El PP aprueba en solitario la reforma educativa con la oposición de padres, profesores y obispos

LOMCE: una ley sin consenso, agotada antes de nacer

La Conferencia Epsicopal espera "diálogo", y Escuelas Católicas lamenta la "ocasión perdida"

Una verdadera oportunidad perdida para que el Gobierno hubiese plasmado sus principios electorales a favor de la libertad de enseñanza

(J. Bastante/Agencias).- El Congreso ha aprobado definitivamente, con el único apoyo del Partido Popular, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), la enésima reforma educativa de nuestra democracia, y que cuenta con la oposición de padres, profesores, sindicatos y de la propia Iglesia, que considera que la norma «no cumple» con los Acuerdos Iglesia-Estado. Una ley «agotada antes de nacer».

El debate previo a la votación ha concluido con una cita bíblica, tomada del Eclesiastés, en la que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha mostrado su deseo de que «haya terminado el tiempo de destruir y comience entre todos el de construir».

En la Conferencia Episcopal, la LOMCE ha sido recibida con cierto pesimismo. Pese a todo, el nuevo secretario general de la CEE, Jose María Gil Tamayo, considera que «todavía cabe diálogo» sobre la presencia de la asignatura de Religión en la Ley, que no contempla la oferta obligatoria de esta materia en el Bachillerato.

«Creo que todavía hay que esperar el desarrollo de los decretos donde se pase ya de las intenciones, del marco jurídico general, a un plano de ejecución concreta, todavía ahí cabe dialogo y escuchar a los actores, entre ellos, la propia Iglesia, la propia CEE», ha matizado en una entrevista concedida a Ep.

Iglesia: voluntad de cooperación

No obstante, Tamayo ha precisado que la voluntad de la Iglesia no es acudir a los tribunales, sino cooperar. «Pasa como en los matrimonios, cuando se va a los tribunales es que las cosas van muy mal. La voluntad de la Iglesia es de cooperación, de ayuda porque quiere contribuir al bien común de los ciudadanos, en este caso de los católicos y de los hijos de los católicos que están en la edad escolar y quieren que se respete su derecho a la educación conforme a sus convicciones, es un planteamiento positivo, la posición de la Iglesia no es la posición de la contra, contra algo«, asevera.

En todo caso, cree que la cuestión de la enseñanza religiosa en el marco escolar debe estar «más allá de vaivenes políticos y alternancias» y pide que «de una vez» se resuelva el asunto. «Transcurrido todo este tiempo de recorrido constitucional y vida democrática es una cuestión que todavía no hay resuelta y está a merced de banderías o de opiniones según los estados de opinión previamente inducidos desde el punto de vista político», apunta.

Asimismo, recuerda que los pactos internacionales con rango de ley orgánica tienen que cumplirse y, en este caso, tienen que «trasladarse en los cauces necesarios, en el diseño curricular de la enseñanza, como se ha pactado» y que la Constitución Española «obliga» al Estado a colaborar con las confesiones religiosas nombrando a la Iglesia católica «de forma específica».

En esta línea, Gil Tamayo también defiende el derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación conforme a sus convicciones y apunta que «quienes están en el tramo del Bachillerato no son menos hijos que quienes están en la ESO y no tiene por qué ver desamparado ese derecho que el Estado ha de propiciar».

 

Escuelas Católicas: «una ley sin consenso»

Por su parte, Escuelas Católicas ha expresado su «decepción» ante la aprobación de la LOMCE. En un comunicado, EC sostien que «la nueva ley tiene muchas lagunas y constituye una ocasión perdida para haber logrado una ley de consenso que aunara fuerzas, tomando como referencia un Pacto Educativo, y garantizara la complementariedad de redes educativas».

En opinión de los colegios católicos, «la falta de diálogo constructivo y de aceptación de propuestas de mejora remitidas» ha provocado un texto final que sólo provoca «perplejidad» y que denota «un ejemplo de falta de coherencia, distorsión de la realidad y, en algunos casos, manipulación de la opinión pública desde distintos sectores».

Respecto a los centros católicos concertados, la nueva norma, lejos de ser la «ley de la concertada» como algunos insisten en manifestar, «supone una enorme preocupación por cuanto no conecta realmente la necesidad de escolarización con la demanda; no introduce ninguna novedad concreta que garantice que un centro con demanda mantenga el concierto; no corrige el déficit endémico del módulo económico; no reconoce los derechos del titular del centro frente a la Administración; no garantiza la complementariedad de redes; no contempla el servicio educativo como servicio público y social, etc.»

En definitiva, la LOMCE supone «una verdadera oportunidad perdida para que el Gobierno hubiese plasmado sus principios electorales a favor de la libertad de enseñanza». Es más, EC considera que en algún aspecto la ley puede suponer un retroceso con respecto a la enseñanza concertada en cuestiones como la programación de la oferta y la autonomía de los centros.

Por todo ello, Escuelas Católicas pide al Gobierno «más coherencia en el desarrollo normativo de la Ley», al tiempo que «espera de todos los grupos sociales y políticos un espíritu dialogante» a lo largo de dicho proceso.

 

ANPE: «No es la solución»

Finalmente, el sindicato ANPE señala que la LOMCE «dista mucho de ser la solución» a los problemas de la educación en España. «El ministerio debería saber que una ley de Educación no puede hacerse sin unos consensos políticos y sociales mínimos», señala en un comunicado, donde «se mantiene prácticamente el mismo modelo pedagógico y la estructura que se pretende reformar y en lo referente a la vertebración y cohesión del sistema, existe un grave desajuste en la distribución de competencias para la concreción del currículo que puede ahondar en una mayor descentralización produciendo asimetrías y desigualdades entre las comunidades autónomas».

En cuanto a los recortes, ANPE los califica de «momento crítico para la enseñanza pública», que debería ser la «primera beneficiaria de la recuperación». «Esta ley solo podrá ser viable si aumenta sustancialmente la financiación en Educación y quedan sin desarrollarse reglamentariamente las medidas que cuentan con menor consenso».

Por todo ello, ANPE califica la reforma de «ley agotada antes de nacer y una lamentable oportunidad perdida para haber llevado a cabo la reforma global, profunda y con visión de futuro que necesita la educación en España».

Estos son los principales puntos de la reforma liderada por el ministro José Ignacio Wert, y que modifica parcialmente la Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006:

Calendario
– La Lomce comenzará a implantarse para Primaria y Formación Profesional (FP) Básica en el curso 2014-2015, mientras que en la ESO será en los cursos 2015-16 y 2016-2017 para primero y tercero cursos y para segundo y cuarto, respectivamente.
La primera evaluación final de ESO será en 2017
En Bachillerato, la Lomce comienza para el primer curso en 2015-2016, y para el segundo en 2016-2017. La primera evaluación final será también en 2017.
La selectividad, que se suprime, se mantiene para los alumnos que quieran acceder a la Universidad antes del curso 2017-18.

Asignaturas y cursos
– Las asignaturas de Primaria, ESO y Bachillerato se agrupan en: troncales (reguladas esencialmente por el Gobierno con una carga lectiva mínima del 50 % del horario total), las específicas y las de libre configuración autonómica (como Lengua cooficial, con tratamiento análogo al castellano), cuyos horarios y contenidos corresponderán a las comunidades. Los centros podrán complementar los tres bloques de materias y configurar su oferta formativa.
– Anticipo de elección de itinerarios en ESO. En tercero se puede optar entre Matemáticas de iniciación a enseñanzas académicas o aplicadas; en cuarto (15 años), elección entre enseñanzas orientadas al Bachillerato o a FP.
– En ESO, con carácter general, se podrá pasar de curso con dos suspensos como máximo, siempre que no sean simultáneamente Matemáticas y Lengua.
– El Bachillerato tendrá tres modalidades: Ciencias, Artes, y Humanidades y Ciencias Sociales. En este último se fijarán dos itinerarios, de forma que quienes elijan Humanidades estudiarán Latín y los otros Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales.

Evaluaciones
– Pruebas nacionales comunes al final de sexto de Primaria, cuarto de ESO y segundo de Bachillerato, diseñadas por la administración central previa consulta a las comunidades. Es necesario superar las dos últimas para obtener los títulos correspondientes.
– Las administraciones educativas podrán establecer medidas de atención personalizada para aquellos alumnos que no superen la evaluación final de ESO.
– Al terminar tercero de Primaria, evaluación individualizada para la detección precoz de dificultades en el aprendizaje a cargo de las administraciones educativas.
– La realización de las pruebas corresponde a las administraciones y serán aplicadas y calificadas por profesorado del Sistema Educativo Español externo al centro, aunque no sea funcionario.
– Los resultados de los centros se publicarán en relación con los factores socioeconómicos y socioculturales del lugar donde estén ubicados.
– Las administraciones podrán establecer planes específicos de mejora en los centros públicos que no alcancen niveles adecuados.

Formación profesional
– Nueva FP básica de dos cursos obligatorios para alumnos de entre 15 y 17 años con dificultades de aprendizaje que hayan terminado tercero o, excepcionalmente, segundo de ESO. Servirá para obtener el título de la ESO y pasar a FP de grado medio. En FP básica, las administraciones educativas determinarán en qué centros se implantarán los ciclos formativos.

Castellano vehicular
– El castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas comunidades de acuerdo con sus Estatutos y normativa aplicable.
– El Gobierno adelantará el pago de la escolarización privada de aquellos alumnos que no tengan garantizado el aprendizaje en castellano en los centros públicos o concertados de las comunidades con lengua cooficial, y se lo descontará a éstas de la financiación autonómica que les corresponda.

Religión
– La asignatura de Religión, voluntaria, tendrá como alternativas obligatorias Valores Sociales y Cívicos (Primaria) y Valores Éticos (Secundaria), que también podrán escogerse como opcionales. Desaparece Educación para la Ciudadanía.

Centros

– Los miembros del equipo directivo del centro y los profesores serán considerados autoridad pública.
– El nombramiento de los directores, por cuatro años, se hará previa evaluación positiva de su trabajo, bajo criterios públicos y objetivos en los que se incluirán las evaluaciones individualizadas de los alumnos.
– Los directores de los centros públicos deberán acreditar cinco años de docencia y un curso específico de formación. Podrán fijar requisitos y méritos para los puestos docentes. Las comisiones de selección estarán formadas por representantes de la administración (más del 50 %) y del centro.
– El consejo escolar del centro tendrán funciones esencialmente consultivas.
– Los centros que diferencian por sexo no tendrán que «justificar de forma objetiva y razonada» ese modelo educativo para optar al concierto, y se permitirá que vuelvan a solicitarlo aquellos a los que se les denegó en 2013 por educar de forma separada.
– Las comunidades podrán convocar concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público dotacional.

Otros
– El Ministerio promoverá el préstamo gratuito de libros de texto y otros materiales para la educación básica en los centros sostenidos con fondos públicos.
– Las Administraciones promoverán la práctica diaria del deporte y el ejercicio físico de los alumnos durante la jornada escolar, y el diseño y supervisión de las medidas que los centros adopten para ello serán asumidas por profesorado cualificado.
– El Gobierno podrá regular y gestionar, dentro del ámbito del deporte de alto nivel y la regulación del deporte federado estatal, centros de titularidad estatal que impartan las enseñanzas deportivas de grado superior a distancia en toda España.
– En la oferta de educación a distancia se podrán establecer criterios específicos adicionales ante las situaciones personales y laborales de las personas adultas.
– Los alumnos con título o estudios equivalentes al Bachillerato de países extracomunitarios podrán acceder a las universidades españolas siempre que superen los procedimientos de admisión específicos que hubiere.

 

Autor

Jesús Bastante

Escritor, periodista y maratoniano. Es subdirector de Religión Digital.

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