Hemos percibido últimamente que en Roma se quiere ya dejar solucionado de una vez y para siempre la ejecución plena y completa de la sentencia del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica
El Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica ha abierto una opción para instar a la devolución de los bienes de las parroquias aragonesas depositados en Lérida al plantear que la ejecución de sus sentencias le corresponden a la Congregación para los Obispos a través de la vía canónica.
La carta ha sido remitida desde el tribunal romano al abogado de los ayuntamientos altoaragoneses de Berbegal, Peralta de Alcofea y Villanueva de Sijena, Jorge Español en respuesta a una carta escrita para denunciar la utilización de algunas de las piezas en una exposición en las que se combinaban con fotografías de artistas de rock.
Español se ha puesto en contacto con la consejera de Educación y Cultura del Gobierno aragonés, Mayte Pérez, con la que han acordado convocar en breve a los obispos de Barbastro-Monzón y Huesca a una reunión para solicitarles que inicien «sin demora» la vía canónica para reclamar la ejecución de la sentencia de la Signatura, ha informado el letrado.
La carta de la Signatura Apostólica, que firma desde Roma el arzobispo de Capocilla, Jesús Montanari, asegura que la ejecución de las sentencias y decretos del supremo tribunal vaticano en relación a los bienes de las parroquias «es ya competencia de la Congregación para los Obispos».
En su contestación, Montanari, secretario de la Congregación para los Obispos, envía una relación con los nombres y direcciones de dieciséis abogados canonistas autorizados para ejercer a través de la vía canónica.
Los bienes de las parroquias permanecen en el Museo Diocesano y Comarcal de Lérida, donde los depositó en 1999 el Obispado de Lérida bajo la tutela de un patronato del que forma parte la Generalitat de Cataluña y otras instituciones catalanas.
En su carta a la Signatura Apostólica, Español señalaba que el ingreso del obispado ilerdense en el referido consorcio museístico se produjo de forma «indebida» al estar en marcha el litigio canónico por la propiedad de los bienes.
Además, se esgrimía una circular del Vaticano que prohíbe de forma expresa que una colección de arte diocesano se custodie en un museo civil.
Español recuerda, por otra parte, que en octubre de 2005 el entonces obispo de Lérida Javier Ciuraneta incurrió en una «flagrante desobediencia» ante la Congregación de Obispos al no cumplir la orden de devolver los bienes un plazo máximo de 30 días.
Según el letrado, Ciuraneta pidió permiso a la consejería de Cultura de la Generalitat para «donar» las piezas reclamadas a las parroquias aragonesas, «atribuyéndose condiciones de dueño».
En su carta a la entonces consejera catalana de Cultura Caterina Mieras, que rechazó la petición, Ciuraneta lamentaba la decisión de la Congregación para los Obispos e insistía, contra lo resuelto por la Signatura Apostólica, que los bienes eran propiedad de la Diócesis de Lérida.
Según Jorge Español, «hemos percibido últimamente que en Roma se quiere ya dejar solucionado de una vez y para siempre la ejecución plena y completa de la sentencia del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica, pues el asunto ya se ha demorado en exceso».
Este letrado confía en que de la reunión a la que se prevé convocar a los obispos de Barbastro-Monzón y Lérida surja el compromiso de los titulares de ambas diócesis de reclamar ante la Congregación de Obispos el cumplimiento de la sentencia y de la referida circular del Vaticano. Se da la circunstancia de que Juan José Omella, el arzobispo electo de Barcelona (y que lo fuera de Barbastro), es miembro de la Congregación de Obispos.
(RD/Agencias)
