Desconocemos las razones del proceder el obispo, acaso desconfianza con respecto a su clero, acaso autosuficiencia o incluso un combinado de ambas
(A. Beizama).- Recientemente, el nuevo Vicario General, Kakux Mendizábal, ha dirigido una misiva a las comunidades cristianas de la diócesis de San Sebastián, invitando a los fieles en general y a los presbíteros en particular a participar en lo que constituye un hito en la historia de nuestra Iglesia local: la ordenación de un diácono permanente el próximo domingo 30 de junio.
En su invitación, el Vicario General, recuerda que la instauración del diaconado permanente en la diócesis se debió a una decisión tomada por D. Juan Mª Uriarte en marzo del año 2009. En nuestra opinión, fue una disposición un tanto precipitada, a la que le faltó una reflexión pausada y prolongada en el seno de los órganos de consulta de los que disponía el obispo.
La referencia al episcopado de Uriarte puede llevarnos a la errónea conclusión de creer que ha llegado la hora de recoger los primeros frutos de cuatro años de arduo y esmerado trabajo de pastoral vocacional, con sus correspondientes etapas de discernimiento y formación de candidatos.
En las Normas básicas de la formación de diáconos permanentes, de la Congregación para la Educación Católica, se prevé que el obispo diocesano que opta por el restablecimiento del diaconado permanente, promueva la creación de las estructuras y equipos convenientes con el fin de garantizar la formación integral de los candidatos o, en su caso, a buscarlas en diócesis próximas: proveerá a crear las estructuras necesarias para la labor formativa, y a nombrar los colaboradores idóneos que le ayuden como responsables directos de la formación, o, según las circunstancias, pondrá su empeño en valorizar las estructuras formativas de otras diócesis, o las regionales o nacionales (núm. 16).
Respecto a los responsables, las Normas referido hablan de un grupo constituido de cuatro personas con encomiendas diferentes: el director para la formación, el tutor, el director espiritual y el párroco (núm. 20-24). En los ocho meses que transcurrieron entre la instauración del diaconado permanente hasta la aceptación de su renuncia y el nombramiento de su sucesor, D. Juan Mª Uriarte no hizo nada al respecto. Desconocemos si el obispo había perfilado un proyecto o no y si contaba con un equipo de personas que pudiera impulsar su plan. Lo cierto es que todo quedó reducido a un decreto publicado en el boletín oficial.
El actual obispo, D. José Ignacio Munilla, lleva tres años como cabeza de esta Iglesia local. Consideramos que ha tenido tiempo suficiente para resolver lo que su predecesor dejó sin concluir debidamente. Pero no ha sido así. Oficialmente al menos, la diócesis no cuenta con una estructura que facilite la formación integral de los candidatos al diaconado permanente y tampoco se conoce la existencia de un equipo de personas responsabilizado del discernimiento vocacional, dirección espiritual o mero seguimiento o acompañamiento de los mismos.
Desconocemos las razones del proceder el obispo, acaso desconfianza con respecto a su clero, acaso autosuficiencia o incluso un combinado de ambas. Pero nos preguntamos si es posible que un obispo concluya que se encuentra ante un candidato apto para las Órdenes Sagradas sin la contribución de estos medios, guiándose únicamente de su relación personal o pastoral, afinidad ideológica o de su intuición.
Nuestra pretensión no es emitir un dictamen sobre la idoneidad de la persona concreta que va a recibir las Órdenes Sagradas. Pero, una primera ordenación de diácono permanente constituye un evento de tal transcendencia en la vida de la diócesis que no podemos desaprovechar la oportunidad de reflexionar sobre el modo más idóneo para orientar y formar las vocaciones que surjan o vayan surgiendo, y sobre los requisitos mínimos que la Iglesia diocesana debe exigir, en fidelidad a la legislación de la Iglesia universal.
Nos consta que el que va a ser ordenado es una persona valiosa, que trabaja con dedicación y ahínco en el departamento de pastoral familiar. También es sabido que, hace ya algunos años, realizó estudios en el Instituto de Ciencias Religiosas de la diócesis y en el Instituto Superior San Pío X de Madrid, obteniendo los grados académicos correspondientes. Pero, no debemos olvidar que se trata de conferir el Sacramento del Orden y no de firmar un contrato laboral, tras comprobar su profesionalidad.
Nada sabemos sobre su proceso vocacional, sobre si ha sido decidido a última hora o algo largamente meditado, reflexionado y orado. Desconocemos si ha contado con algún sacerdote con el que, de forma oficiosa u oficial, ha podido hacer un discernimiento vocacional. No nos consta que haya recibido formación específica para el Ministerio Ordenado. Todo ello es reflejo de la carencia de esas estructuras y equipos a los que hemos aludido reiteradamente.
En definitiva, nos preguntamos si no se deberían aplicar las pautas de las Normas básicas para la formación de los diáconos permanentes, con más rigor y seriedad. Somos conscientes de que una mayor fidelidad a las orientaciones magisteriales no supone que la autenticidad y excelencia de las vocaciones esté garantizada totalmente, pero, al menos, las Normas nos ofrecen un instrumento con el que podemos sortear la mediocridad, los intereses espurios, la inmadurez o las deficiencias de cualquier naturaleza.
También será necesario recordar que las Normas señalan que los pastores de la Iglesia que instauren el diaconado permanente en su diócesis han de procurar que la comunidad cristiana reciba una catequesis con la finalidad de que comprenda y acepte de buen grado la presencia y el ministerio de un diácono permanente: procurará promover una adecuada catequesis al respecto, tanto para los laicos como para los sacerdotes y los religiosos, a fin de que el ministerio diaconal sea comprendido en toda su profundidad (núm. 16). Tampoco a este respecto se ha hecho nada. El Pueblo de Dios, a cuyo servicio están los Ministros Ordenados, se merecía una presentación pedagógica de la figura y el ministerio del diácono permanente, cuyo restablecimiento en la vida de la Iglesia debemos al Concilio Vaticano II.
