Protección de menores y cárcel

La realidad silenciada de los menores internados

"No hay voluntad política de poner recursos y servicios para fomentar la educación"

La realidad silenciada de los menores internados
El drama de los menores refugiados Agencias

El sistema penal de menores presenta respuestas que generan vida, que recuperan personas para una sociedad que no se puede permitir prescindir de nadie, y muchos menores pueden hablar de un cambio de vida

(Xaquín Campo Freire).- Protección de menores y reclusión forma parte desde hace muchos años del carisma de los amigonianos. (Religiosos de Carlos Amigó). Fue en un Congreso de Capellanes de Pastoral Penitenciaria en Madrid donde de la mano de uno de estos religiosos, el Padre Narbona, tuve la oportunidad de conocer la dolorosa realidad de los menores recluidos por problemas con la justicia.

Luego, nuevamente, en una reunión de él con D. Jesús, el Sr. Obispo Auxiliar de Santiago, y un grupito de Pastoral Penitenciaria de Teixeiro (A Coruña). El informe sacudió nuestras conciencias y fue una llamada fuerte para prestar atención a este sector de pobres de nuestra sociedad que pasa absolutamente inadvertido. Quedé impresionado por los datos reales de la no humanización y también por silencio con el que se lleva este tema desde los responsables.

Insisto. Se refiere en concreto a los menores que incurren en delincuencia por las causas que sean y que son sentenciados por los tribunales. 
Creemos que deben ser incluidos en nuestras preocupaciones y planes pastorales. Por eso hace falta saber de ellos y de sus problemas personales, familiares, ambientales, etc. Incluso para saber a quién acudir en caso de precisarlo.

Alfredo Losada Suárez es delegado de Apostolado Seglar en la diócesis de Lugo. Por ser serio y documentado le hice hace poco esta entrevista que ya fue publicada en lengua gallega en la Revista Irimia y subida a Facebook y twitter.

 

Alfredo Losada Suárez, Fredi, es abogado en ejercicio. Máster en derecho de protección de datos de carácter personal, asunto sobre el que impartió cursos y ponencias (protección de datos y redes sociales). Persona activa en el campo de la economía social, dirige el departamento jurídico de Ítaca Software Libre y se involucra como socio o voluntario en causas y cosas que nos resultan bien conocidas, como Fiare Banca Ética, Zocamiñoca (cooperativa de consumo responsable), Son Relanzo y AGAIS (Asociación gallega por un acompañamiento para la inclusión social). Es delegado de Apostolado Seglar en la diócesis e de Lugo. 

1.- Los menores son algo preocupante y de grande sufrimiento para muchos. La Pastoral Penitenciaria te ha encomendado un estudio sobre la problemática de los menores en Galicia y en los Centros que se dedican a ellos. ¿Que abarca esa tarea?

De primeras hace falta una distinción: hay una serie de entidades públicas y personales que gestionan centros donde hay menores de edad que hacen vida habitual allí por distintos motivos: abandono, desprotección, imposibilidad de los familiares para atenderlos, orfandad, maltrato y violencia familiar, menores extranjeros no acompañados («menas»), resolución judicial, etc.

La pastoral penitenciaria quiere atender aquellos chavales y chavalas a los que un juzgado especializado (juzgado de menores) impuso la medida cautelar de internamiento o condenó en sentencia firme a la medida de internamiento en un centro. Siendo la administración competente la autonómica, los centros que hay en nuestro país son competencia da Xunta de Galicia, gestionados a través de subcontratación a entidades personales. En otras comunidades hay convenios suscritos entre la administración autonómica y los obispados correspondientes, con la finalidad de facilitar la asistencia religiosa de los menores, y en ello estamos también trabajando en Galicia.

 

 

 

2.- ¿Que se entiende por «menores», en este caso?

La Ley del menor permite el castigo a los y las jóvenes con catorce años cumplidos, hasta que lleguen a la mayoría de edad. Pero los menores de catorce años que cometen un delito, aunque no sean condenados a medidas penales, pueden tener responsabilidad civil por los actos cometidos, y los padres/madres/tutores serán responsables solidarios.

 

3.- ¿Cómo llegan a estas situaciones? ¿La familia? ¿Los barrios? ¿El paro? ¿Los malos tratos? ¿Problemas mentales?

Los informes señalan varias causas entrelazadas, que desembocan en internamientos judiciales: económicas (pobreza, paro), culturales (falta de asunción de responsabilidad en educar los chicos, las chicas, dependencia de alcohol o drogas), sociales (marginación, exclusión social, falta de apoyo familiar), psicológicas (conductas antisociales de los menores, fracaso escolar), biológicas (trastornos psíquicos). Un porcentaje significativo de los menores implicados en hechos delictivos procede de sectores empobrecidos, porcentaje que se dispara en menores sancionados con medidas privativas de libertad.

4.- Nos acercamos a un centro de menores. ¿Cómo funciona?

El funcionamiento de los centros, en general, responde a modelos en los que predomina el control y la seguridad sobre las relaciones educativas y las necesidades individuales. La rigidez de los protocolos y horarios de los menores en el centro, las entradas y salidas, el curso de las propias actividades e incluso las relaciones con los profesionales que allí trabajan pueden llegar a dificultar la propia acción educativa y reformadora.

 

5.- ¿Quién tiene la concesión? ¿Cómo se supervisan?

La Administración delega en entidades del tercer sector la gestión de los centros de ejecución de medidas judiciales. En Galicia hay convenios con dos de las fundaciones de ámbito estatal que se fueron especializando en esta materia. En cuanto a la inspección, la competencia es de la Dirección General de Familia e Infancia da Xunta de Galicia, pero las Fiscalías de menores tienen el deber de ejercer funciones de vigilancia, y tanto ellas como los Juzgados de menores pueden inspeccionar las actuaciones en los centros. También o Valedor do Pobo tiene acceso, hace visitas y propone medidas, denunciando situaciones injustas o ilegales.
Hubo quejas, acusaciones de ocultismo, de invisibilización y de aislamiento total del menor. Incluso de malos tratos y de no escuchar. Métodos de tipo militarista y no educativos. También se habló de ahorro con personal poco calificado, trabajo muy estresado, con normas «leoninas» de la empresa.
Las generalizaciones suelen ser injustas, no obstante hay procedimientos estandarizados en el trato con los menores infractores, como registros, cacheos y supervisión que puede atentar a su intimidad o un protocolo de ingreso que permite un aislamiento excesivo. Muchas de las actuaciones «legales», incluso invocando la seguridad de los menores, pueden ser experiencias lesivas para sus derechos, prueba de ello son las denuncias o quejas formales. Todo esto, unido a las rebajas económicas de las distintas administraciones, los horarios, la elaboración burocrática de informes o el estrés derivado del contacto cotidiano con menores, conduce a confirmar que no se dan las circunstancias idóneas para una adecuada e idónea actuación educativa.

 

6.- ¿Se cumple, entonces, la misión de reeducación, reinserción y resocialización?

No es fácil valorar globalmente la acción educativa en los centros de menores, dada su diversidad. Pienso que el efecto perverso del uso y abuso del control y de la seguridad perjudica significativamente el efecto educativo y el ambiente resocializador. Sólo la persona puede llamar a la transformación de otra persona: cuando las relaciones humanas y educativas se diluyen y la legislación domina la vida de cada uno, favorecemos la adaptación y puede que la domesticación, pero en ningún caso la educación. Esto sólo es corregido por la profesionalidad de los educadores y personal técnico que, incluso poco valorados por las instituciones y dirigentes, pueden humanizar ciertos procesos y costumbres; sin ellos la reinserción será imposible.

 

7.- ¿A dónde vuelven? ¿Quién los tutela, acompaña, atiende y ayuda?

Los menores vuelven a su realidad social y familiar; los mismos problemas e iguales dificultades que antes del internamiento, lo que hace que los avances o cambios conseguidos sean insuficientes para regresar a ambientes de delincuencia. Cierto es que se ofertan servicios y ayudas en el plano formativo y psicológico, pero al ser voluntarios dependen del interés de la familia y del menor. Incluso cuando la salida del centro lleva un período de libertad vigilada para facilitar un seguimiento y acompañamiento educativo en la reinserción, la falta de tutela y acompañamiento real es clamorosa.

 

8.- ¿Qué responsabilidad tenemos, como sociedad? ¿Qué experiencias hay? ¿Qué podemos hacer en las comunidades cristianas?

Responsabilidad hay mucha. No hay voluntad política de poner recursos y servicios para fomentar la educación no violenta en los ambientes familiares y sociales. También las personas y comunidades tenemos responsabilidad de educar en valores humanos y en libertad plena a la juventud, y podemos hacerlo incluyendo a estos menores en muchas tareas escolares, laborales, de ocio, etc. El ser una oportunidad para ellos y darles lo más valioso que tenemos: una mirada que no juzga, exenta de perjuicios y descualificaciones. Hay una respuesta institucional de la iglesia, pues se va tutelando el derecho a la asistencia religiosa de los menores internos, como en el sistema penitenciario, con la figura de capellanes, que son referencia de humanidad y de fe para los chicos/as. Se están abriendo caminos en comunidades que abren sus casas a mozos y jóvenes con trayectoria delictiva, experiencias de inserción laboral en empresas sociales que dan nuevas oportunidades o centros escolares que acogen a jóvenes con más problemas.

 

 

 

9.- También tiene que haber experiencias gratificantes de las de un buen proceder. Incluso con éxitos.

Es posible humanizar los recursos: garantizar un espacio de custodia sin necesidad de estructuras deshumanizadoras, o recibir cordialmente a un menor traído esposado por la policía, o hacerle sentirse valioso e importante. El sistema penal de menores presenta respuestas que generan vida, que recuperan personas para una sociedad que no se puede permitir prescindir de nadie, y muchos menores pueden hablar de un cambio de vida. Hay iniciativas educativas positivas previas o posteriores a estancias en centros de internamiento, como las promovidas por la Fundación Amigó («amigonianos»), ahora en la Ciudad de los Muchachos de Arteixo, se está a trabajar con éxito en grupos educativos de convivencia especializados en menores con delitos de violencia filio parental, donde familias heridas por experiencias de agresiones y vejaciones logran resituarse, volver a mirarse a la cara, perdonarse y reconstruir la relación afectiva.

 

10.- Muchísimas gracias, Fredi. Seguiremos contando contigo en muchos campos de tu compromiso humano, profesional y cristiano.

Como ya te dije nunca nada es obra exclusiva de una sola persona. Quiero agradecer justo a José Antonio Morala Salamanca, «amigoniano», que ahora está en Arteixo y que lleva ya mucho tiempo en centros de internamiento, y que inspira buena parte de lo que aquí te fui comentando. Quiero expresarle gratitud. Y que quede como un referente próximo para nosotros, y entre nosotros, porque la problemática es importante. Es un sector de personas muy vulnerables.
Precisamos visibilizarlas y hacernos presentes con respeto y solidaridad afectiva, empática y efectiva. Como se dice en Hebreos 13, 3: «Acordaos de los presos, como si vosotros mismos estuviereis presos juntamente con ellos; y de los maltratados, ya que también vosotros mismos tenéis cuerpo».

Autor

Jesús Bastante

Escritor, periodista y maratoniano. Es subdirector de Religión Digital.

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