católica» que acudieron a Madrid entre los pasados 22 y 25 de agosto.
Respecto del denunciante, la certificación del Tribunal de Cuentas, que tiene fecha del pasado 7 de octubre, le pide que manifieste si se constituye como parte en estas diligencias «en cuyo caso deberá ejercitar la acción pública para la exigencia de responsabilidad contable», debiendo concretar tanto las personas contra las que se dirige la acción como el importe en que cifra los perjuicios sufridos en los fondos públicos.
En su escrito, el abogado señalaba que las dos administraciones denunciadas se habían comportado «como simples apéndices del PP de Madrid», al que se refiere como «partido confesional católico».
«La política de promoción de la visita del jefe católico enfrenta no sólo el principio de uso correcto de fondos públicos, sino el principio de separación entre religión y Estado del artículo 16.3 de la Constitución», según añade la denuncia.
Por ello, finalizaba solicitando al Tribunal de Cuentas que «sean aplicadas las consecuencias legales a los citados organismos públicos y devuelvan sus altos gestores el dinero malversado para fines particulares descritos» (RD/Ep)
