Es más fácil cruzar el desierto y saltar la valla de Melilla que pasar por todo el mecanismo burocrático para venir regularmente
(Jesús Bastante).- Daniel Izuzquiza es coordinador de Pueblos Unidos y uno de los responsables del informe sobre los Centros de Internamientos para Extranjeros en España (CIEs), que se presentó en estos días en la oficina del Defensor del Pueblo. «A diferencia de las prisiones, donde se puede trabajar, hay deporte, talleres formativos, biblioteca, clases… en el CIE no hay nada«, explica Izuzquiza, que denuncia los CIEs como cárceles encubiertas para inmigrantes.
«Es desgarrador que una madre tenga que ver a su hijo a través de ese cristal, donde siempre hay muchas huellas», dice, en torno al régimen de visitas que, como en las prisiones, obliga a los familiares a comunicarse con los internos a través de mamparas y teléfonos.
También critica las trabas que existen en el proceso legal para migrar, y que hacen que, aunque parezca mentira, sea «más fácil cruzar el desierto y saltar la valla de Melilla que pasar por todo el mecanismo burocrático para venir regularmente».
«A veces uno tiene la tentación de pensar que todo esto es para meter miedo a la población«, concluye.
¿»Atrapados tras las rejas» es vuestro primer informe?
Éste es el tercer año que presentamos nuestro informe anual, pero la primera vez que lo hemos podido presentar en la oficina del Defensor del Pueblo, lo cual es una manera de reconocer un trabajo constructivo, y a nuestra línea por un lado de denuncia y por otro de propuesta y de acompañamiento que hay detrás.
¿Son los CIEs cárceles para inmigrantes, a pesar de lo que dice la letra de la ley?
Técnicamente son recintos cerrados de carácter no penitenciario en los que se encierra hasta un máximo de 60 días a personas extranjeras que no tienen la documentación en regla para trabajar en España. La única justificación del internamiento es como medida cautelar para asegurar la expulsión del inmigrante. Es decir, que el motivo por el cual las personas están en el centro de internamiento es por estancia irregular. Hay algunos casos en los que, además, tienen antecedentes penales, y esto es una cosa un poquito confusa, pero nuestro informe dice que hay un 27% de personas a las que hemos visitado que tienen antecedentes penales, de todo tipo (pueden ser por delitos más o menos graves, más o menos reincidentes). El Ministerio del Interior suele manejar una cifra en torno al 80% de expulsiones cualificadas, e intentan meter ahí todo lo que tendría que ver con antecedentes penales, pero en realidad es un término muy ambiguo, porque lo que quiere decir es que las personas que se expulsan desde el Ministerio se expulsan «cualificadamente». Lo que pasa es que ahí se incluyen desde delitos contra la seguridad nacional, terrorismo, tráficos de drogas… hasta alguien que se ha saltado un semáforo en rojo y tiene un expediente policial abierto. Meten en el mismo saco todo para obtener un 80%, y al final es un número que no significa nada.
Afinando el número, nosotros hemos visto que, efectivamente, hay una parte de población en el CIE que tiene antecedentes penales, algunos que vienen de prisión, etc. Pero esto conviene aclararlo. Por eso reclamamos claridad en los informes públicos oficiales en torno a las estadísticas que hay sobre los centro de internamiento. Hay otro problema, y es que los internos están mezclados. Esto significa que una persona está compartiendo celda (aunque las llamen «habitaciones») con otras seis u ocho personas, con lo cual hay mucha tensión, mucho desconcierto… y es una situación muy agresiva para muchos internos que a lo mejor iban a llevar a sus niños al colegio o a comprar leche cuando les paró la policía en un control rutinario de identidad (con perfil étnico o del tipo que sea), y acabaron en comisaría. De ahí son llevados al CIE, y de pronto se encuentran con su vida truncada y teniendo que convivir 24 horas diarias en un contexto muy agresivo.
¿Conlleva el internamiento gran sufrimiento para la familia del inmigrante?
Sin duda. Algunos de los datos más espeluznantes que hemos recogido en el informe desde nuestra experiencia cotidiana es la cifra de internos que tienen menores a su cargo. En el CIE no puede haber menores internados, y aunque hay un módulo familiar no se utiliza casi nunca, porque normalmente no se encierra a la familia en su conjunto. Pero hay muchos casos en los que se encierra al padre o a la madre, y el menor queda fuera.
Nuestro informe está basado en todas las visitas que hacemos a lo largo del año. A lo largo de 2012 hemos visitado a 328 personas, de las cuales 56 tienen menores a su cargo en España, y 11 de ellos son menores españoles.
¿Con nacionalidad española?
Sí. Esto es tremendo, porque quiere decir que por una falta administrativa se ha encerrado, y en algunos casos expulsado, a una persona dejando a su menor español en casa de la abuela o de unos amigos. Esto es espeluznante desde el punto de vista humano, pero también desde el punto de vista legal, porque hay un principio en la legalidad que es el interés superior del menor. Es clarísimo que no se está aplicando ese criterio.
¿Cómo es la vida diaria en un CIE?
A diferencia de las prisiones, donde se puede trabajar, hay deporte, talleres formativos, biblioteca, clases, etc.; en el CIE no hay nada. Por lo tanto, la vida consiste en estar encerrado en la celda, salir al patio por turnos (el patio de las mujeres especialmente es un patio diminuto), luego al comedor, y ya está. No hay ninguna actividad. Por eso nos parece que, además de ser cárceles encubiertas para inmigrantes, dan la imagen de comisarías extendidas. En una comisaría una persona puede estar encerrada dos días, 72 horas como máximo, y a lo mejor hay 8 o 10 personas en el cuartelillo. Ese mismo esquema es el que se ha reproducido, con la diferencia de que son 280 personas las que están encerradas en el CIE, y durante 60 días. Con lo cual, la tensión acumulada, la rabia, la frustración y la violencia se vuelven tremendas. Y a esa persona que ha estado calentando su indignación durante 60 días, luego intentan montarla en un avión y decirla que se va a su país. Además de la sensación de que está siendo tratado injustamente, muchas veces soportan palabras fuertes o vejaciones, no entienden el proceso judicial… y todo eso lo que genera es impotencia. Por tanto, el ambientes es violento y enrarecido.
¿Ha habido suicidios en los CIEs?
Ha habido algunos últimamente, en el CIE de Barcelona y en el de Madrid. Pero la muerte más dramática fue en el CIE de Aluche, el 19 de diciembre del año 2011, cuando murió la mujer a la que dedicamos nuestro informe, que falleció en el Hospital 12 de Octubre tras haber estado 40 días en el CIE. Nos parece que es un caso muy claro de negligencia por parte de las autoridades.
¿Qué ocurrió?
Ella era una mujer congoleña que había conseguido, después de un periplo muy largo por África, entrar en Melilla. Allí estuvo en un centro abierto que depende de la Secretaría de Migraciones, donde se le detectó el VIH bastante avanzado. Pero ese informe nunca pasó al CIE. Entonces, esta mujer estuvo 40 días en el CIE de Madrid, durante los cuales fue 10 veces al médico. Nunca le hicieron un análisis en profundidad, nunca supieron ver qué era lo que había. Un día le recetaban un Ibuprofeno, otro día le diagnosticaban cefaleas… Tenía un cuadro médico muy plural, que tenía que ver con unas defensas bajísimas. Finalmente, le trasladaron al Hospital 12 de Octubre el mismo día que murió. Cuando llegó al hospital no había nada que hacer.
Es un caso de negligencia dramático. Es cierto que hay un servicio médico en el CIE, pero este caso demuestra que no está funcionando eficazmente, y además que no existen protocolos de relación entre diferentes centros.
El Estado tiene la responsabilidad sobre estas personas que tiene encerradas, no puede hacer dejación de ella. Lo triste y lo dramático es que estamos este año en proceso de elaboración de un reglamento nuevo para los CIEs, y esto, que es bastante básico y evidente, no está recogido. Debería haber, al menos, un protocolo de derivación entre esas dos instituciones, porque las bases de datos no se cruzan, y esto es la causa de que pueda haber más personas con enfermedades graves y serias a las que no se esté tratando adecuadamente. En el caso de la mujer del Congo, había base documental detrás, y se la habría podido atender de otra manera.
¿Cuál es vuestro trabajo en los CIEs? ¿Con qué dificultades os encontráis?
El trabajo de Pueblos Unidos lo solemos aglutinar en tres palabras, que son: acompañar, servir y defender. Para nosotros es muy importante el acompañamiento personal, prestar un poco de compañía, tratar de humanizar, escuchar, explicar, llorar. En segundo lugar, intentamos servir, realizar pequeños servicios como ponernos en contacto con la familia, facilitar un papel al abogado, dar una tarjeta de teléfono para que se pueda realizar una llamada…
¿Puede darse el caso de que a una persona la encierren y durante un tiempo su familia no sepa nada de lo sucedido?
Bueno, lo cierto es que no hay ningún mecanismo oficial para informar a la familia, no hay comunicación. A los internos les quitan el teléfono móvil y, por lo tanto, no pueden llamar. Y aunque les demos una tarjeta de teléfono, muchas veces no se saben de memoria ningún número y tampoco pueden llamar. Es algo muy básico pero que genera muchísimo sufrimiento. Con mucha frecuencia a nosotros nos llaman entidades de fuera de Madrid (por ejemplo, de Logroño o de Pamplona) preguntando por gente de la que llevan un par de días sin saber nada, y que creen que está en el CIE. Entonces tenemos que hacer una pequeña tarea de pesquisas para averiguarlo. Las familias normalmente acaban sabiéndolo, pero no está estipulado ningún procedimiento.
Por eso decía que realizamos servicios pequeños pero básicos, que nos parece que deberían ser cubiertos por el propio CIE. Por ejemplo, a los internos se les debe dar ropa o kits higiénicos, pero ocurre con frecuencia que a alguien le detienen en Málaga a finales del mes de septiembre, y de pronto llega el 15 de noviembre y no tiene ningún jersey. Esas tareas subsidiarias pero tan básicas son las que realizamos nosotros.
Y en tercer lugar, nuestra tarea es defender. Tenemos un equipo jurídico que por un lado trata de velar por el cumplimiento efectivo de los derechos de los internos (en algunos casos estando en relación con sus abogados, y en otros presentando quejas o denuncias ante el Defensor del Pueblo), y por el otro intenta canalizar nuestra propuestas al Ministerio del Interior o a la Dirección General de Policía. Por ejemplo ahora, en el proceso de elaboración del reglamento, estamos teniendo un papel bastante activo para proponer mejoras en su redacción.
¿El reglamento vigente deja mucho que desear?
Sin duda. La diferencia que ha marcado el año 2012 es que el nuevo equipo de gobierno ha iniciado un proceso de diálogo social y político mediante cauces de comunicación que hasta entonces no existían. Lo que ha resultado decepcionante es que hubo declaraciones políticas diciendo que el reglamento iba a cambiar el modelo de gestión (unilateralmente policial) para incorporar más elementos de atención social. Pero estas expectativas no se cumplen en el texto del reglamento, que apuntala y afianza el modelo que tenemos; y además nuestras propuestas no han sido recogidas. Ninguna de ellas.
Esto nos deja bastante desconcertados, aunque queremos confiar en que aún hay margen de maniobra. Lo que queremos es que el reglamento ponga énfasis en garantizar el ejercicio de los derechos de los internos. Según la ley de extranjería, el único derecho que está limitado para los internos del CIE es el de libertad ambulatoria. Todos los demás (el derecho a la sanidad, a la intimidad, a vivir en familia, a la libertad religiosa…) siguen en vigor y deberían estar asegurados. Pero el caso es que, cuando una persona está encerrada, no basta con decir que tiene derecho a la libertad religiosa, sino que hace falta decir cómo puede efectivamente celebrar su fe. Entonces, o se garantiza de manera efectiva que va a haber una atención religiosa por parte de las distintas confesiones, o eso es papel mojado.
¿Los internos no pueden tener otros objetos consigo, que no sean los teléfonos móviles? ¿No pueden recibir ningún tipo de visitas de sus familiares?
La falta de libertad ambulatoria significa que están encerrados, que no pueden moverse. Pero para prohibirles el resto de las cosas se suelen argumentar «motivos de seguridad» o «motivos prácticos». Los móviles se les requisan y, si el interno lo solicita (y si tiene batería o cargador) puede ir a consultarlo. Pero no puede llamar ni tiene acceso a Internet, y no hay ningún motivo para todo esto, porque no contradice la prohibición de libertad de movimiento.
En cuanto a régimen de visitas, hay uno general (para familiares y amigos), que se da por las tardes y según el cual un interno puede recibir una sola visita. Nosotros visitamos en general a personas que no tienen quién les viste, bien porque viven en otras ciudades, o bien porque sus familiares y amigos también están en situación irregular, y por tanto no pueden presentarse. Ese régimen de visitas supone colas de espera, y es un sistema de seguridad como el de las cárceles (con mampara y hablando a través de teléfonos). Una cosa muy fría y muy demoledora. Un ambiente criminalizado.
Y además de este régimen, en Madrid hay, gracias a un auto del juez de vigilancia y control de los CIEs, un espacio a parte de visitas habilitado para las ONGs. De manera que, sólo en Madrid, nosotros podemos visitar a los internos también por las mañanas (con acreditación previa), sin mampara de por medio. De manera que puede haber contacto físico para abrazarles.
Es desgarrador que una madre tenga que ver a su hijo a través de ese cristal, donde siempre hay muchas huellas. Como en el teléfono, donde parece que hay besos pegados.
¿Deberían existir los CIEs?
Nuestro horizonte es el cierre definitivo de los CIEs. Nos parece que, por falta administrativa, la privación de libertad a los inmigrantes es muy desproporcionada. Pensamos que hay que trabajar por buscar alternativas al internamiento, hay que aplicar rigurosamente lo que dice la ley (es decir, que el internamiento es una medida excepcional durante el tiempo mínimo imprescindible, y siempre como último caso). Lo que pedimos es que se exploren todas las posibilidades previas. Una de las cosas que denunciamos es que se está haciendo un uso abusivo, generalizado y discrecional del internamiento. Hasta el punto de que más o menos la mitad de las personas internadas finalmente no son expulsadas.
¿Qué ocurre con los que no son expulsados?
Se les pone en libertad y, si se les vuelve a coger, pueden volver a ser internados con un nuevo expediente de expulsión. Puede ocurrir que el juez haya decretado que se levante el internamiento, que se haya admitido un recurso presentado, que haya duda sobre la nacionalidad y no se sepa a qué país repatriarle… Pero todas esas cosas se podían saber antes. Por tanto, ¿por qué y para qué generar tanto sufrimiento innecesario haciendo al inmigrante pasar por el CIE? Si el único motivo para el internamiento es asegurar la expulsión, y a pesar de todo el aparato del Estado, de las órdenes de expulsión y de que esté todo preparado para ello, más de la mitad no son finalmente expulsados, algo en el sistema no está funcionando. Es un sistema poco eficiente, muy caro, y que además genera una cantidad de sufrimiento gratuito tremenda. A veces uno tiene la tentación de pensar que todo esto es para meter miedo a la población, o al contrario, para tranquilizar fingiendo que algo estamos haciendo. Pero el resultado es la criminalización desproporcionada de la población migrante
¿La crisis fomenta determinadas actitudes recelosas hacia el que viene de fuera? ¿No es esto francamente peligroso para la construcción de la sociedad?
Efectivamente. Esto abre una fractura social muy delicada. Respecto al tema de las personas inmigrantes en situación irregular conviene aclarar otra cosa también: que las personas no son «irregulares», están en una situación irregular, y por lo tanto puede darse el caso de personas con solicitudes de arraigo pedidas, a la espera de su tarjeta, etc., y que han sido igualmente internadas en el CIE. Hemos identificado casos de personas a las que les ha llegado su tarjeta cinco días después de entrar al CIE, pero eso no les ha salvado de 30 días internados de manera injusta.
Otro caso que puede darse es el de personas que han estado trabajando aquí durante años, que tienen su tarjeta de residencia y de trabajo, pero que se han quedado en el paro y, cuando les ha tocado renovar la tarjeta, al no tener ya un contrato de trabajo se han quedado «sin papeles». Pero a lo mejor es una persona que leva 8 años aquí cotizando año a año, que el resto de sus familiares sí tienen papeles pero ella se ha quedado sin ellos… Y a esta persona se le puede aplicar la ley de extranjería y meterla en el CIE con un expediente de expulsión. Es una cosa muy absurda, porque la realidad es cambiante. La sociedad española sabe que la aportación de los inmigrantes en conjunto ha sido básica, el boom inmobiliario (antes de la burbuja) se construyó sobre los hombros de los trabajadores extranjeros. El 50% de los trabajadores de los túneles de la M-30 era de origen ecuatoriano. Posiblemente el 80% eran extranjeros. Y hay otros elementos, como por ejemplo la aportación de la mujer en el empleo doméstico, que permite una incorporación masiva y generalizada de la mujer española al mercado laboral; que cualquier que piensa un poquito razonablemente, en seguida se da cuenta de ello. Entonces, no tiene sentido que enfrentemos una parte de nuestra sociedad a otra.
Pero hay quienes dan la vuelta al argumento y lo interpretan como que los extranjeros están ocupando puestos de trabajo que podrían ocupar españoles. ¿Está esa narrativa en el espíritu de determinadas leyes?
Sí. Pero ese tipo de argumentos es como quien dice que no le importan los inmigrantes siempre que vengan de manera legal. Habría que ver cuáles son los cauces regulares para la inmigración, porque son absolutamente disfuncionales. Por ejemplo, si yo quiero contratar a una persona para empleo doméstico o para cuidar a mi padre o a mi abuelo, puedo hacer un contrato en origen, es decir, puedo contratar a una persona que está en Bolivia y hacer la documentación. La tramitación puede tardar hasta 10 meses, pero después le dan la autorización y puede venir. Ése sería el cauce regular pero, entre medias, ¿a mi abuelo quién le cuida? El cauce irregular es venir con una visa de turista y quedarse, encontrar trabajo cuidando a mi abuelo aunque no tenga papeles, porque después ya los regularizará. Y no es que los últimos sean unos malhechores que se han saltado la ley para quedarse, es que los cauces oficiales y regulares no se corresponden a la realidad del fenómeno migratorio.
En muchos países de África es más complicado todavía, porque por ejemplo en Malí no hay ni siquiera un consulado español. Entonces, para solicitar una visa para venir a España tienes que ir a Senegal (una complejidad de viaje), pagar no sé cuánto y esperar otro tanto. Parece mentira, pero es más fácil cruzar el desierto y saltar la valla de Melilla que pasar por todo el mecanismo burocrático. Si por otro lado caemos en la cuenta de la tremenda desigualdad que sigue habiendo entre los distintos países empobrecidos (aunque los no empobrecidos estemos ahora en crisis), y que es lo que está en el trasfondo de la emigración, está claro que esta diferencia abismal va a generar movimientos de población.
¿La gente que emigra lo hace porque no tiene otra opción? ¿Debería esto incorporarse a la pedagogía de nuestra sociedad, que a veces piensa que los inmigrantes vienen porque les apetece?
Evidentemente. Esto es algo que la Doctrina Social de la Iglesia ha manifestado desde hace décadas con mucha consistencia, y que es un doble principio con un corolario: lo primero, el derecho a no tener que emigrar, el derecho que toda persona y familia tienen a desarrollarse en plenitud de condiciones en su espacio y su localidad. Y este derecho a no migrar pasa por desarrollar condiciones justas y sanas para la sociedad. En segundo lugar, si eso no se da, el derecho a migrar. Éste es un derecho básico que la Iglesia siempre ha mantenido. Y en tercer lugar, la legitimidad que tienen los Estados para regular los flujos migratorios. Pero éste está subordinado a los dos primeros.
¿Hay responsabilidad de Occidente detrás del fenómeno migratorio?
Sí, es así. El derecho a migrar consiste básicamente en el derecho a buscar unas condiciones de vida dignas para uno mismo y para su familia. A veces conviene aclarar que el hecho de que estemos defendiendo los derechos de las personas migrantes particularmente, porque están en una situación más dura y más vulnerable, no quiere decir que nos olvidemos de las otras personas. Nosotros estamos trabajando en el barrio de la Ventilla, atendiendo a personas inmigrantes y a personas españolas, a personas migrantes que ya tienen nacionalidad, a las personas del barrio de toda la vida… Lo que intentamos es construir un tejido social integrador, donde todos tengamos sitio, y no crear oposiciones, conflictos ni fracturas sociales, sino trabajar todos juntos por un futuro común, que es el futuro de nuestros hijos y de nuestros barrios.
Todas estas visiones simplistas que (consciente o inconscientemente) tienden a oponer unos a otros, no nos hacen bien, y no hacen justicia a lo que está ocurriendo. Lo que tenemos que potenciar es la solidaridad mutua.
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