Gregorio Delgado

¡No seguir siendo apestados! (I)

Benedicto XVI fue el valiente que ayudó a tantos a abrir esta puerta

¡No seguir siendo apestados! (I)
Gregorio Delgado

La respuesta de la Iglesia al delito de abuso sexual del clero no acaba de fijarse con claridad

(Gregorio Delgado del Río).- Las cosas se están complicando. La respuesta de la Iglesia al delito de abuso sexual del clero no acaba de fijarse con claridad y de modo indubitado de tal forma que no se suscite duda alguna al respecto. Sigue el goteo ininterrumpido de nuevos casos. Colean las consecuencias de alguno de las grandes escándalos anteriores. Surgen también a diario demasiadas resistencias incomprensibles e irresponsables. Con la que ha caído -y seguirá cayendo, si no se despeja el panorama-, no se entiende la persistencia en el error. Es, sencillamente, suicida.

Una cosa debiera parecer clara a todos: El verdadero pecado -lo que de verdad apesta- es la actitud de complicidad en el ocultamiento, el persistir en la idea de lavar los trapos sucios en casa, el insistir, por muchos, en la no obligatoriedad de colaborar con las autoridades civiles en la persecución y castigo de estos delitos, el rodear su tratamiento con tanto secretismo (secreto pontificio) y desde la distancia, en muchos casos, del lugar en el que han tenido lugar los hechos, el exhibir una prepotencia impropia en cualquiera que pretenda ser testigo de Jesús. Hay, como ha pedido en varias ocasiones el papa Francisco, que avergonzarse. Dicho, en román paladino, hay que tener -señores obispos y jerarcas vaticanos- vergüenza torera. Es urgente recuperar la credibilidad perdida y buscar la paz de la conciencia. ¡Sobra tanta hipocresía!

En la perspectiva referida y con el afán de colaborar en aquello que pertenece al bien de la Iglesia (c. 212. 3), voy a manifestar y realizar ciertas reflexiones, que estimo, desde mi competencia y conocimiento, pertinentes. Con ello, sólo quiero -aunque mucho fundamentalista hipócrita lo entienda como traición- responder a un imperativo ético y hacer mías las palabras de Émile Zola: «Mi deber es hablar, no quiero ser cómplice».

Una primera reflexión consiste en subrayar que, aunque les pese a muchos que aparecen interesadamente desinformados (los mismos que se sentían complacidos con el ocultamiento pasado y ahora practican tantas resistencias), lo cierto es que el Pontificado de Juan Pablo II ha quedado estigmatizado para siempre por seguir un criterio (‘… para no dañar a la Iglesia, los trapos sucios hay que lavarlos en casa´) que, a la postre, ha hecho que la Iglesia haya perdido a chorros su ya debilitada credibilidad en el sociedad actual. Todos conocemos a muchos -con su nombre y apellidos- instrumentos activos de semejante desatino. Por cierto, que -aunque no sea de recibo- se han ido de rositas. ¡Justicia divina!

En respuesta a las cuestiones suscitadas por el Informe de la Comisión de investigación sobre la diócesis de Clony (Irlanda), conocido como Cloyne Report, se puede apreciar la vigencia del expresado criterio de actuación: «Cumplir con los requisitos canónicos para asegurar la correcta administración de  justicia en la Iglesia de ningún modo impedía la cooperación con las autoridades civiles. La Congregación para el Clero expresó reservas acerca de la obligación de denuncia, pero no prohibió a los obispos irlandeses denunciar a las autoridades civiles las acusaciones de abuso sexual de menores, ni animó a los obispos a que no observaran la ley irlandesa. Al respecto, el entonces prefecto de la Congregación, el cardenal Darío Castrillón Hoyos, en su encuentro con los obispos irlandeses en Rosses Point, Condado de Sligo (Irlanda), el 12 de noviembre de 1998, afirmó inequívocamente: «Deseo también decir con gran claridad que la Iglesia, especialmente a través de sus pastores (los obispos), no debe de ningún modo poner obstáculos al legítimo camino de la justicia civil, cuando éste es emprendido por quienes tienen ese derecho, mientras que al mismo tiempo la Iglesia debe proseguir con sus propios procedimientos canónicos, en la verdad, en la justicia y en la caridad hacia todos».

La prueba definitiva e incontrovertible de que ese era el criterio -además de los incontables casos de ocultamiento admitidos y puestos en marcha por toda la Iglesia- la tenemos en la Carta (8 de septiembre de 2001) que el Card Castrillón (que fue responsable máximo en toda la Iglesia para este tipo de asuntos) envió a Mons Picán, Obispo de Bayeux-Lisieux (Francia) condenado a tres meses de cárcel por encubrimiento, en la que le decía: «Os felicito por no haber denunciado a un sacerdote a la administración civil. Lo has hecho bien y estoy encantado de tener un compañero en el episcopado que, a los ojos de la historia y de todos los obispos del mundo, habría preferido la cárcel antes que denunciar a su hijo sacerdote». El Obispo, según el criterio entonces imperante, no tendría obligación alguna -ni siquiera civil- de denunciar a un sacerdote, ‘hijo espiritual’ suyo, pues ningún ordenamiento civil puede obligar a un ‘padre a testificar contra sus hijos’.

Por si lo anterior no fuese suficiente, debemos subrayar la autenticidad de la Carta en cuestión (reconocida por el portavoz vaticano) y, sobre todo, que, como expresó en su momento el citado Cardenal, «me autorizó el Santo Padre para que enviara esa carta a todos los obispos del mundo y la pusimos en internet«. Vuelvo a reiterar: ¿Todavía puede existir alguna duda acerca de cuál era el criterio que se seguía en la Congregación para el clero hasta entonces competente en estos asuntos? ¿Puede existir alguna duda acerca de cuál era el criterio que secundaba e impulsaba el propio Juan Pablo II?

La segunda reflexión se relaciona con el m.p. Sacramentorum Sanctitatis Tutela (AAS 93, 2001,737-739), promulgado por Juan Pablo II ( 31 de abril de 2001) y con las Normas sustantivas y procesales de desarrollo, en las que la competencia sobre los llamados ‘delicta graviora’ (en los que se incluye el abuso sexual del clero) se concentra ahora en la Congregación para la Doctrina de la fe, presidida desde el 25 de noviembre de 2001 por el Card. Ratzinger.

A mi entender, la idea de seguir potenciando una actuación interna -alejada de los focos de la opinión pública (trasparencia)- tiene varias manifestaciones importantes: a). Las Normas sustantivas y procesales no se acompañan al texto articulado del motu proprio y, en consecuencia, no se les otorga la publicidad que necesariamente hubiesen tenido de aparecer en el Acta Apostolicae Sedis (secretismo); b). El texto articulado de las referidas Normas es enviado -de un modo un tanto secreto- mediante Carta de la CDF a todos los Obispos católicos el 18 de mayo de 2001; c). La noticia pública de estas Normas se obtiene -no me digan que no es un método paradójico y sorprendente- a través de un artículo doctrinal aparecido en el año 2002 y su texto articulado apareció, con el consentimiento de la CDF, en una publicación de la Universidad de San Pablo en Ottawa. ¡Todo un ejemplo de trasparencia!; d). El art 30 de estas Normas establece que «las causas de este género están sujetas al secreto pontificio; e). No se habla para nada ni se impulsa una dinámica de cooperación con la Autoridad civil.

A partir de este momento (noviembre de 2001), empezó a llegar a la CDF, como un verdadero tsunami, toda ‘la porquería y suciedad’ de la Iglesia. No es necesario recordar ahora las sacudidas más vergonzosas ni el oleaje más impetuoso. Están en la memoria de todos. Hubo muchas complicidades, demasiados silencios y miradas para otro lado. Se intentaron explicaciones e interpretaciones que no eran otra cosa que excusas de mal pagador. La hipocresía volvió a habitar y brillar en la Iglesia. Todo un verdadero contra testimonio evangélico, frente al que sólo era aceptable el avergonzarse, el pedir perdón, el ayudar y compensar a las víctimas, el tomar las medidas necesarias y creíbles para evitar en el futuro semejante despropósito.

Al mismo tiempo, fue surgiendo y extendiéndose también el convencimiento en amplios sectores de la Iglesia de que no se podía seguir ni permanecer por más tiempo en la defensa del criterio (lavar en casa los trapos sucios) imperante. Por supuesto que, en el interior de la Iglesia, se debían realizar importantes reformas al respecto así como aplicar el derecho penal canónico con todo rigor. Pero, además, era el momento de tomar conciencia de que esas conductas eran también delitos ante la ley estatal respectiva. Si se quería recuperar la credibilidad perdida, la Iglesia no podía adoptar otra actitud que no fuese la de colaborar activamente en la denuncia, investigación y castigo de esas conductas por las Autoridades estatales respectivas.

No sería empresa fácil -todavía siguen expresándose resistencias y contradicciones sobre el particular-. Pero, el Card Ratzinger, en el Vía Crucis de la Semana Santa de 2005, fue absolutamente explícito:

«¡Cuánta suciedad en la Iglesia y entre los que, por su sacerdocio, deberían estar completamente entregados a él! ¡Cuánta soberbia, cuánta autosuficiencia!….. No nos queda más que gritarle desde lo profundo del alma: Kyrie, eleison – Señor, sálvanos (cf Mt 8,25)». Tres semanas después, sería elegido sucesor de Pedro.

Después de unos años de vacilación, de dudas y de escucha de las víctimas, de cargar sobre sus hombros con tanta suciedad, Benedicto XVI optó por modificar el criterio seguido hasta entonces: decidió pasar del encubrimiento a la tolerancia cero.

El papa Francisco lo ha recordado en justicia: «Benedicto XVI fue el valiente que ayudó a tantos a abrir esta puerta. Así que lo quiero recordar, porque a veces nos olvidamos de estos trabajos escondidos, que fueron los que prepararon los cimientos, para destapar la olla».

(CONTINUARÁ)

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Autor

José Manuel Vidal

Periodista y teólogo, es conocido por su labor de información sobre la Iglesia Católica. Dirige Religión Digital.

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