El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía señalaba en el fallo: "el tema no deja de ser curioso"
El Obispado de Almería ha decidido trasladar a la Conferencia Episcopal Española el conflicto judicial con la profesora de religión Resurrección Galera, que no fue renovada en 2001 en un colegio público tras casarse por lo civil con un divorciado, y a la que la Justicia ha dado la razón.
Fuentes del Obispado han explicado a Efe que se ha optado por el traslado del caso a la Conferencia Episcopal al tratarse de un «asunto que transciende al ámbito nacional».
Los servicios jurídicos de la Conferencia Episcopal analizarán el caso de esta profesora y estudiarán situaciones similares registradas en otras diócesis para ver si existe margen de actuación.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dio recientemente la razón a Resurrección Galera al desestimar un recurso del Obispado y confirmar la sentencia dictada en mayo por el Juzgado de lo Social número 3 de Almería tras el pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC), que concedió amparo a la profesora.
El Constitucional reconoció en abril el derecho de la profesora a no sufrir discriminación por sus circunstancias personales, así como a la libertad ideológica y a la intimidad personal y familiar, y anuló las sentencias anteriores dictadas por el juzgado almeriense y el Alto Tribunal andaluz, en 2001 y 2002, respectivamente, que habían desestimado las demandas Resurrección contra el Obispado.
La nueva sentencia dictada por el juzgado almeriense de acuerdo al criterio del TC, y confirmada por el TSJA, condenó al Ministerio de Educación, como empleador del colegio público, a readmitir a la profesora y a pagarle el salario que dejó de percibir desde que no fue renovada por decisión del Obispado.
Fuentes judiciales han señalado a Efe que la única opción que tiene en estos momentos el Obispado, después de no haber presentado recurso de casación ante el Supremo para la unificación de doctrina, es acudir a la Corte Europea de Derechos Humanos.
No obstante, han remarcado que ello no afectaría a la ejecución de la sentencia, solicitada ya por la propia profesora ante el juzgado.
El Obispado de Almería no se ha pronunciado de forma oficial sobre sus intenciones ante la sentencia, aunque hace unas semanas publicó en su página web un artículo de opinión firmado por el director del Colegio Diocesano, Juan Antonio Moya Sánchez, que abogó por recurrir el fallo ante la Corte Europea de Derechos humanos.
Moya Sánchez argumentaba que el fallo del Alto Tribunal andaluz «deja sin amparo el derecho a la libertad religiosa«, que es «un derecho fundamental e irrenunciable», y consideraba que deja sin resolver un «conflicto entre derechos».
En el trasfondo del conflicto está el Acuerdo entre el Estado Español y la Iglesia Católica, que otorga a los Obispados la facultad de proponer a los profesores de religión que deben ser contratados.
El TSJA señalaba en el fallo que «el tema no deja de ser curioso«, puesto que el Ministerio «contrata a aquella persona que le propone como idónea el Obispado, teniendo éste dicha facultad otorgada por el Acuerdo entre el Estado Español y la Iglesia Católica».
Y añadió que la problemática es «surrealista» si se observa que el Ministerio se ve «condenado por una conducta que, conforme a Tratado, venía compelido a realizar», en relación a la decisión del Obispado de no renovar a la profesora de religión.
La sentencia del juzgado almeriense, confirmada por el TSJA, establecía de acuerdo al pronunciamiento del TC que la no renovación de la profesora «única y exclusivamente» por haberse casado por lo civil con un divorciado, «un motivo totalmente ajeno a la actividad docente desempeñada», supone no sólo una «vulneración de su derecho fundamental a la libertad ideológica», sino también un «trato discriminatorio por razón de matrimonio que viola el derecho fundamental a la igualdad». (RD/EFE)
