Los tenderetes de la Religión

(Faustino Vilabrille).- No queremos políticos ni obispos que sean ladrones y bandidos: Estos días asistimos horrorizados a la corrupción política en la Comunidad de Madrid, aun más de lo que ya lo estábamos por otras muchas en diferentes partes del Estado español, como Baleares, Murcia, Cataluña, Andalucía, hasta llegar a los aledaños mismos de la casa real. Tan solo desde el 2015 al 16 están imputadas 1378 personas (CGPJ). Con razón es la segunda preocupación más importante de los ciudadanos, después del paro (CIS).

Las consecuencias son que la corrupción y el fraude fiscal, nos pasan a los españoles una factura de cerca de 100.000 millones de euros, sin pensar en los 60.000 millones aportados a los bancos y sus banqueros. Después no hay para educación, sanidad, servicios sociales, promoción del empleo, etc., además de elevarse la pobreza hasta el 23 %, con 700.000 hogares (1,3 millones de personas) que no tienen ningún ingreso y 340.000 dependientes que no reciben atención, además de los que aun teniendo trabajo no les da para vivir.

Por otro lado tenemos una Iglesia Oficial (obispos, clero) que pasa de puntillas sobre todo esto, que se dedica a inmatricular (poner a su nombre en el Registro) muchos bienes inmuebles, que fueron adquiridos e incluso construidos por el pueblo. La reforma de la Ley Hipotecaria realizada por el Gobierno de José María Aznar en 1998 permitió a la Iglesia católica inscribir no solo lugares de culto (un tanto comprensible) sino también fincas, solares, viviendas, garajes, etc., que no estaban registradas hasta entonces, un total de 4.500 propiedades, como la mezquita de Córdoba, con la que se hizo por sólo 30 euros.

Registró todas esas propiedades sin ni siquiera estar obligada a hacer público por edicto la inscripción, ni a pagar el Impuesto de Transmisión Patrimonial (Ver el País 11/06/2011; El Confidencial 19/07/2015;El Mundo 22/01/2016; Levante 12/09/2016; eldiario.es 01/03/16).

Este privilegio afortunadamente fue suprimido en 2015: El Congreso ha aprobado el proyecto de Ley Hipotecaria y del Catastro que elimina el privilegio de la Iglesia Católica de inmatricular bienes -inscribirlos a su nombre por primera vez- en el Registro de la Propiedad, pero no con carácter retroactivo.

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