Lo que molesta a algunos es que, por fin, se busque rasgar el velo de la impunidad de muchos obispos
(Gregorio Delgado del Río).- Las cosas -en el empeño de configurar definitivamente la nueva respuesta de la Iglesia al problema del abuso sexual del clero– estaban planteadas de hecho en términos absolutamente contradictorios y excluyentes. Las intensas resistencias exhibidas y plenamente activas no dejaban otra posibilidad: o se daba marcha atrás con el consiguiente descrédito del papa Francisco y de la propia Iglesia o se daba la última vuelta de tuerca, que facilitase el derrumbe definitivo de la estructura del ocultamiento.
El dilema no tenía vuelta de hoja. Su resolución definitiva, sin dudas ni ambigüedades, constituía la verdadera prueba del nueve de la nueva política vaticana sobre el particular, iniciada, en parte, por Benedicto XVI y que el papa Francisco venía tratando de perfilar y configurar hasta en sus detalles.
La verdadera situación existente
Como hemos subrayado en otro momento, se había llegado a una situación tal que el verdadero pecado -lo que de verdad apestaba y rechazaba la opinión pública- era la actitud de complicidad en el ocultamiento, el persistir en la malograda idea de lavar los trapos sucios en casa, el insistir en la no obligatoriedad de colaborar con las autoridades civiles en la persecución y castigo de estos delitos, el afrontar su tratamiento con tanto secretismo (secreto pontificio), el no garantizar, en los procedimientos al uso, el derecho de todos los implicados.
Por todo ello, era cada día más urgente parar la pérdida a chorros de la credibilidad y fiabilidad de la propia Iglesia. Sobraban los manidos mantras al uso, tanto contra testimonio evangélico y tanta hipocresía.
La causa de tan lamentable situación eclesial no era (se debe subrayar con trazos vigorosos) creación del laicismo y anticlericalismo, imperantes en una parte de la sociedad actual y en algunos medios de comunicación social. No era una cuestión atizada por los tradicionales enemigos de la Iglesia. Tenía que ver -para vergüenza propia y ajena- con la comisión de graves errores de juicio en la respuesta eclesiástica a las acusaciones de abuso sexual, con los graves fallos de gobierno, cometidos en el interior de la propia Iglesia, a todos los niveles. Así se explicita en el n. 11 de la Carta pastoral (19.03.2010), que Benedicto XVI dirigió a los obispos de Irlanda. El propio Francisco ha querido recordar y reconocer tal protagonismo con estas palabras:
Benedicto XVI fue el valiente que ayudó a tantos a abrir esta puerta. Así que lo quiero recordar, porque a veces nos olvidamos de estos trabajos escondidos, que fueron los que prepararon los cimientos, para destapar la olla.
Desde el primer momento de su elección, el papa Francisco tuvo el coraje de hacer suyo el diagnóstico acertado de su predecesor y, en total coherencia con el mismo, adquirió, en su homilía en la misa en Santa Marta (7.07.2013), este compromiso con las víctimas:
No hay lugar en el ministerio de la Iglesia para aquellos que cometen estos abusos, y me comprometo a no tolerar el daño infligido a un menor por parte de nadie, independientemente de su estado clerical. Todos los obispos deben ejercer su servicio de pastores con sumo cuidado para salvaguardar la protección de menores y rendirán cuentas de esta responsabilidad».
Compromiso que ha ido cumpliendo a lo largo del tiempo -en medio de inexplicables resistencias- mediante actuaciones y mensajes muy claros que han permitido otorgar un contenido diferente a la nueva respuesta de la Iglesia a «este crimen y grave pecado», a esta especie de «culto sacrílego».
Se conocía perfectamente dónde radicaba el problema. Se sabía que existía -desde hacía mucho tiempo- una verdadera estructura de complicidad episcopal a la que había que sumar la de cierta burocracia vaticana. ¿Cómo derribar semejante gran muralla?
La solución aprobada en el seno del C-9
Se veía venir. Era indispensable. Los obispos encubridores debían rendir cuentas de sus actuaciones negligentes. Era cuestión de tiempo. El momento llegó en la décima reunión (8 al 10 de junio de 2015) del Consejo de Cardenales. El papa Francisco impulsó definitivamente la propuesta que hiciera el cardenal Sean O’ Malley. Estos fueron los cinco puntos aprobados:
1. Que la competencia para recibir y examinar las denuncias de los abusos de oficio episcopal pertenece a la Congregación para los Obispos, a la Evangelización de los pueblos, o a las Iglesias Orientales y todas las denuncias deben presentarse a la Congregación apropiada.
2. Que el Santo Padre dé poder a la Congregación para la Doctrina de la Fe para juzgar a los obispos con relación a los delitos de abusos de oficio.
3. Que el Santo Padre autorice la institución de una nueva Sección Judicial en el seno de la Congregación para la Doctrina de la Fe y el nombramiento de personal estable que prestará servicio en el Tribunal Apostólico. La realización de este punto sigue a consultas con el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
4. Que el Santo Padre nombre a un Secretario para asistir al Prefecto con relación al Tribunal. El Secretario tendría la responsabilidad de la nueva Sección Judicial y el personal de la Sección será utilizable también en los procesos penales por abuso de los menores y de los adultos vulnerables por parte del clero. También estas decisiones tienen lugar en la consulta con el prefecto de la Congregación.
5. Que el Santo Padre establezca un periodo de cinco años para esperar nuevos progresos de las presentes propuestas y para el cumplimiento de una evaluación formal y de su eficacia.
Esta medida supone el reconocimiento de la existencia de un ‘modus operandi’ eclesiástico, que ahora, por fin, se quiere finiquitar.
Se desea acabar con la red de protección a los abusadores y a sus cómplices. Se desea acabar con los comportamientos episcopales de ocultación y encubrimiento (‘abuso de oficio’). Se busca impedir que el cumplimiento del propio deber se sustituya por la recomendación de que sean otros (los familiares de las presuntas víctimas) quienes denuncien los hechos ante la autoridad penal estatal correspondiente. Estas conductas se califican, en la propuesta aprobada, como «delitos de abusos de oficio».
La decisión adoptada tampoco es tan novedosa, al menos en lo referido a la calificación de tales comportamientos episcopales como ‘delitos’. Basta la simple lectura del c. 1389 CIC. Lo que molesta a algunos es que, por fin, se busque rasgar el velo de la impunidad de muchos obispos. Lo que molesta a algunos es que se quiera acabar -de una vez por todas- con la estructura que ha protegido a tantos abusadores.
El viejo criterio (los trapos sucios se lavan en casa) y sus razones fundantes –verdadero patrón de la respuesta de la Iglesia al abuso sexual del clero en el pasado– ha de ser definitivamente superado: ya no podrá operar con la complicidad de los propios obispos, que, si incumplen sus funciones en relación con el abuso sexual del clero, serían juzgados, por negligencia y por abuso de oficio, por «…una nueva Sección Judicial en el seno de la Congregación para la Doctrina de la Fe».
El Tribunal de la CDF actuaría por iniciativa de la respectiva Congregación romana (Obispos, Evangelización de los pueblos, Iglesias orientales, Religiosos), a quien se atribuye la competencia «para recibir y examinar las denuncias de los abusos de oficio episcopal». Las denuncias que puedan presentarse (no se indica la legitimación activa sobre el particular), deberán hacerlo a la Congregación correspondiente. Este aspecto de la legitimación activa para denunciar me parece importante y debió ser contemplado en detalle. Son varias las personas e instituciones que podrían alegar un interés legítimo en la denuncia. Desde luego -y, sin duda alguna, por mi parte- entiendo que las víctimas (y las asociaciones de víctimas constituidas) implicadas en el asunto en el que el obispo denunciado pudo incurrir en negligencia culpable y/o abuso de oficio están legitimadas para dirigirse a la Congregación competente y ejercer su derecho de denuncia motivada.
Una vez recibida la denuncia, ésta debe admitirse a trámite mediante el oportuno decreto motivado. Denuncia que la propia Congregación competente estaría obligada a examinar en orden a verificar su verosimilitud, su fundamentación objetiva (Se trata de un filtro importante frente a las posibles denuncias inconsistentes y carentes de fundamentación objetiva). La verificación y examen de las denuncias recibidas determinaría, a la vista del resultado de la misma, que la Congregación -mediante el oportuno decreto motivado- optase por el archivo de la denuncia o por ejercer su competencia de denuncia ante la nueva Sección del Tribunal de la CDF a los efectos oportunos.
Se debe subrayar que, no obstante el noble objetivo que persigue la propuesta en cuestión, no se contempla -ni se tipifica como conducta delictiva- la orientación de cierta burocracia vaticana, que, sin duda, ha sido protagonista importante en la pervivencia de la vieja respuesta, contraria a los actuales criterios informadores de la misma. Dicho de otro modo, no se valora -a los efectos de abuso de oficio- actitudes como las mantenidas, entre otros, por el Card Castrillón y por la Congregación para los obispos que sólo han servido a los efectos de exhibir resistencias indebidas a la orientación que el papa Francisco está impulsando. Orientaciones que ahora pueden alegar -como excusas justificadoras- los obispos que se vean denunciados y encausados.
La rendición de cuentas y la renuncia
En línea con la propuesta aprobada, el domingo, 27 de septiembre de 2015, en el encuentro en el Seminario San Carlos Borromeo, Filadelfia, con algunas víctimas de abuso sexual del clero, el papa Francisco quiso reiterar su compromiso, que acompañó con estas meditadas palabras:
Lamento profundamente que algunos obispos no cumplieran con su responsabilidad de proteger a los menores. Es muy inquietante saber que en algunos casos incluso los obispos eran ellos mismos los abusadores. Me comprometo a seguir el camino de la verdad, dondequiera que nos pueda llevar. El clero y los obispos tendrán que rendir cuentas de sus acciones cuando abusen o no protejan a los menores.
Si algo caracteriza al papa Francisco, es la claridad de su lenguaje. Muchos obispos no han cumplido con su responsabilidad de proteger a los menores. Se ha actuado desde la ocultación y el encubrimiento. ¡Basta! Las cosas no seguirán siendo así en el futuro.
El camino a seguir será el de la verdad, el de la realidad de lo ocurrido y, a partir de la misma, se habrá de rendir cuentas por las acciones correspondientes, al margen de quienes las hayan protagonizado. Esto es, sin atender para nada a la posición jerárquica del incumplidor (obispo, arzobispo, cardenal). A todos obliga el nuevo criterio: transparencia -no ocultación y encubrimiento- y cooperación con la autoridad estatal correspondiente.
A su regreso del viaje apostólico de México (18 de febrero de 2016), el papa Francisco vuelve a mostrarse firme y categórico. No es necesario subrayar las específicas circunstancias que presenta el tema en México. Baste recordar el caso Maciel y algunos posicionamientos episcopales en relación con la respuesta exigible a los obispos. Pues bien, lo cierto es que preguntado directamente sobre cómo ve la idea de que lo que se hace (los sacerdotes, cuando llegan a ser detectados en casos de presunto abuso sexual, suelen ser cambiados de parroquia), respondió:
Un obispo que cambia a un sacerdote de parroquia cuando se detecta una pederastia es un inconsciente y lo mejor que puede hacer es presentar la renuncia. ¿Clarito?.
