A quien más importaría la separación tajante de la Política y la Religión es a la Iglesia Católica
(Ramón Baltar).- El nuevo secretario general del PSOE entiende que la revisión de los Acuerdos con la Santa Sede debe hacerse «traduciéndolos» a una Ley de Libertad Religiosa «que garantice el hecho religioso y la igualdad de todas las religiones que conviven en España, principalmente la católica». Veremos si llegado el caso no se le aflojan los calzones.
Que el ejercicio de la libertad religiosa es algo que corresponde garantizar el Estado laico salta a la vista, y por ello urge que el Parlamento legisle lo que procede en esta delicado asunto público (lo es por mucho que se afanen cuatro comecuras folclóricos en reducirlo al ámbito privado). Hasta aquí ha evitado entrar en ello para no molestar al frente trentodita, que se aprovecha en sus tratos con las Administraciones Públicas de la ausencia un marco legal que señale los términos que no deben pasar.
El Reino de España según la CE es aconfesional, pero por la pusilanimidad de los políticos funciona como confesional encubierto. La aconfesionalidad estatal plena se da cuando de las arcas públicas no sale ni un ochavo para las de las iglesias y confesiones religiosas. En España la ICAR no sólo se lleva una punta de millones por conceptos de imposible justificación constitucional, sino que Hacienda hace de recaudadora eclesiástica y ni siquiera cobra los gastos de gestión.
La razón para denunciar cuanto antes los Acuerdos es que, gestados de aquella manera y en una sociedad abocada al pluralismo religioso, su cumplimiento no podía crear más que perjuicios a la parte digamos apoquinante. Bien analizado, sólo aparece un punto en el que el Estado está obligado a cooperar con las iglesias: la conservación de las piezas del patrimonio cultural de la nación de que éstas son titulares jurídicos.
A quien más importaría la separación tajante de la Política y la Religión es a la Iglesia Católica. Pero a sus líderes no les entra en la mollera que las subvenciones y los privilegios estatales no deciden la cuota en el mercado de utópicos.
