El PP denuncia que que el Principado pretende «adoctrinar a los niños les guste o no», mermando de ese modo la capacidad de decisión de los padres sobre la educación de sus hijos
La carta semanal en la que el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, cargó contra la «piqueta del poder», que busca «reducir hasta su extinción» la asignatura de Religión en Asturias ha reabierto una vieja polémica con el Gobierno. Así, la consejera de Educación, Ana González, ha recordado que «la Religión es una cuestión privada y tenemos iglesias para sentar doctrina».
González replicó ayer a Sanz que «la Religión es una cuestión absolutamente privada, que tiene que ver con el ámbito de las creencias» y que en Asturias «tenemos una buena estructura territorial de iglesias, como bien sabe el arzobispo, que puede sentar doctrina entre la feligresía». Y eso, porque «la finalidad de la estructura educativa no puede ser la enseñanza de las creencias particulares».
Quien sí respaldó la posición del prelado fue la diputada del PP Susana López Ares, a quien no le gusta que la consejería haya decidido incluir contenidos de Educación para la Ciudadanía en la asignatura de Ciencias Sociales y que defendió que el Principado pretende «adoctrinar a los niños les guste o no», mermando de ese modo la capacidad de decisión de los padres sobre la educación de sus hijos.
La misma postura defendió el portavoz de las familias de la concertada, agrupadas en la CONCAPA, José Manuel Martínez, quien llegó a asegurar incluso que, toda vez que «no se respetan los Acuerdos Iglesia-Estado, que forman parte del ordenamiento jurídico español, no podemos hablar de un estado de derecho».
Y si para las familias de la enseñanza pública, representadas por Juana Llana, de FAPAS-Xixón, «en un estado laico, la Religión, que además pagamos todos, tiene que estar fuera de la escuela», los 250 profesores de la asignatura calculan que «podría perderse hasta un tercio de los empleos, una medida impensable para un Gobierno llamado obrero por mucha inquina que le tenga a la asignatura».
Cuenta Antonio Cabeza que es «un mazazo en toda regla para el colectivo, para muchas familias», y que están entre la espada y la pared, a merced de «los caprichos de los políticos». Entre un Gobierno central que les hizo «la pascua» con la LOMCE, «la ley más laicista de toda la democracia», y una consejería que -como han hecho también Galicia y Canarias- aprovecha ahora para convertirlos en «una materia marginal, porque, con 60 minutos a la semana, no hay asignatura que pueda desarrollarse dignamente».
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