Resurrección Galera, que no fue renovada en un colegio público por decisión del Obispado, tras casarse con un divorciado
El Juzgado de lo Social 3 de Almería ha emitido un decreto por el que obliga al Ministerio de Educación a pagar los salarios hasta el 31 de agosto a la profesora de religión Resurrección Galera, que no fue renovada en el 2001 en un colegio público por decisión del Obispado tras casarse con un divorciado.
Fuentes judiciales han informado a Efe de que el decreto dictado el pasado lunes por el secretario del Juzgado responde al escrito remitido por la letrada de CCOO que representa a la docente, Amalia Robles, para que se diera cumplimiento al auto de ejecución dictado a finales del pasado abril.
El decreto ordena al Ministerio a pagar directamente a la profesora los salarios de marzo y abril, después de que se le diera de baja en febrero, y que consigne en el juzgado los correspondientes hasta el 31 de agosto, a la vez que ordena que se mantenga a la docente dada de alta en la Seguridad Social hasta esa fecha.
En el auto dictado hace un mes, el juez ordenaba al Ministerio de Educación a readmitir a Resurrección Galera en un plazo de cinco días, aunque solamente hasta el próximo 31 de agosto, y a pagarle los salarios que dejó de percibir desde entonces para dar cumplimiento a la sentencia dictada hace más de un año, en la que se declaraba la nulidad del despido después de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional.
No obstante, los términos del auto de ejecución no satisfizo las pretensiones de ninguna de las partes, tanto en lo relativo a la readmisión como en las cuantías a percibir, por lo que optaron por presentar sendos recursos de reposición que aún están pendientes de un nuevo pronunciamiento judicial.
La abogada de la profesora remitió hace dos semanas un escrito al juzgado en el que advertía del incumplimiento del auto de ejecución.
El juzgado ha emitido ahora un decreto en el que ordena al Ministerio el pago de los salarios hasta el 31 de agosto, si bien no hace referencia a su readmisión en el centro de enseñanza «Ferrer Guardia» de la capital almeriense.
Según el decreto, el Ministerio deberá abonar algo más de 12.500 euros en el plazo de cinco días.
El abogado del Estado que representa al Ministerio, Demetrio Carmona, ha avanzado en declaraciones a Efe que va a recurrir el decreto emitido el pasado lunes, al estar en desacuerdo con las cantidades fijadas por el juzgado así como con su reincorporación, lo que ya manifestó en el recurso de reposición contra el auto de ejecución. (RD/EFE)
