Alvira reclama a los partidos "un verdadero pacto educativo" de ámbito nacional sobre la educación
«Profesores Cristianos por la Enseñanza Pública» han promovido un manifiesto contra la LOMCE entre cuyos firmantes aparecen dos movimientos del Foro de Laicos: Hermandad Obrera de Acción Católica y Juventud Obrera Cristiana. Denuncian, entre otras criticas al proyecto de ley del ministro Wert, que se mantenga la asignatura de Religión Confesional como materia optativa con carácter evaluable para la obtención de títulos y becas, y proponen como alternativa la incorporación de una asignatura sobre el Hecho Religioso, con un currículo no confesional de rigor académico, plural, respetuoso y no vinculado a ninguna confesionalidad ni autoridad religiosa, sino académica.
El documento, que según los firmantes se «integra en la amplia corriente social que se ha levantado en todo el país para oponerse a la Ley Wert», será presentado hoy jueves día 4, a las 18.00 hrs, en el centro parroquial San Carlos Borromeo de Entrevías.
Reproducimos el manifiesto:
Iglesia que dice NO a la LOMCE
Como colectivos cristianos estamos convencidos de la importancia de la educación para el desarrollo integral de las personas, así como para la construcción de una sociedad integradora y compensadora de las desigualdades sociales, económicas y culturales, acorde con los principios universales del Evangelio.
Creemos, al igual que gran parte de la sociedad española, que una educación pública de calidad que permita el acceso de los más necesitados a todos y cada uno de sus niveles y recursos, es la única garantía que una sociedad tiene de que todos sus habitantes van a poder desarrollarse y disfrutar de las mismas oportunidades, independientemente de sus capacidades y de sus recursos sociales, económicos y culturales.
Con estas premisas queremos manifestar nuestro desacuerdo con la LOMCE desde los referentes que para nosotros marcan nuestra preocupación fundamental, las personas implicadas en el hecho educativo, a saber:
El alumnado:
• Que es ignorado por la ley en la etapa más temprana de escolarización y la que supone el pilar fundamental sobre el que se construye su éxito educativo posterior, la etapa infantil.
• Que se vería sometido a un sistema de reválidas que abre las posibilidades a la segregación y exclusión de aquellos con más necesidades y dificulta la promoción y titulación del alumnado en general.
• Al que se le exige una toma de decisiones prematura acerca de su futuro académico y profesional, sin haber alcanzado una necesaria madurez personal y en pleno desarrollo adolescente.El profesorado:
• Del que se pone en duda su capacidad para valorar el progreso educativo al establecerse la necesidad de superar las revalidas para la obtención de títulos académicos, evaluaciones éstas que serían realizadas por agentes externos a la comunidad educativa.
• Cuya formación inicial para el ejercicio de su profesión , así como el permanente y continuo reciclaje, no es objeto de atención en una ley de supuesta calidad del sistema educativo, cuando está comprobado que esta formación es una de las piezas claves, necesarias para esa mejora.
• Que como claustro ve disminuida su capacidad de toma de decisiones en lo que compete a la organización del centro, ya que su representación en el consejo escolar se reduce a un mero elemento consultivo.
• De los que como miembros de equipos directivos no se fomenta su capacidad para tomar decisiones desde un liderazgo compartido, sino que se le atribuirían a la figura del director todas las competencias de un gestor empresarial con poder absoluto para la toma de
decisiones.Las familias
• Que verían cómo se pone en peligro su posibilidad para acceder a un sistema educativo público, gratuito y de calidad como eje vertebrador de la educación del país, ya que se abren las puertas a la paulatina privatización del sector, delegando responsabilidades de escolarización total en determinadas etapas, tal y como venimos experimentando en algunas comunidades autónomas.
• Que serían tratadas como clientela a la que prestar un servicio sometido a las leyes del mercado y no como ciudadanía a la que se le debe asegurar un derecho fundamental y que sufrirían las consecuencias de una cada vez mayor desigualdad social, entre familias con posibilidades económicas y aquellas más desfavorecidas, en esta ocasión en relación con la educación de sus hijos e hijas.
• Cuya participación en la toma de decisiones de la vida del centro como parte implicada de una comunidad educativa, queda relegada a una mera representación consultiva en los consejos escolares.
Pensamos que hay numerosos aspectos del currículo y la estructura del sistema que se proponen en esta ley, que favorecen las situaciones antes mencionadas y que además ponen de manifiesto el carácter fuertemente ideológico de la ley como son:
1. Retirada del currículo de ciertas asignaturas como Educación para la ciudadanía o Ciencias del mundo contemporáneo, necesarias para el fortalecimiento de valores de participación ciudadana con espíritu crítico en sociedades democráticas y desarrolladas
2. Mantenimiento de la asignatura de Religión Confesional como materia optativa con carácter evaluable para la obtención de títulos y becas. Proponemos la incorporación de una asignatura sobre el Hecho Religioso con un currículo no confesional de rigor académico, plural, respetuoso y no vinculado a ninguna confesionalidad ni autoridad religiosa, sino académica.
3. Facilidad para la posibilidad de conciertos educativos con instituciones privadas, sin manifestación expresa alguna de una apuesta por el fortalecimiento de la escuela de titularidad pública, por lo que nos tememos el incremento de la primera, incluyendo aquí los centros que tienen como criterio la segregación por sexos, en detrimento de la segunda.
Es por todo esto que como ciudadanos requerimos la retirada de la LOMCE del trámite parlamentario que se desarrolla para su posible implantación. Y como cristianos, miembros de la Iglesia, pedimos a nuestros máximos servidores y representantes que en sus manifestaciones públicas sobre la cuestión educativa tengan en cuenta el interés por el bien común de la sociedad y la diversidad de opiniones y opciones que en relación con el tema educativo conviven en el seno de la Asamblea Universal de cristianos y cristianas.
Por su parte, el secretario general de la Federación de Escuelas Católicas (FERE-CECA), José María Alvira, ha llamado la atención de los grupos parlamentarios por la frecuencia con la que realizan modificaciones legislativas en el sistema educativo, que a su juicio «difícilmente soportará más cambios en un futuro próximo«.
Alvira ha hecho estas consideraciones en la Comisión de Educación de la Cámara baja, dentro de la ronda de comparecencias de expertos educativos para que muestren su opinión sobre la reforma educativa ante los grupos parlamentarios, a los que ha reclamado un «verdadero pacto educativo» de ámbito nacional sobre la educación.
Y lo ha hecho porque hasta que no se llegue a ese pacto, «estamos expuestos a que suceda lo mismo cada cierto tiempo«.
Estas opiniones las ha planteado Alvira al referirse al proyecto de Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), un proyecto , ha dicho, «con vocación de mejorar el sistema educativo, pero con muchas lagunas», y que requiere diálogo que, en su opinión, «no ha sido suficiente hasta el momento».
A Alvira le parece «loable y necesario» el objetivo de la reforma, pero algunas de las medidas para lograrlo, como la evaluación externa, los itinerarios, la atención individualizada o los programas de refuerzo, la formación profesional básica o las pasarelas flexibles, son «muy mejorables» y, en su opinión, se deberían corregir sus «defectos» en el debate parlamentario.
Para el representante de las escuelas católicas, el reparto de competencias entre la administración central, las comunidades autónomas y los centros en cuestiones «esenciales», como el curriculum básico, el horario de las materias o las directrices pedagógicas, es «complejo y confuso» en algunos aspectos y supone un «retroceso» respecto a la autonomía pedagógica de los centros.
A pesar de las «buenas intenciones» de Educación, Alvira ha hecho un reproche a su propuesta, «la falta de un proyecto coherente y global» que dé sentido y unidad a la reforma prevista.
«Habría sido deseable plantear la Lomce como una ley nueva que derogase las anteriores» ha dicho el representante de las escuelas católicas, porque «no tiene sentido seguir manteniendo las leyes previas modificadas en su inmensa mayoría de artículos y planteamientos».
Entre esos planteamientos está el referido a la asignatura de religión, optativa y evaluable: le parece adecuado «que se le otorgue la seriedad que requiere» y ha incidido en que «no hay que perder de vista que se trata de una materia optativa».
«La Lomce no es la ley de la concertada», ha hecho hincapié Alvira, ya que el proyecto de ley «no acaba de abordar las cuestiones pendientes y resolver los graves defectos que presenta el actual modelo de concertación».
(RD/Agencias)