(Ramón Baltar).- Los defensores de lo indefendible están irritados con los que piden la dimisión del arzobispo de Granada, cuyo manejo del caso de los sacerdotes y laicos acusados de pederastia por varias de sus víctimas no queda claro sino todo lo contrario. Se encuentra más de un motivo por los que debería renunciar al cargo, todos de mucho peso.
El primero es la obligación moral de certificar con un hecho indiscutible que, más que por el suyo, mira por el buen nombre de la institución que le encumbró a la dignidad episcopal en la cual ha dado hartas muestras de andar muy escaso de las condiciones requeridas para desempeñarla. En el punto a que han llegado las cosas, clavarse en el sillón y taparse los ojos con la mitra no sirve para otra cosa que para desacreditar a la Iglesia que preside, a la española y a la universal.
El segundo se puede poner de este modo: el arzobispo Martínez fue puesto allí para que hechos como los investigados no sucedieran, pero como sucedieron tiene que hacerse responsable de ellos al menos por el concepto de negligentia in vigilando (vigilar es función del obispo como su nombre griego declara).
En caso como el presente, la prudencia recomienda aplicar la siguiente regla: si el gobernante comete un error que apareja daños irreparables, ha de ser privado de la posibilidad de repetirlo.
Aún hay un tercero: el papa Francisco ha dado muestras contundentes de estar empeñado en la lucha contra los abusos sexuales cometidos por sacerdotes con niños, pero el prelado granadino no las dio suficientes de haber imitado su ejemplo y cumplido a rajatabla el protocolo de actuación dispuesto por la Santa Sede. Sería una muestra de consideración por parte del susodicho no forzar al colega romano a decretar su destitución.
En resumen: si el obispo entrega a la justicia civil a los clérigos imputables de tan horrendo delito, éstos solos responderán de su delitos; si omite o tarda en hacerlo, se convierte en encubridor y corresponsable. No caben aquí sutilezas saduceas.
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