"La laicidad no significa indiferencia, pasividad o ignorancia, sino la convivencia de ambas esferas"
Los participantes han expuesto sus conocimientos y opiniones sobre el tema de la ‘Libertad y Conciencia’ en una de las mesas redondas, enmarcadas en el XIII Católicos y Vida Pública ‘Libertad Religiosa y Nueva Evangelización’.
Para el Catedrático de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado, de la Universidad Complutense, Rafael Navarro-Valls, estamos ante un ‘Big Bang’ de la objeción de conciencia y explica que «cuando ésta, mira a la vida humana no es ilegalidad más o menos consentida sino que es una manifestación de un derecho fundamental de las actuales democracias: la libertad de conciencia».
Por su parte, Esteban Rodríguez Martín, Doctor en Medicina, especialista en Ginecología y Obstetricia y miembro de la plataforma Ginecólogos por el Derecho a Vivir, define también la libertad de conciencia como derecho fundamental y asegura que actualmente la dignidad humana y los derechos fundamentales han sido vulnerados.
Por ello, propone una reflexión sobre la aparición de una nueva ideología, que «pretende regular, restrictivamente, la libertad de conciencia como medio de controlar a una categoría de ciudadanos vinculados por una profesión común para garantizar la destrucción de la vida en el ámbito sanitario».
El ponente afirma que no es respetable que un médico asuma como deber participar en procesos contra la vida humana aunque oponerse conlleve renuncias y sufrimientos y añade «los médicos como yo, estamos siendo discriminados por negarnos a hacer nuestra función que es crear vida, y no destruirla».
Rodríguez Martín defiende que «somos hombres libres, no esclavos» y por ello «nuestras conciencias no son propiedad del Estado». Insiste en que» nuestra libertad y dignidad son regalos del cielo a los hombres, los príncipes de este mundo, tibios o plenos de engaño y mentira, podrán tener sobre nosotros el poder, pero nunca el derecho».
En la mesa redonda también ha participado el profesor de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad del Sagrado Corazón de Milán, Mario Sina, que ha explicado la libertad de conciencia desde el punto de vista de ésta en relación con la libertad religiosa, de la mano de John Locke, concluyendo con los derechos de la fe en relación con los derechos a la verdad y libertad de conciencia.
Las relaciones entre Iglesia y Estado acerca de los conceptos de laicidad, laicismo y convivencia han centrado las ponencias de la segunda mesa redonda en la primera jornada del XIII Congreso Católicos y Vida Pública.
Teófilo González Vila, catedrático de Filosofía, ha presentado el tema con una explicación del significado de los conceptos, «cuya definición en España ha generado gran controversia». El moderador ha diferenciado una «laicidad que haga de la libertad religiosa una apuesta del Estado democrático» de un «laicismo que profesa la no religión» hasta el punto de considerar la primera como una «exigencia, conducción y garantía» y el segundo como elemento «contra el pluralismo y la democracia».
Javier Barraycoa Martínez, profesor de Sociología y de Opinión Pública y vicerrector de Investigación de la Universidad Abat Oliba CEU, ha comentado que la consideración de un estado laico frente a otro teocrático sólo valdría si «no se pusiera en duda que la autoridad viene de Dios».
También ha criticado la consideración de lo espiritual «reducido a la esfera de lo individual y separado de la vida pública». Para el docente, el ámbito religioso y el civil poseen autonomía pero mantienen ámbitos comunes, aunque existe «un factor de subordinación del segundo al primero en cuanto a lo moral». Por ello, «lo temporal no tiene una autonomía absoluta».
Barraycoa se ha adherido con firmeza a la sana laicidad, término acuñado por Benedicto XVI en vez de considerar «neutral al estado laico moderno, que arrastra secuelas del proceso de apostasía en Occidente y que ha llevado a una negación de la tradición católica». Por último, ha explicado las dificultades que exige explicar el uso del «mal menor».
Eugenia Relaño Pastor, asesora del Área de Migraciones e Igualdad de Trato de la Oficina del Defensor del Pueblo y profesora de Derecho Eclesiástico en la Universidad Complutense, ha expuesto el origen del término laicidad y su apuesta por una de tipo positivo. Los derechos radican en el ciudadano, no en el Estado; este tiene el deber de «cooperar y tener en cuenta las relaciones con la Iglesia Católica».
Así mismo, ha afirmado que «la laicidad no significa indiferencia, pasividad o ignorancia, sino la convivencia de ambas esferas. No solo ha de respetar las creencias del ciudadano, sino posibilitar la expresión de su libertad religiosa». El laicismo viene de la consideración del Estado «como absolutamente ajeno a lo religioso». Beligerante, quiere «desproveer al ciudadano de las manifestaciones de este tipo».