La ex notaria, María del Carmen Aador, denunció que se extrajeron del disco duro de su ordenador algunas conversaciones personales por whatsapp
(Jesús Bastante).- El próximo mes de marzo, dos arzobispos españoles se sentarán en el banquillo. Uno, Javier Martínez, como testigo, el día 10, en el caso de abusos a menores en Granada. El otro, el titular de Zaragoza, Vicente Jiménez, declarará el día 3 como imputado como presunto autor de un delito de revelación de secretos relacionado con un supuesto episodio de espionaje.
Resulta muy extraño ver a un obispo en el Juzgado en España, por lo que el anuncio de que monseñor Jiménez habrá de comparecer, como imputado, en este caso, ha causado preocupación en el seno de la Conferencia Episcopal. Sin embargo, en la diócesis de Zaragoza, la sensación es de tranquilidad. Sus responsables de comunicación apuntan a RD que «estamos tranquilos, esperando a ver», y aseguran que la única noticia les ha llegado a través de la información del diario Público. Al parecer, aún no hay confirmación oficial, o ésta no ha llegado a la diócesis.
«La situación es de absoluta tranquilidad respecto a este tema y a estas acusaciones«, declaran dichas fuentes, que señalan que el arzobispo ha mantenido su agenda de forma invariable, y que de hecho ayer estaba en Orense dando unas charlas. «Sigue con la actividad normal».
«Nosotros colaboraremos con la Justicia y, lógicamente, nos tendremos que defender», añaden desde el Arzobispado, que avanzan que, probablemente, la semana próxima se emita un comunicado ofreciendo la versión de la Iglesia.
Según relata Eduardo Bayona en Público, el prelado tendrá que declarar como investigado ante el Juzgado de Instrucción número 11 de Zaragoza, y lo hará junto al ecónomo de la diócesis, Ernesto Meléndez.
La orden del juez llega después de recibir un informe del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, en la que se vislumbran indicios de un supuesto espionaje al ordenador de la ex notaria, María del Carmen Amador, quien denunció cómo del disco duro de su ordenador en la curia fueron extraídas algunas conversaciones de su cuenta personal de mensajería de Whatsapp, y que se produjeron después de su despido, en mitad del escándalo que concluyó con el cese de Manuel Ureña como arzobispo de la ciudad del Ebro.
Este hecho podría suponer un delito de revelación de secretos, castigado por el Código Penal con penas de hasta siete años de prisión. Hay que aclarar que la legislación contempla la posibilidad de que las empresas puedan controlar algunas aplicaciones telemáticas de los ordenadores de sus trabajadores, incluyendo el correo electrónico y otros sistemas de mensajería, aunque su vigilancia requiere que el afectado haya sido previamente advertido. Y, en principio, no afectaría a los mensajes personales, aunque no está claro el uso personal de aparatos dedicados exclusivamente al trabajo.