Somos testigos directos de la situación de máxima emergencia social creada por las más de 400.000 ejecuciones hipotecarias llevadas a cabo en los últimos cuatro años
(Caritas).- Cáritas está viviendo muy de cerca la dramática realidad de muchas familias a las que acompaña para remediar la situación de grave vulnerabilidad creada por la pérdida de su vivienda. Junto a la puesta en marcha de respuestas adecuadas a las víctimas de este problema en las distintas Cáritas Diocesanas y Parroquiales de todo el país, nuestra Confederación ha venido sumando sus esfuerzos al de otras muchas instancias de la sociedad civil y de la comunidad cristiana en la búsqueda de soluciones que frenen el sufrimiento cotidiano de tantas personas y familias que han perdido sus hogares o están a punto de perderlos.
Por ese motivo, Cáritas valora positivamente la participación ciudadana y la respuesta social creciente de la sociedad civil, cada vez más sensible al problema del acceso a la vivienda, que ha cuajado en una Iniciativa Legislativa Popular que la pasada semana fue admitida a trámite en el Congreso de los Diputados. Nos mostramos esperanzados por la decisión unánime de los grupos parlamentario de admitir a trámite una iniciativa ratificada por casi un millón y medio de firmas en todo el Estado, así como por su compromiso de agilizar su tramitación y, en especial, por que se haya proclamado en sede parlamentaria la cercanía de nuestros representantes con las propuestas contenidas en la ILP.
Este precedente, que supone un motivo de franca esperanza, no debe ocultar la realidad de consternación provocada por el sufrimiento de no pocas familias y vecindarios que se ven sacudidos por la ejecución de desahucios, hasta el extremo de provocar la muerte de personas víctimas de la desesperación y el sinsentido a la que se han visto abocadas ante la pérdida de sus hogares.
Cáritas comparte el clamor popular antes estas injusticias y une su voz a la de los propios afectados y de otras instancias sociales -jueces, juristas, defensores del pueblo de las Comunidades Autónomas y del Estado, Ayuntamientos y numerosas entidades sociales–, que de forma unánime reclaman, ante la situación de emergencia habitacional que actualmente vivimos, la puesta en marcha urgente de medidas efectivas y permanentes que detengan la pérdida del hogar de tantas familias y eviten la repetición de situaciones traumáticas como las que estamos viviendo.
El acceso y sostenimiento de la vivienda, unos de los derechos fundamentales en cualquier proceso de desarrollo personal y social orientado a preservar la dignidad de las personas en situación más precaria, se ha convertido en los últimos años para la Confederación Cáritas en una de las mayores prioridades de nuestra respuesta a los efectos sociales de la crisis. Nuestros ejes de acompañamiento a las personas más golpeadas por esta realidad se han dirigido en esta triple dirección:
– Favorecer las condiciones de acceso a la vivienda, especialmente en alquiler, y apoyar el mantenimiento de ese acceso.
– Impulsar la mejora de las condiciones de habitabilidad de toda la población en situación de exclusión y, en especial, en la red de recursos residenciales que tiene Cáritas en todo el Estado.
– Apoyar las medidas que eviten los fenómenos de segregación y gueto que en ocasiones conlleva el acceso a la vivienda.
A la luz de estas respuestas, en Cáritas somos testigos directos de la situación de máxima emergencia social creada por las más de 400.000 ejecuciones hipotecarias llevadas a cabo en los últimos cuatro años. Esto nos hace insistir en la necesidad urgente de acometer medidas sostenidas en el tiempo que eviten, en concreto:
• la pérdida de la vivienda habitual, con una moratoria de todos los desahucios y, en su caso, con la negociación de figuras jurídicas como el alquiler social o la cesión que permitan el uso y disfrute del hogar y,
• la deuda personal de deudores de buena fe, a través de la dación en pago, que deberá aplicarse también de manera retroactiva en aquellos supuestos donde, llevado a cabo el lanzamiento de la vivienda, las personas afectadas siguen pagando la deuda contraída con la entidad bancaria o el particular.
En este sentido, al tiempo que saludamos la medida de activación del alquiler social que ha supuesto la creación del Fondo Social de la Vivienda –con la participación de entidades bancarias, organizaciones sociales y Administraciones públicas–, advertimos la limitación de su impacto ante la magnitud del problema y manifestamos nuestra honda preocupación respecto a las posibilidades abiertas con la creación del SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S. A.) y su implicación real en el destino de sus activos a vivienda de alquiler social.
Asimismo, ante la tramitación de una ley que proteja a los deudores hipotecarios y que intenta aunar los esfuerzos llevados a cabo por el Gobierno en el último año de dar una respuesta a la situación vital de emergencia habitacional de tantas personas, insistimos en que la dramática situación de vivienda actual no puede ni debe abordarse desde la concepción de la vivienda como un mero bien de intercambio económico. Todo lo contrario: es imprescindible contemplar su necesaria función social y dar cumplimiento al mandato constitucional de promover el acceso de toda persona a una vivienda digna y adecuada.
Creemos especialmente oportuno apelar a la invitación a abrirnos a la esperanza y a la responsabilidad social lanzada por los obispos españoles a la comunidad cristiana y a toda la sociedad durante la celebración de la última Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, donde, en una nota titulada «Ante la crisis, solidaridad«, abordan el acuciante drama de la vivienda y recuerdan que «la comunidad cristiana quiere y debe ser un signo de esperanza. Todos hemos de dar en nuestra vida signos de esperanza para los demás, por pequeños que sean. Hoy deseamos pedir a quien corresponda que se dé un signo de esperanza a las familias que no pueden hacer frente al pago de sus viviendas y son desahuciadas. Es urgente encontrar soluciones que permitan a esas familias – igual que se ha hecho con otras instituciones sociales – hacer frente a sus deudas sin tener que verse en la calle. No es justo que, en una situación como la presente, resulte tan gravemente comprometido el ejercicio del derecho básico de una familia a disponer de una vivienda. Sería un signo de esperanza para las personas afectadas. Y sería también un signo de que las políticas de protección a la familia empiezan por fin a enderezarse.»
Comisión Permanente de Cáritas Española, Madrid, 15 de febrero de 2013
