Quien oculte, quien incumpla la normativa vigente, quien mire para otro lado, sea quien sea, ha de ser investigado y sancionado
(Gregorio Delgado).- En la última reunión del Papa Francisco con algunas víctimas de abuso, pronunció estas humildes palabras: «También les pido perdón por los pecados de omisión por parte de líderes de la Iglesia que no han respondido adecuadamente a las denuncias de abuso presentadas por familiares y por aquellos que fueron víctimas del abuso».
Esta sincera y valiente declaración se inscribe, sin duda, en el marco de la urgente necesidad que experimenta la Iglesia a fin de recuperar la credibilidad perdida. Y, en ese marco, me parece igualmente necesario profundizar en ciertos aspectos, aunque ello sea muy complicado y doloroso.
A mi entender, no basta con reconocer y pedir perdón por los pecados de omisión cómplice. Es necesario dar un paso más. Cierto que, en un pasado no muy lejano, esta actitud -por increíble que parezca- brillaba por su ausencia en el seno de la Iglesia. Pero, dado que los pecados de omisión fueron -y pueden ser- evidentes, me parece obligado ser consecuentes con su reconocimiento.
Quienes los cometieron -sin excepción alguna- han de pagar por ellos. No puede ser que miembros de la Jerarquía católica, que no aplicaron las normas canónicas obligatorias, que miraron para otro lado, que adoptaron actitudes que pusieron en peligro a otros menores, que ocultaron o que, a partir de los criterios fijados por Benedicto XVI, no colaboraron con las autoridades civiles, no hayan de ser investigados y sancionados, en su caso, por los Tribunales canónicos. No puede ser que quienes tan claramente violaron las normas canónicas se vayan de ‘rositas’. Han de ser investigados -cualquiera que sea su grado en la Jerarquía católica- y, en su caso, ser sancionados (destitución) con rigor y publicidad.
¿Hasta cuándo la Iglesia va a permanecer en una situación de indefinición al respecto? ¿Cuándo, por fin, va a pasar al terreno de los hechos y dejarse ya de simples buenas palabras e intenciones? No hay que darle tantas vueltas ni marear tanto la perdiz. La imagen se preserva de otro modo. Si no se acaba también con la evidente complicidad existente, será inútil cualquier supuesto lavado de imagen. ¿Por qué se ha de esperar a que explote el escándalo para endurecer la normativa interna y mejorar los mecanismos de defensa frente al abuso sexual? ¿Qué habían hecho hasta ese momento las respectivas Conferencias episcopales? ¡Responsabilidad!
No entenderlo así y no actuar con coherencia por doloroso que sea dada la posición de la Jerarquía implicada, supondrá, como viene sucediendo, exacerbar aún más los ánimos, propiciar que la respuesta de la Iglesia sea vista como ‘desprecio’ a la opinión pública y a las leyes del Estado, dar lugar a la nefasta imagen de creerse ‘por encima de las leyes’ estatales y levantar incomprensibles ‘muros de silencio’ de carácter defensivo.
No debería echar en saco roto lo ocurrido en USA, en Bélgica, en Irlanda, en Australia, en Alemania. Es necesario activar con urgencia el cambio de criterio. Quien oculte, quien incumpla la normativa vigente, quien mire para otro lado, sea quien sea, ha de ser investigado y sancionado. No importa que sea una Jerarquía local (obispo, arzobispo, cardenal) o un miembro de la Curia romana. También éstos últimos tienen responsabilidad y también sobre ellos ha recaído y recae la sombra de la duda y la sospecha cómplice.
Ahora viene a mi recuerdo John Henry Newman en su Carta al Duque de Norfolk y me pregunto si es que se piensa en la existencia de alguna incoherencia en ser un buen católico (un buen Pastor) y un buen inglés (un buen ciudadano). El problema, a mi entender, es de otro orden. No es cuestión de buscar extrañas coherencias y armonías. La verdadera cuestión -por mucho que se disimule- estriba en qué hacer con aquellos miembros de la Jerarquía católica, que ni han sido buenos pastores ni buenos ciudadanos.
No fueron (ni son) buenos pastores porque «no han respondido adecuadamente a las denuncias de abuso presentadas por familiares y por aquellos que fueron víctimas del abuso» (Francisco); porque se han comportado hipócritamente; porque optaron en su día por salvaguardar la mera apariencia; porque abdicaron de los principios al servicio de ciertos intereses inconfesables; porque demostraron no haber entendido -como es tradición en el mundo eclesiástico- el capítulo 6º de San Mateo; porque se olvidaron (en su actividad pastoral) de algo tan esencial como el servicio a la verdad.
No fueron (ni son) buenos ciudadanos porque buscaron burlar las leyes del Estado, que obligan a todos por igual; porque han levantado ‘muros de silencio’ para obstaculizar la acción de la justicia estatal; por que, en el fondo, han acreditado con su conducta que se sienten ciudadanos diferentes; porque han intentado obtener un trato discriminatorio y privilegiado; porque no acreditan respeto y estima por la las leyes de su propio país; etcétera.
En esta dimensión, la Iglesia ha de extremar el tacto y el buen hacer. No se puede permitir el lujo de provocar conflictos diplomáticos como los de Bélgica, Australia o, en la actualidad, Alemania. Las leyes estatales han de observarse y aplicarse también a la Jerarquía católica en toda extensión.
