Todos los partidos la tachan de "ofensiva" e invitan a continuar con las acciones legales pertinentes
Una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) ha dado la razón a la Generalitat de Cataluña en su disputa con el Gobierno de Aragón sobre los bienes artísticos del Monasterio de Sijena (Huesca) que el Gobierno catalán compró en los años ochenta.
El fallo judicial pone así fin al litigio que el Gobierno de Aragón inició en 1997 para recuperar el tesoro artístico que, aunque primero estuvo depositado en el Monasterio de Sijena custodiado por la Orden de San Juan, cuando fue comprado por la Generalitat (1983) ya estaba en tierras catalanas –Valldoreix (Barcelona)–, a donde ya se habían trasladado los religiosos en 1970.
Estos objetos fueron depositados en el Museo Diocesano de Lérida, pero además, en 1992, la Generalitat compró otros bienes que habían sido previamente depositados en el Museo Nacional de Arte de Catalunya (MNAC) y en el Centro de Restauración de la Generalitat.
El fallo judicial considera que, «al ejercer su competencia sobre bienes que se hallan en su territorio, con independencia de cuál sea el origen de los mismos, Cataluña viene cumpliendo la señalada función de preservación del patrimonio histórico y artístico de España«.
El juez rechaza así los argumentos del Gobierno de Aragón que pretendía ejercer su «derecho de retracto» sobre estos bienes porque, además, entiende que estaría extralimitándose en sus competencias y menoscabando las de Cataluña. (RD/Ep)
Indignación en Aragón
Todos los partidos con representación en las Cortes de Aragón han expresado hoy su rechazo, con mayor o menor intensidad, a la sentencia del Tribunal Constitucional que impide al Gobierno aragonés ejercer sus derechos sobre los bienes del Monasterio de Sigena (Huesca) que fueron vendidos entre 1983 y 1992 a la Generalitat de Cataluña.
La crítica más severa ha sido pronunciada por la portavoz parlamentaria de CHA, Nieves Ibeas, que ha tachado la resolución de «cobarde, discriminatoria y ofensiva para el pueblo y las instituciones aragonesas, y para quien supone, además, un «ataque» al Estatuto de Autonomía de la Comunidad.
Ibeas, la única portavoz que no expresado textualmente su intención de acatar la sentencia, ha asegurado que con su decisión, el pleno del Constitucional «legitima el expolio» de los bienes de Sigena y «despoja» a Aragón del derecho de acudir a la jurisdicción ordinaria en defensa de sus derechos.
Ha tachado, además, de «incoherente, incongruente e insultante» que los argumentos jurídicos admitan que el conflicto corresponde en principio a los tribunales civiles ordinarios y, sin embargo, anule en su fallo las órdenes dictadas por el Gobierno aragonés para exigir la aplicación de un derecho de retracto sobre los bienes.
Ibeas, para quien los votos particulares contra la sentencia demuestran que al anular la orden de derecho de retracto «se está anulando nuestro Estatuto», ha anunciado la decisión de su grupo de llevar a cabo distintas iniciativas «en defensa de la dignidad de Aragón» y para exigir al Gobierno de la Comunidad que adopte iniciativas.
El portavoz del PAR, Alfredo Boné, ha asegurado acatar pero no compartir una sentencia que, a su juicio, no supone el final del proceso de reivindicación del patrimonio histórico aragonés, sino que constituye una «etapa nueva en la lucha» en defensa de los bienes histórico artísticos de la Comunidad.
El responsable político ha tachado la resolución de «injusta y controvertida», en alusión a los votos particulares de cuatro de los magistrados, y ha subrayado que las «irregularidades» que se produjeron en el proceso de venta de los bienes del Monasterio y la falta de «lealtad institucional» por parte de las autoridades catalanas al no informar de la compra han provocado la actual situación.
Boné ha criticado la existencia de «dos tablas de medir» para las reivindicaciones de los distintos territorios, y, tras exigir «respeto y dignidad» para los aragoneses, ha reprochado al Constitucional que «lo que sirve para los papeles de Salamanca debe servir también para Aragón».
El político aragonesista, para quien el conflicto es una «cuestión de estado» para Aragón, ha anunciado la presentación de una iniciativa parlamentaria para la consecución de una posición unánime en defensa del patrimonio histórico propio.
El portavoz del PP, Antonio Torres, también se ha mostrado crítico con la sentencia del Constitucional, cuya tardanza en ser hecha pública ha calificado de «inconcebible».
Ha explicado que el posicionamiento de los magistrados que expresaron su rechazo mediante votos particulares demuestra que existen argumentos todavía para defender tanto una posición como la contraria.
Por esta razón, ha mostrado la disposición de su partido a «seguir luchando con todos los medios legales a su disposición para que este conflicto y otros que siguen pendientes se puedan resolver y los bienes reclamados puedan volver».
Para Torres, el origen catalán del ponente de la sentencia y su publicación después del fallo emitido sobre la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña son «muchas coincidencias», aunque ha asegurado no tener «elementos objetivos» para valorarlas.
El portavoz del PSOE, Javier Sada, también ha mostrado su disposición a acatar una sentencia cuyo contenido ha asegurado no compartir y cuyo carácter «controvertido» permite a Aragón, moral e históricamente, seguir reivindicando los bienes del Monasterio de Sigena.
Tras expresar su convencimiento de que dichos bienes son «sin duda aragoneses», el diputado socialista ha instado al Gobierno de Luisa Fernanda Rudi a servirse de todas las vías posibles, tanto jurídicas como políticas, para conseguir la devolución de los bienes.
Ha rechazado, además, que la sentencia del Constitucional pueda constituir un precedente perjudicial para los intereses de Aragón en el conflicto por los bienes de las parroquias de la Franja aragonesa, al ser ésta una «cuestión juzgada» y favorable a los intereses de la Comunidad.
Por último, la diputada de IU Patricia Luquín ha criticado la tardanza acumulada por el Constitucional en la resolución del conflicto mediante una sentencia cuyo contenido ha asegurado no compartir ya que «limita la operatividad del Estatuto de Autonomía de Aragón».
Según ha explicado, «la sentencia nos dice que como esos bienes ya están en otra comunidad autónoma no podemos ejercer competencias para defenderlos, o sea se nos impone un límite territorial que haría que una parte de nuestro Estatuto quedara vacío».
Luquín, que se ha mostrado «pesimista» con las opciones de Aragón ya que la sentencia es «difícilmente recurrible», la resolución no contribuye a resolver el conflicto sino a «enrevesarlo».
Ha lamentado la «ineficacia e inactividad» de los sucesivos gobiernos de Aragón en defensa del patrimonio de la Comunidad, y ha instado al actual Ejecutivo a «liderar» las posibles vías existentes para «seguir trabajando» para la recuperación de los bienes. (RD/Agencias)
