Salvador Busquets ha criticado que se han "fragmentado" las ayudas por parte de la administración, reduciendo la renta mínima de inserción (RMI) y apostando por medidas individuales
El arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha pedido a la administración catalana que desarrolle la renta garantizada de ciudadanía (RGC) para garantizar el derecho a la alimentación, este miércoles en la rueda de prensa de presentación del informe ‘Frágiles, la alimentación como derecho de ciudadanía‘.
La adjunta de Acción Social de Càritas de Barcelona, Mercè Darnell, ha pedido a los poderes públicos que «se responsabilicen«, ante el hecho de que las entidades ni pueden ni deben garantizar este derecho al completo, y ha añadido que la organización ha repartido este año dos millones de euros en ayudas para la alimentación de 11.783 personas.
Entre estos, 350.000 euros han sido a través de un programa creado en 2013 y que entrega una tarjeta prepago para comprar en comercios, lo que ha beneficiado a 450 familias –alrededor de 2.300 personas– y les ha permitido «autonomía» en la compra de alimentación, además de promover el comercio de proximidad, con descuentos en algunas tiendas.
El director de Càritas de Barcelona, Salvador Busquets, ha criticado que se han «fragmentado» las ayudas por parte de la administración, reduciendo la renta mínima de inserción (RMI) y apostando por medidas individuales como becas de comedor, ante lo que por lo que ha pedido que se implemente la RGC, que recoge el Estatut, además de mejorar el acceso a un parque de vivienda social.
Omella ha explicado que le gusta mucho el nacimiento del pesebre de la plaza Sant Jaume, en el que la Virgen, San José y Jesús están en cajas de cartón, y que invita «a mirar la fragilidad de tanta gente que no tiene nada«, tanto de los que viven en la calle, como de las familias afectadas por la crisis, el paro y situaciones en las que falta amor.
(RD/Ep)