El arzobispado prohíbe hablar a los sacerdotes y al diácono de Santa María de las Flores
(José Manuel Vidal).- Con las cosas de Dios no se juega. Hay malestar y cierta decepción en la archidiócesis de Sevilla ante el caso de Ángel Orellana, el cura que ejerció de sacerdote sin serlo durante 7 años en Santa María de las Flores, una de las parroquias más importantes de la ciudad. El vicario de la zona, padre Rafael Muñoz, fue el primero que sospechó del falso cura y lo puso en conocimiento de sus superiores. Una vez comprobadas sus sospechas, confiesa que «el caso ha suscitado perplejidad, confusión y dolor en la archidiócesis», pero quizás ayude a aumentar las cautelas.
El religioso oratoriano Rafael Muñoz llegó a la Vicaría II de la ciudad de Sevilla en el verano de 2010. Desde entonces, como es lógico, el vicario entró en contacto con todos y cada uno de los curas de la zona. Entre ellos, estaba Ángel Orellana, el falso cura que, de entrada, no levantó sospechas en el nuevo máximo responsable de la zona II de la capital de la archidiócesis.
«De entrada, como es lógico, di por bueno lo que había venido siendo así. Además, Orellana estaba desempeñando bien su labor y, en su trato conmigo, siempre fue sumamente correcto y educado», explica el padre Rafael.
Las primeras sospechas las provocó el propio Ángel Orellana, al pedir permiso al vicario para visitar su país, Ecuador. «Me pidió unos días de ausencia, para ir a Ecuador a leer la tesis en la que supuestamente había estado trabajando todos estos años en Sevilla. Cuando transcurrió el plazo acordado, me llamó para decirme que tenía dificultades para regresar», cuenta el padre Muñoz.
El vicario le pidió a Orellana que, durante su estancia en Ecuador, aprovechase para actualizar sus papeles canónicos. «Cuando le instaba a actualizar sus papeles y renovarlos, siempre aducía que su diócesis había cambiado de obispo y que, por eso, no le resultaba fácil hacerlo. Al final, regresó 15 días más tarde, con los papeles sin actualizar y poniendo todo tipo de trabas para presentar de nuevo su documentación».
Esta actitud fue la que «desencadenó la sospecha» en Don Rafael, que, de inmediato, puso el caso en manos del vicario general, Teodoro León, quien contactó con la que Orellana decía ser su diócesis de procedencia en Ecuador. Y pronto comprobaron que Orellana sólo había pasado por el
seminario, pero no había llegado a ordenarse sacerdote.
A continuación, tomó cartas en el asunto el arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, que llamó a capítulo al falso cura. «Y Orellana se derrumbó ante el arzobispo, reconoció su engaño y pidió perdón». Evidentemente, el arzobispo le conmina a poner fin a la farsa de inmediato. «Y él toma la decisión de marcharse. No sabemos donde está», explica el padre Muñoz.
Como mandan los cánones, la archidiócesis puso el caso en conocimiento de la CEE y, al mismo tiempo, introdujo un procedimiento canónico contra el falso cura. Aunque, posiblemente, no se le puedan aplicar las penas canónicas preceptivas, dado que no pertenece al estamento clerical y, por lo tanto, la Iglesia no tiene jurisdicción penal sobre él.
En cuanto a las eventuales consecuencias pastorales, el vicario subraya que todos los sacramentos del bautismo y del matrimonio administrados por Orellana son válidos para los que los recibieron, aunque ilícitos para el que los administró. Es decir, los bautizados y los contrayentes no tienen que volver a recibir dichos sacramentos.
En cambio, las misas, las confesiones y las unciones, celebradas por el falso cura son inválidas, es decir no han surtido efecto sacramental. Por lo tanto, los que se han confesado con él, tendrán que volver a hacerlo con un sacerdote auténtico, para que se le perdonen los pecados. ¿Y los fallecidos, a los que les administró la extremaunción?
En cualquier caso, el padre Rafael confiesa que el caso ha suscitado «perplejidad, confusión y dolor en la archidiócesis». Eso si, son casos muy poco habituales en la Iglesia. «Llevo muchos años de sacerdote y es la primera vez que tengo conocimiento de un caso así». Y, como no hay mal que por bien no venga, el vicario asegura que «de ahora en adelante, vamos a incrementar la vigilancia y la cautela».
Cautelas que, según el arcipreste de la zona, José Antonio García Benjumea, «siempre se tienen», aunque sea difícil evitar casos aislados como éste. «Un caso que nos duele, porque no deja de ser un engaño», asegura.
En Santa María de las Flores, la parroquia a la que estaba adscrito Ángel Orellana, están desolados, pero no quieren hablar. Mejor dicho, no les dejan. Ni el párroco, Joaquín Begines, ni el diácono permanente, Manuel Sigüenza. Se lo prohibió terminantemente el arzobispo. «No le puedo decir nada. Hemos recibido una orden directa del arzobispado de no hablar ni decir nada de nada sobre el caso», confiesa el diácono contactado por RD.
