Esperanza Aguirre, sobre los abonos: "Se hizo exactamente lo mismo que para acontecimientos deportivos"
(Jesús Bastante).- Tal día como hoy, hace dos meses, más de un millón de jóvenes se agolpaban entre la lluvia y el viento, en el aeródromo de Cuatro Vientos. El Papa que no quiso marcharse del estrado, pese a que los organizadores se lo pidieron hasta en tres ocasiones, contemplaba emocionado a miles y miles de rostros mojados pero felices, que habían llegado de todo el mundo para participar en la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid. Sesenta días después, y a la espera de que el futuro Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal lo resucite, apenas quedan ecos de la JMJ en nuestro país.
Y los que están surgiendo muestran, cuando menos, que algunas decisiones en materia de financiación del evento no estaban demasiado claras. Y la anunciada auditoría externa -cuyos resultados se esperaban en septiembre- todavía se hace esperar.
Hosteleros que denuncian no haber recibido aún el importe de los cheques con los que los jóvenes pagaron, pequeños empresarios que pueden llegar a cerrar y, sobre todo, la apertura de una investigación por parte del Tribunal de Cuentas ante un posible caso de competencia desleal -se ofertó un precio 80% inferior al normal, muy por debajo del precio del mercado-, dejan algunos «puntos oscuros» que no han sido aclarados por la organización de la JMJ, prácticamente desaparecida desde entonces. RD ha tratado de localizar al director general de la misma, Yago de la Cierva, infructuosamente.
Quienes sí han contestado han sido las dos administraciones denunciadas ante el Tribunal de Cuentas -la Iglesia no es responsable de los precios de los transportes-, Comunidad y Ayuntamiento de Madrid. En este sentido, la presidenta Esperanza Aguirre comentaba este mediodía que la actitud de la Consejería de Transportes «es exactamente lo mismo que se hizo para acontecimientos deportivos, un precio especial en vista del acontecimiento especial que tiene lugar».
El Tribunal de Cuentas ha dado traslado de la denuncia presentada por la Asociación «Preeminencia del Derecho» tanto al Ministerio Fiscal como a la Abogacía del Estado y a los servicios jurídicos del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid a fin de que aleguen «a lo que ha su derecho convenga», según señala la diligencia de ordenación dictada por el director técnico del Departamento Tercero de Sección de Enjuiciamiento de este órgano, que es a la que ha correspondido el asunto.
La denuncia aducía que ambas administraciones habían ofertado «precios públicos por debajo de coste o a pérdida de favor de los integrantes de la confesión religiosa católica«, acusando a Comunidad y Consistorio de comportarse «como simples apéndices del PP de Madrid», al que se refiere como «partido confesional católico». «La política de promoción de la visita del jefe católico enfrenta no sólo el principio de uso correcto de fondos públicos, sino el principio de separación entre religión y Estado del artículo 16.3 de la Constitución», según añade la denuncia.
También se refirió a la denuncia el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, quien insistió en que la denuncia será archivada, puesto que esta medida se aplicó de una forma «jurídicamente impecablemente«.
«Estamos absolutamente tranquilos», recalcó Cobo, quien garantizó que «la gestión del dinero público se ha realizado de acuerdo a la legislación vigente«.
Por otro lado, la organización no ha informado aún de los resultados de la auditoría externa, que supuestamente se ha encargado a Price Waterhouse, y cuyos resultados debían ver la luz a finales del mes pasado.
Con un presupuesto oficial superior a los 50 millones de euros -sin contar las aportaciones «en especie» de las Administraciones públicas ni las exenciones fiscales al ser declarada la JMJ evento de interés especial-, los organizadores insistieron días antes de que las jornadas dejarían en Madrid más de cien millones de euros en beneficios.
Sin embargo, y como informaba ayer la cadena Ser, varios hosteleros se han quejado de que se les adeudan grandes cantidades de dinero, que especialmente en los pequeños comercios podrían amenazar la viabilidad de los mismos. La emisora pone el ejemplo de un hostelero del barrio de Hortaleza, al que se le adeudan 450 vales de 6 euros cada uno. En total se le adeudan 2840’50 euros, una cifra considerable para mantener el día a día de su negocio.
El problema es que Fehrcarem, la asociación que ganó el concurso para gestionar los menús de los preregrinos, se resiste a pagarle. Dicha asociación explica que fue la Conferencia Episcopal quien confió en ella para gestionar la alimentación de los peregrinos. La empresa alega que tan sólo no han pagado a 2 de cada 10 establecimentos, que cobrará todo el mundo y que quien no lo ha hecho es porque no siguió correctamente los trámites. La asociación firmó contratos con hosteleros que aceptaron el sistema de vales a cambio de entregar una comisión de 21 céntimos por cada cheque de 6 euros.
El valor total del concurso de la Conferencia Episcopal para gestionar la restauración de la JMJ ascendió a 15 millones de euros, de los cuales la empresa se quedará con el 3’52%. Pero de esa cantidad la empresa reintregará el 20% a la Iglesia en concepto de donativo.
