Gregorio Delgado del Río

¿Fin al ocultamiento? (y III)

"Reservas y escepticismo frente a lo solución elegida"

¿Fin al ocultamiento? (y III)
Gregorio Delgado

Todo me parece envuelto en demasiada oscuridad y ambigüedad. Todo se presta a la sospecha.

(Gregorio Delgado del Río).- Con independencia de las reflexiones y matizaciones efectuadas al procedimiento en cuestión, no puedo por menos de manifestar mis reservas y mi escepticismo en relación con el camino ahora escogido. A este respecto, creo que es inevitable reflexionar y valorar ciertos aspectos que -se quiera o no- se dan cita. Veamos alguno de ellos:

1. El abandono de la vía judicial

Se ha rechazado, en efecto, el procedimiento judicial (aprobado en principio) y la calificación de tales conductas negligentes como delictivas. Se ha de subrayar que la propuesta desechada del C-9 también participaba de una cierta lógica: centrar o concentrar cualquier materia relacionada o derivada del abuso sexual del clero en un único órgano curial competente, aunque fuese por derivación. Es más, tampoco constituía una gran novedad pues no deberíamos olvidar la vigencia del c. 1389 CIC. ¿Por qué, entonces, se ha prescindido de ésta solución?

Subrayado lo anterior, nos encontramos con que se persigue el mismo objetivo mediante la actuación de cuatro Congregaciones romanas, que, hasta ahora, pudiendo y debiendo haberlo hecho (como ha recordado Kurt Martens, profesor en la UCA), se han limitado a no hacer nada, a mirar para otro lado, a poner -como en algún caso- palos en las ruedas. ¿En base a qué debemos confiar que ahora será de otro modo y que trabajarán lealmente en el logro del objetivo perseguido? ¿Acaso el problema que planteaba la vía judicial, en su día acordada, radicaba en que garantizaba un mínimo de eficacia en el derribo de las conductas negligentes y cómplices en el ocultamiento? ¿No era este el objetivo que se perseguía?

La pregunta que hay que hacerse, por tanto, está en relación con los verdaderos temores de quienes han exhibido tantas resistencias. ¿Qué es lo que han querido evitar? ¿Acaso que ciertos miembros de la Jerarquía católica y de alta burocracia vaticana pudieran ser sometidos a investigación (a juicio) sobre el particular? No creo que alguien pueda pensar seriamente que lo que se ha buscado con el abandono de la vía judicial es ser más eficaces en el efectivo derrumbe de la muralla de la ocultación y la no cooperación. No me lo creo, como tampoco lo creen -y así lo han expresado de inmediato- las víctimas y sus asociaciones.

En este sentido, ya se está pagando -por el simple abandono de la vía judicial- un precio en términos de credibilidad y fiabilidad de las víctimas y de la opinión pública. Precio que, por otra parte, se verá incrementado en términos de la puesta en riesgo del crédito del Consejo de Cardenales en relación a este tema y también al trabajo que vienen realizando para la reforma de la Curia romana.

Creo sinceramente que hubiese sido preferible impulsar una actitud consistente en avergonzarse, pedir perdón y poner los medios eficaces para que no se vuelva a repetir. Entre estos medios eficaces, hubiese bastado con impulsar y remitir al c. 1389 CIC y, como Tribunal al respecto, la nueva Sección de la CDF, prevista en la propuesta original del C-9. ¿Por qué, entonces, se ha prescindido de esta vía al margen de la posible lógica interna de la misma? ¿No habrá sido porque se ha querido eludir -ante las presiones y temores- el contenido normativo del c. 1362 CIC, que dejaría abierta la puerta a un enjuiciamiento de ciertos altos personajes de la burocracia vaticana y de la Jerarquía católica? ¿Qué habrá tenido que ver en todo ello el ‘doctrinario’ Card Müller?

2. Los riesgos inevitables

La decisión adoptada puede plantear verdaderos problemas futuros, máxime si se tiene en cuenta la lógica sensibilidad de las víctimas y sus asociaciones. Se pueden individualizar, en cualquier caso, algunos de estos riesgos:

a) La actuación de oficio

En el procedimiento aprobado, la única actuación que se contempla al respecto parece que se articula en torno la iniciativa exclusiva de la Congregación correspondiente. Si esto fuese así, se hace muy cuesta arriba imaginar a una Congregación que actúe ahora contra obispos a los que instruyó, en su día, sobre la no obligatoriedad de denunciar a las Autoridades civiles a los sacerdotes presuntamente abusadores o que, simplemente, haya venido haciendo -como ha ocurrido habitualmente- dejación de sus funciones de vigilancia y control respecto a actuaciones negligentes de ciertos obispos.

Tampoco es imaginable que ahora una Congregación vaya a condenar (‘destituir del oficio’) a obispos, que, si actuaron en el marco del ocultamiento, fue porque esa era la política sugerida y propiciada por la más alta burocracia vaticana.

Todo puede, en efecto, cambiar. ¡Ojalá! Pero, a la vista de cómo se ha actuado hasta ahora y conocidas las resistencias exhibidas, las dudas y los reparos son inevitables. Sólo, quizás, ciertos cambios personales en la alta burocracia vaticana podrían contribuir a devolver la confianza en una futura actuación diligente y plenamente imparcial.

b) La participación de las víctimas

Si alguien podría prestar un servicio a la Iglesia (‘cooperar a tenor del derecho’, del c. 129.2 CIC) en este tema serían las víctimas y sus asociaciones, cuyos derechos han podido resultar lesionados (c. 50 CIC), como consecuencia de comportamientos negligentes de algún obispo. Reconocerles legitimación activa en este procedimiento me parece absolutamente necesario (un verdadero derecho) y condición indispensable de credibilidad. ¿Por qué, entonces, se ha excluido esta colaboración? Es imaginable, no obstante, la verdadera causa del no reconocimiento de este derecho (legitimación activa) a favor de la víctimas. ¿Cómo se va a justificar y explicar semejante omisión y deficiencia?

Nadie debiera extrañarse que, cuando se produzcan las primeras decisiones al respecto, puedan aparecer protestas indignadas de las víctimas y de la opinión pública. ¿Se ha valorado el riesgo de la pérdida segura de credibilidad y fiabilidad, que sufrirá inevitablemente la propia institución? Mucho me temo que el procedimiento arbitrado sea, en ciertos casos, un remedio peor que la enfermedad misma.

c) La razón de ser de ciertos trámites

En realidad, la decisión, en sí misma considerada, no parece que ofrezca mayores dificultades. Es bastante fácil verificar si se actuó con la diligencia exigible. Bastaría con tener delante el testimonio de la denuncia inicial, el testimonio del decreto, en su caso, de apertura de la investigación previa, el testimonio del decreto de medidas cautelares y el testimonio de notificación a las Autoridades estatales competentes. ¿Dónde, entonces, radica el problema? ¿A qué viene tanto trámite y tanta intervención en el mismo de personas ajenas al asunto investigado? ¿Qué se busca con ello?

A mi entender, me temo que muchos obispos y burócratas vaticanos se sienten superiores y merecedores de un tratamiento diferente y desigual. ¡Grave error de posicionamiento! La norma canónica obliga a todos por igual, sin distinciones de ningún tipo. ¿Dónde queda aquello de ser los primeros en el servicio y en el respeto a la norma, en comunión con el sucesor de Pedro? Digámoslo sin tapujos: lo que, en realidad, da la impresión que no quieren es someterse a juicio por los riesgos que pueda implicar; lo que no aceptan, en realidad (acostumbrados a estar situados en el Olimpo), es verse obligados a rendir cuenta de sus actuaciones en el tema; lo que demandan es un trato diferente y privilegiado.

En este marco, se entiende que la Congregación pueda reunirse, ‘según la oportunidad’, con otros obispos de la Conferencia episcopal a la que pertenece el investigado, para discutir su caso (CMA, art. 3.1). ¡Increíble! Lo que debiera importar es el resultado objetivo que arroje la investigación realizada. Si, en virtud de ella, es clara la negligencia episcopal, ¿qué razones de oportunidad pueden aconsejar tratar o discutir el caso con otros obispos? ‘Según la oportunidad’, ¿de quién y para qué? La simple posibilidad del trámite en cuestión suscita toda clase de sospechas y obliga a pensar que estamos ante un instrumento de manipulación de la realidad que haya arrojado la investigación.

Es más, se trata de un trámite susceptible de ser orientado en el sentido de reforzar y arropar la decisión previa pensada, tanto si es favorable como si es contraria a la remoción del obispo investigado. Trámite, por tanto, que dará pie a todo tipo de malentendidos y sospechas. No tiene sentido alguno. Hay que estar a los resultados objetivos de la realidad que aparezca en la investigación.

Parecida valoración nos merece otro aspecto procedimental. El Papa, antes de adoptar su decisión definitiva, «… se hará asistir por un particular Colegio de Juristas, designado cuando sea necesario» (CMA, art. 5), y que, según el portavoz vaticano, «se puede prever que dicho colegio esté formado por cardenales y obispos». Una cosa parece clara: remover a un obispo negligente, a tenor del procedimiento previsto, parece una empresa titánica.

Hemos de suponer que, cuando el asunto llega al Papa, está perfectamente analizado y estudiado y, en consecuencia, la decisión definitiva, que se propone (remoción o no), se impone por sí misma, por el peso de la investigación llevada a cabo, por la evidencia de la realidad de lo ocurrido puesta de manifiesto a través del procedimiento realizado. ¿Qué necesidad hay (¿qué se busca?), en consecuencia, de este nuevo trámite? ¡Cuando sea necesario! ¿Para qué? Un Colegio de juristas, que ya se avanza que estará formado por cardenales y obispos (burocracia vaticana) ¡Lo que faltaba!

Lamento tener que expresarlo. Todo me parece envuelto en demasiada oscuridad y ambigüedad. Todo se presta a la sospecha y a la no rechazada manipulación, según convenga. Si todo esto no se elimina, me temo que no contribuirá a recuperar la credibilidad perdida ni el objetivo perseguido. ¡Ojalá me equivoque! Y, por cierto, ¿la decisión final puede ser impugnada por el afectado ante la Sección segunda del Tribunal Supremo de la Signatura apostólica? ¿Qué pasaría, no obstante el procedimiento acordado, si una víctima actuase, en el marco del c. 1389 CIC ante el Tribunal competente? Demasiadas cuestiones sueltas que no van a contribuir a cerrar el problema existente.

Creo, por otra parte, que no se acaba de aceptar lo que se lleva entre manos y lo que está en juego. Felizmente -y de esto deberían ser muy conscientes en la Iglesia- lo que no podrán controlar es la indignación de las víctimas y de la opinión pública. Si la Iglesia, para hacer frente a este problema, acepta un sistema como el que propone, el riesgo que corre es claro: no ser creída. ¡Ella sabrá a lo que se expone!

Autor

José Manuel Vidal

Periodista y teólogo, es conocido por su labor de información sobre la Iglesia Católica. Dirige Religión Digital.

Recibe nuestras noticias en tu correo

Lo más leído